La Procuraduría quiere presentar como inadecuada una negociación fracasada. Al Estado le tomó 30 meses solo sentarse a conversar con Odebrecht. Ahora la posibilidad de exigir un pago por el daño causado se aleja cada vez más. Ecuador es uno de los pocos países que todavía no ha cobrado una indemnización.
Ninguna de las autoridades ecuatorianas de la mesa de negociación sabe cuánto le debe Odebrecht al país por su participación en los casos de corrupción, que sus propios directivos ayudaron a delatar.
Han pasado más de tres años desde que la misma constructora brasileña empezó a tocar puertas en Ecuador, siendo la primera la de la Procuraduría General del Estado -en enero de 2017- para llegar a un acuerdo de reparación integral.
Desde entonces, el Gobierno y las autoridades de control (Fiscalía, la Contraloría y la Secretaría Anticorrupción) se tomaron su tiempo: llegaron a la mesa de negociaciones 30 meses después.
Representantes del Estado y voceros de Odebrecht buscan mecanismos de reparación para Ecuador, en julio de 2019. cortesía Procuraduría
La única que consiguió algo fue la Fiscalía, que firmó un acuerdo penal de cooperación eficaz con Odebrecht. Pero de la reparación integral para Ecuador nada aún.
Precisamente ahora, ocho meses después de la cita con la empresa, el procurador Íñigo Salvador dice que “la determinación del monto del daño fue una tarea que resultó bastante más complicada” que lo que habían pensado.
La frase no es nueva y tampoco sorprende. Las autoridades vinculadas a las negociaciones se encargaron, desde hace meses, de repetir constantemente la complejidad de calcular el daño inmaterial causado por la constructora brasileña.
Pero tampoco han sido capaces de calcular a cuánto ascendió el daño material, en sobreprecios, sobornos y otros delitos. Aunque sí encontraron el argumento que ahora sirve de escudo: el incendio de las instalaciones de la Contraloría General del Estado durante el paro nacional de octubre.
La fiscal Diana Salazar, el contralor Pablo Celi durante el acto de izada de la bandera en el edificio incendiado de la Contraloría, el 6 de noviembre. API
El abogado del Estado cambia de rumbo
La novedad en las declaraciones del procurador Salvador, que lleva en el cargo la mitad del tiempo que Odebrecht está buscando acercamientos con el gobierno, radica en que ahora diga que “no fue lo adecuado iniciar una conversación con la compañía Odebrecht”.
La misma Secretaría Anticorrupción fue creada por el presidente Lenín Moreno con ese propósito. Y solo una vez que el organismo cobró vida se organizó la mesa de negociación y el Estado convocó a la firma brasileña para iniciar el proceso de reparación integral.
Apenas meses atrás, una de las intenciones de la Procuraduría era garantizar el proceso de reparación y el cobro.
Alcanzar algún tipo de indemnización por parte de Odebrecht, ya que si la constructora se va definitivamente del país, las posibilidades de conseguir una reparación prácticamente se esfuman.
Sin embargo, los problemas iniciales de la negociación siguen ahí: la inestabilidad política y la ausencia de un marco jurídico para llevar adelante un acuerdo de reparación de este tipo.
Y parecería que, además de no tener competencias legales para negociar, Salvador se está quedando solo. La Secretaría Anticorrupción cambió de titular tres veces. La Fiscalía está concentrada en los juicios coyunturales. Y la Contraloría sigue recuperándose del incendio.
Así también, las visitas de los representantes de Odebrecht al país en busca de avances no han tenido éxito. La última vez esperaron concretar una cita en diciembre, pero con sus declaraciones el Procurador parece haber cerrado esa puerta.
Con los corruptos, por más que se hayan lavado la cara y hayan cambiado de estructura corporativa… resulta muy difícil ponerse a negociar de buena fe.
Íñigo Salvador, procurador General del Estado
Odebrecht ya no tiene qué perder en Ecuador, más allá de sus esperanzas de alguna vez volver a licitar. Actualmente, es el Estado el que le adeuda USD 100 millones, que la empresa quiere usar para pagar unas facturas pendientes y al Servicio de Rentas Internas (SRI).
La gigante brasileña puede dejar los procesos legales en manos de abogados, cerrar sus puertas en el país y esperar que, en algún momento, Ecuador intente exigir una indemnización ante un tribunal internacional.
Mientras tanto, en la región, países como el mismo Brasil, Colombia, Perú , Guatemala, República Dominicana y Panamá ya cobraron millonarias indemnizaciones.
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