Si gana el referendo, el Consejo de Participación se queda sin 'plato fuerte'

El Gobierno sabe que su propuesta de referendo constitucional puede desincentivar a los candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). La lista definitiva de postulantes se conocerá este lunes 3 de octubre.

La pregunta seis, planteada por el presidente Guillermo Lasso, pretende revocarle al Consejo su facultad de designar autoridades de control. Por lo tanto, la entidad se quedaría entonces solo con las competencias de participación ciudadana.

Los candidatos inscritos, que terciarán el próximo 5 de febrero, tendrán que hacer campaña con su plan de trabajo original para al Cpccs.

Aunque el referendo se lleve a cabo, antes o a la par que las seccionales, no hay forma de saber sus resultados antes de que inicie la contienda electoral.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, explicó que "no podemos planificar, ni hacer campaña, ni sacar ningún producto, con las expectativas de lo que podrá pasar, es posible que en la consulta gane el Sí o el No".

Algo similar sostienen desde el Ministerio de Gobierno, que está a cargo de la propuesta de referendo. Señala que no hay forma de anticiparse a los resultados y quienes resulten electos para el próximo Cpccs deberán lidiar con el proceso de transición, de ser el caso.

Las funciones que quedarían

De la docena de atribuciones, establecida en el artículo 208 de la Constitución, el Cpccs se quedaría con ocho:

• Promover la participación ciudadana.
• Establecer mecanismos de rendición de cuentas en el sector público y coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social.
• Instar a las entidades de la Función de Transparencia para que actúen sobre los asuntos que ameriten su intervención.
• Investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o que generen corrupción.
• Emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular recomendaciones e impulsar acciones legales.
• Actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencia de las investigaciones.
• Coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción.
• Solicitar a cualquier entidad o funcionario público la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos.

Esto se traduce principalmente en las veedurías y observatorios ciudadanos, defensorías comunitarias y comités de usuarios de servicios públicos. Solo en 2021, el Consejo conformó 175 mecanismos de control social: 150 veedurías, 23 observatorios y dos comités.

Según el informe de rendición de cuentas de la entidad, dichas veedurías vigilaron procesos de contratación pública por un monto de USD 370.449.147.

Además, deben vigilar el desarrollo o cumplimiento de los consejos ciudadanos sectoriales, consejos consultivos, audiencias públicas, presupuestos participativos, asambleas ciudadanas, sillas vacías y cabildos populares.

A esto se sumaría la designación de miembros de instituciones como los consejos nacionales de igualdad, Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras y Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria; así como la certificación de héroes y heroínas.