Desde 2007 la relación entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas cambió, cuando Rafael Correa le quitó el control del Ministerio de Defensa a los militares. Con la actual crisis de inseguridad, la relación con Carondelet ha ido estrechándose.
La relación del presidente Daniel Noboa con las fuerzas del orden es distinta a la de sus predecesores, especialmente con las Fuerzas Armadas. Su ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, mantiene un bajo perfil en la gestión pública de la seguridad nacional.
Al inicio de su gestión, el Ejecutivo cambió totalmente al Alto Mando Militar: Jefe del Comando Conjunto y comandantes de las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea.
Para llegar a los nombres seleccionados, Loffredo y el presidente Noboa tuvieron que forzar un remezón en la estructura militar y saltarse el orden de sucesión en las Fuerzas Armadas, para lo que cesaron a nueve oficiales de sus cargos.
Además, el Gobierno ha centrado su discurso en torno a la seguridad y el terrorismo. El estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno dieron un espaldarazo político y legal a los uniformados, tanto a la Policía como a las Fuerzas Armadas.
Las cúpulas de las fuerzas del orden recibieron con agrado esa 'luz verde' y una buena parte de la población también. Lo que incluso ha significado un crecimiento en la popularidad y confianza de las dos entidades y en el Presidente.
Extraoficialmente, se conoce que pidieron al Mandatario que prolongue indefinidamente el estado de excepción, que permite a los militares estar en las calles.
Fuera de las generalidades, las autoridades nada han dicho sobre las directrices de trabajo específico que tienen las Fuerzas Armadas, especialmente frente a 'la guerra contra el crimen'. Todo bajo el argumento de la reserva.
Así, el rol del Ejecutivo en estos meses se ha concentrado en mantener un discurso y acciones de apoyo absoluto y de agradecimiento a los militares.
El quiebre en la década correísta
Desde el retorno a la democracia, en 1978, el Ministerio de Defensa estuvo comandado por militares, en servicio pasivo o activo. Pero en enero de 2007 esto cambió. El presidente Rafael Correa llegó con una clara consigna: "el poder militar debe someterse al poder civil".
Esto se concretó con el nombramiento de la cuencana Guadalupe Larriva como la primera civil a cargo de la cartera de Estado, una educadora y política de izquierda. Lo que no fue bien recibido entre las tropas.
Después de un trágico accidente aéreo que le costó la vida, a Larriva le siguieron otros ocho civiles: otra educadora, un cirujano, un escritor, un sociólogo, una antropóloga, un arquitecto y un economista. Todos, además, con marcadas trayectorias políticas.
Así, en la década correísta hubo una constante tensión del Ejecutivo con las Fuerzas Armadas. El primer año estuvo marcado por la responsabilidad que el Gobierno puso sobre la cúpula por el accidente del helicóptero de la FAE, donde murió Larriva.
Dentro del Ejecutivo de entonces, tanto el Presidente como sus ministros, dejaron en claro que no estaban de acuerdo con el funcionamiento de la estructura militar y sus privilegios y que ejecutarían reformas.
Correa anunció, por ejemplo, cambios en la seguridad social de las Fuerzas Armadas, en las pensiones, en los bonos por desvinculación, disminución de los efectivos, criticó el gasto en la recuperación de la capacidad operativa militar, entre otras. La mayoría de reformas se concretaron.
Hubo distintos intentos de amotinamientos y crisis en materia de seguridad que deterioraron la relación. Ya en 2016 el presidente Correa incluso hizo un llamado a sus simpatizantes y a los organismos internacionales para que estén vigilantes de que se mantenga la democracia.
Esto porque el Gobierno había pedido la sanción de varios oficiales, por una supuesta insubordinación, pero los consejos de disciplina desecharon las peticiones. El entonces Mandatario habló de impunidad y amenazó que "los soldados antipatria" dejarían las Fuerzas Armadas.
La crisis de seguridad
Con la llegada de Lenín Moreno al poder en mayo de 2017, se mantuvieron inicialmente los preceptos correístas y los civiles políticos al mando del Ministerio de Defensa.
Sin embargo, el entonces Mandatario sí cambió el tono de la relación y empezó divulgar su confianza en las Fuerzas Armadas y los cambios de cúpula cesaron, solo hubo dos en cuatro años.
Pero cuando el terrorismo empezó a mostrarse en el país, en marzo de 2018, con los ataques en la frontera norte, el secuestro y asesinato de un equipo periodístico y algunos atentados con explosivos, Moreno volvió la vista a los militares en servicio pasivo. Y ubicó en el puesto a Oswaldo Jarrín, quien ya había liderado la institución en 2005.
Desde entonces, la crisis de inseguridad solo fue empeorando y el Ejecutivo, pese al cambio de gobiernos, ha ido incrementando la influencia y alcance que tienen los militares en la vida del Estado y en la continuidad de los gobernantes.
A partir de 2021, Guillermo Lasso puso en el Ministerio de Defensa solo a uniformados en servicio pasivo e incluso empezó a ubicarlos en otras carteras de seguridad, como Inteligencia (CIES) y Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI).
En esa corta administración hubo dos cambios en las cabezas del Comando Conjunto y otros adicionales en las Fuerzas Terrestre y Naval. Pero, Lasso también se encargó de gestionar acuerdos de cooperación con Estados Unidos, para brindarle mayor capacidad a los militares.
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