El presidente Daniel Noboa tiene la potestad de decretar un nuevo estado de excepción, porque según el Gobierno, el conflicto armado interno se mantiene. Si lo hace, la decisión deberá pasar por la Corte Constitucional.
Este sábado 6 de abril de 2024 a la medianoche se terminan, legalmente, los 30 días adicionales de estado de excepción por conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa.
Es decir, a menos que el Gobierno tome otra medida similar, desde las 00:00 del domingo dejarán de regir las restricciones de movilidad, la prohibición de reunión y la inviolabilidad del domicilio. Y el sistema de semaforización del toque de queda desaparecerá en todos los cantones.
Pero la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, advirtió que el fin de la excepción no implica que se acabe el conflicto armado interno. Por lo que agregó que las posibilidades jurídicas existen y se van a articular.
Los escenarios
El 9 de enero de 2024 fue la primera vez que se decretó la existencia de un conflicto armado en Ecuador desde la Guerra del Cenepa, aunque las circunstancias son muy distintas.
El decreto inicial de Noboa estableció a 22 grupos criminales como terroristas y los calificó como actores estatales no beligerantes. Sin embargo, diversos abogados y organizaciones de derechos humanos han cuestionado esa categorización.
Pero, el estado de excepción por conflicto interno está a tres días de cumplir los 90 días de plazo constitucional permitido. Pero no sorprendería que el Mandatario decrete la misma medida nuevamente. Ya que, aunque la Constitución admite solo una renovación, tampoco prohíbe que se repita.
En poco más de dos años de gobierno, Guillermo Lasso decretó 22 estados de excepción, por distintos motivos. Previamente, Lenín Moreno decretó otros 20 durante su mandato. Generalmente, modificaban la delimitación geográfica de la medida o argumentaban una coyuntura específica.
Además, como dijo la ministra Palencia, las posibilidades existen. El Gobierno podría utilizar un nuevo argumento sobre el mismo problema de seguridad para justificar la necesidad de otro estado de excepción de 60 días. Por ejemplo, el recrudecimiento de la violencia en las últimas dos semanas.
Otra excusa coyuntural puede ser el periodo electoral que atraviesa el Ecuador, con la campaña de la consulta popular y referendo y su votación el 21 de abril.
E, incluso, tanto el presidente Noboa, como su ministra de Gobierno, utilizan la crisis de seguridad como impulso para que la ciudadanía se decante por el "Sí" en la primera pregunta de la papeleta, sobre el rol de los militares.
La ausencia de las Fuerzas Armadas en las calles podría incrementar la percepción de inseguridad en las semanas previas a que los ecuatorianos acudan a las urnas, precisamente para decidir si al Jefe de Estado podrá movilizar a los militares sin la necesidad de un estado de excepción.
La pregunta A abre la posibilidad a que las FF. AA. apoyen a la Policía en el combate a ocho delitos por periodos continuos de hasta 180 días, con una renovación adicional de 30. Esto bajo solicitud del Comandante General de la Policía y un informe del Consejo de Seguridad Pública.
Si el Gobierno decide continuar con los militares en las calles y en las cárceles y apuesta por cambiar la argumentación, las restricciones o la zona geográfica donde aplicar un nuevo estado de excepción, esta medida también deberá obtener el visto bueno de la Corte Constitucional.
Aunque los magistrados se han mostrado favorables con el Ejecutivo en sus dictámenes sobre el conflicto armado interno, sin importar los cuestionamientos que haya levantado la medida o las denuncias sobre presuntos excesos en la ejecución de la lucha contra el terrorismo.
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