Después del asalto policial contra la Embajada de México en Quito, la comunidad internacional condenó la violación del derecho internacional, ordenada por el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, las medidas concretas vinieron de pocos Gobiernos.
En Ecuador están acreditadas 185 sedes diplomáticas, entre embajadas y consulados, de 116 países. Y, después del asalto policial a la Embajada de México en Quito, tres naciones han anunciado el rompimiento de relaciones bilaterales.
Se trata de México, como víctima directa de la violación de la Convención de Viena, y Nicaragua y Venezuela que, por una supuesta solidaridad, replicaron la medida tomada por el presidente Andrés López Obrador (AMLO).
Aunque los mandatarios Daniel Ortega y Nicolás Maduro omitieron el detalle de que sus gobiernos no tienen una relación con Ecuador desde hace años y que, por lo tanto, sus países no tienen embajadas acreditadas en Quito, solamente consulados.
De igual forma, Ecuador tampoco tiene embajadas en sus países, por lo tanto, no hay relación política que romper. En Managua no hay ninguna sede diplomática ecuatoriana y en Caracas solo se mantiene un consulado.
Pero, ¿qué tienen las tres naciones en común? Sus jefes de Estado comparten ciertas similitudes ideológicas y se alinean con los grupos autodenominados de izquierda progresista.
En esa misma línea está el expresidente Rafael Correa, que al igual que AMLO, lanzó su propia ofensiva internacional contra Ecuador, después de la irrupción en la Embajada mexicana y la captura del exvicepresidente Jorge Glas.
Además, Nicaragua y Venezuela, los más rápidos y álgidos al tomar retaliaciones contra Ecuador, comparten una reputación negativa entre la comunidad internacional, que incluye desde bloqueos y sanciones económicas, así como juicios internacionales por violaciones de derechos humanos y políticos en sus propios países.
Mientras tanto, otros líderes de la tendencia regional, como el brasileño Lula Da Silva, el boliviano Luis Arce y el colombiano Gustavo Petro, prefirieron limitarse a replicar el rechazo y la indignación frente a las acciones del gobierno de Noboa. Siendo Da Silva el más moderado.
Aunque todos participaron de la inusual y criticada convocatoria a una cumbre extraordinaria de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que fracasó en su intento de ejercer presión contra Ecuador.
Y la cita virtual se dio debido a que Honduras presidente la Celac y hizo la convocatoria. La presidenta Xiomara Castro también comparte la línea política de Correa, López Obrador y Maduro. Aunque su gobierno se quedó en la mitad y solamente llamó a consultas a su encargado de negocios en Quito, sin terminar la relación bilateral.
En la ofensiva internacional de AMLO contra el presidente Daniel Noboa y el Estado ecuatoriano también consta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y la exigencia de la suspensión de Ecuador como miembro de la ONU.
Las implicaciones de las rupturas diplomáticas
La decisión de López Obrador deja en vilo a los mexicanos en Ecuador: el rompimiento de relaciones fue total, lo que incluyó la retirada incluso de sus consulados en Quito y Guayaquil.
Pero la medida también afecta a los ecuatorianos que necesitan tramitar visas u otros documentos de ese país. Ahora los ciudadanos de ambas naciones deberán recurrir a los consulados en Colombia o Perú.
Ecuador, por su parte, decidió mantener abiertos sus consulados en Monterrey y Ciudad de México. Ya que resulta difícil que se cierren las oficinas que se encargan de auxiliar a los miles de migrantes ecuatorianos que viajan irregularmente hacia Estados Unidos.
El mismo escenario se replicará para los ciudadanos de Nicaragua y Venezuela, aunque sus consulados no se caracterizan precisamente por resolver las necesidades de sus conciudadanos.
En los consulados de Venezuela en Quito y Guayaquil la norma son las largas filas y las quejas por la imposibilidad de hacer trámites.
Sin embargo, la situación de los migrantes venezolanos radicados en Ecuador tiene un impacto político adicional: no participarán en las esperadas elecciones presidenciales de julio. Sin los consulados abiertos no podrán ejercer su derecho al voto.
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