El expresidente Rafael Correa ha utilizado sus contactos e influencia para alimentar la indignación frente al asalto a la Embajada de México en Quito y solicitar sanciones para Ecuador.
Los reclamos y la indignación del expresidente Rafael Correa compiten con los del presidente mexicano Andrés López Obrador, tras el asalto policial a la Embajada mexicana en Quito. El primero pide sanciones para su propio país, Ecuador; mientras el segundo busca respaldos para el suyo.
Aunque la condena a Ecuador entre la comunidad internacional fue contundente, para el exmandatario ecuatoriano no fue suficiente. Por ello aúpa a sus coidearios fuera de Ecuador para que lo apoyen e impulsen la toma de medidas más drásticas.
Uno de los principales amplificadores de ese 'lobby' ha sido el Grupo de Puebla y sus miembros, que suman a líderes de la izquierda autodenominada progresista en Latinoamérica y España.
Todos ellos han sumado esfuerzos digitales y personales en la campaña internacional contra Ecuador y a favor del ex vicepresidente Jorge Glas.
El expresidente Correa, apenas cuatro días después de la incursión, ya daba una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, gracias al apoyo del eurodiputado de Izquierda Unida, Manu Pineda.
Ahí pidió a la Unión Europea y al mundo que presionen a Ecuador para que permita la salida de Jorge Glas. Especialmente, apeló a la Eurocámara para que respalde las iniciativas de Izquierda Unida, que con sus aliados suma apenas 37 curules, de un total 705.
Las ideas de Correa
A la par, el exmandatario arrancó una apretada agenda mediática, en medios nacionales e internacionales, para repetir el discurso de que en Ecuador se vive una barbarie y así justificar las medidas que se inicien contra el país.
Es decir, mientras los gobiernos del mundo y los organismos multilaterales, después de la condena y rechazo a la decisión de Ecuador, llamaban a la calma, al diálogo y a buscar salidas al conflicto diplomático; Correa se dedicó a inflamar la discusión.
El exmandatario llegó incluso a enumerar ideas para los actores internacionales: el retiro de embajadores, aislar a Ecuador, que la Organización de Estados Americanos (OEA) emita una declaración, tomar acciones judiciales en el Tribunal Penal de La Haya, entre otras.
El único en tomar el consejo inmediatamente y romper una relación casi inexistente con Ecuador fue el nicaragüense Daniel Ortega, cuyo gobierno sí está aislado por las graves violaciones de derechos humanos y políticos durante su régimen, que suma ya 17 años.
Mientras tanto, el Gobierno de México, como afectado, sí tomó acciones que han sido publicitadas y magnificadas por Correa en todas sus plataformas: la demanda ante la Corte Penal Internacional y la petición de que se suspenda a Ecuador del Sistema de Naciones Unidas.
La primera debe seguir su curso en La Haya, lo que puede tomar años, y la segunda fue descartada sutil e inmediatamente por la complejidad del caso. La decisión dependería de los 193 estados miembros y en toda la historia de la ONU, pese a las guerras, ataques e invasiones entre naciones, solo ha sucedido una vez.
Mientras tanto, dentro de Ecuador, el 'lobby' correísta se apoya en la Revolución Ciudadana, que pidió ya la dimisión del Presidente, sin que el reclamo haya tenido mayor eco en la opinión pública.
Pero, la mayor apuesta está en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el bloque regional nacido en 2011, bajo impulso de los gobiernos de izquierda, cuando gozaban de mayor popularidad y poder. Y cuyo objetivo fallido siempre fue reemplazar a la OEA, donde tienen participación Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, en cita previa de cancilleres de la Celac, varios países manifestaron su oposición a la convocatoria y su contenido.
Argentina, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron una comunicación aclarando que Xiomara Castro -presidenta de Honduras y presidenta pro tempore de la Celac- no puede tomar decisiones sin consenso de los miembros.
Además, cuestionaron el manejo de la presidencia pro tempore y advirtieron que cualquier decisión que se tome bajo esas condiciones carecerá de legitimidad.
La Celac como punta de lanza
La cúspide del 'lobby' correísta se plasmará en la Cumbre de Presidentes de la Celac, convocada por Honduras para el 16 de abril de 2024 a las 09:00, de manera virtual.
Justamente porque la presidencia pro tempore del bloque regional está en manos de la mandataria hondureña, Xiomara Castro, cuyo gobierno ha contado entre sus filas con su amigo Rafael Correa, como asesor económico.
Ese vínculo ideológico permitió que el lánguido organismo regional, realice la inusual convocatoria, tras el rompimiento de relaciones entre Ecuador y México. Pese a que la cumbre trata temas regionales una vez al año y apenas se ha reunido siete veces desde 2011.
En la cita, Castro propondrá "la firme condena de la Celac" a Ecuador por violentar la Embajada de México y por "el secuestro" del ex vicepresidente Jorge Glas. Pero además, acatando las propuestas de Correa, planteará la creación de un grupo de siete estados que se encargue de tres tareas:
- Requerir al Gobierno del Ecuador la rectificación por los hechos ocurridos.
- Reconducir el procedimiento adecuado de las normas de asilo solicitado por el ex vicepresidente Jorge Glas.
- Promover el diálogo para normalizar las relaciones con México.
En caso de no conseguir estos objetivos, la mandataria hondureña propone "tomar posiciones políticas", ya sean en conjunto, bilaterales o en organismos multilaterales, para obligar a Ecuador a su cumplimiento.
Sin embargo, no será fácil. No todos los gobiernos de la región han mantenido una participación activa en Celac. La última cumbre de presidentes fue apenas el 1 de marzo de 2024 y no contó con los mandatarios de Ecuador, Argentina, Paraguay y Uruguay.
Además, pese a la grave violación de la Convención de Viena por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa, los países de la región ya manifestaron sus posiciones individualmente y las ratificaron en la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la sesión extraordinaria en Washington, con 29 votos a favor, la OEA emitió una resolución, condenando lo sucedido, pero también pidió que no se mal utilicen las embajadas y que se respeten las leyes de los países receptores. Y, al final del día, apenas tres países mencionaron a Jorge Glas.
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