Descentralización, paso a paso

La semana pasada comentamos que un elefante no es un ratón grande. El Estado ecuatoriano en su dimensión actual es tan frágil como un gran elefante, en un mundo cada vez más apto para los ágiles y flexibles ratones. A diferencia de los estados unitarios como el ecuatoriano, los órdenes descentralizados generan sociedades libres y prósperas que perduran a través del tiempo. La cuestión a abordar es cómo llegar de aquí a ese futuro descentralizado.

Muchos apostarían que es necesario cambiar la constitución para realizar cambios duraderos en la cultura, la economía y la política del país. No obstante, la reforma estructural más importante, duradera y conveniente del Ecuador se realizó sin ser legal ni constitucional: la dolarización.

Ecuador dolarizó en 2000 sin base constitucional y 26 años después ninguna de las dos constituciones vigentes durante ese periodo (la de 1998 y la de 2008) ha reconocido al dólar como moneda oficial. La de 1998, de hecho, establecía el monopolio del Banco Central del Ecuador como emisor de la moneda. La Constitución de 2008 incluso deja abierta la puerta legal para desdolarizar por mayoría en la Asamblea, pero ningún presidente lo ha hecho, ni siquiera Rafael Correa, porque la estabilidad que trajo la dolarización se volvió un consenso social tan fuerte que es políticamente rentable defenderla y arriesgado atacarla.

Algo similar se debería intentar en la ruta hacia un orden descentralizado. Primero, aclaremos el objetivo final: ir hacia un orden descentralizado de cantones o regiones con autonomía plena, mas no la caricatura de descentralización contemplada en nuestro orden actual. De lo que se trata es que los gobiernos locales tengan ingresos propios, esto es, capacidad de recaudación y de regular, para financiar todas aquellas competencias que se pueden desempeñar a nivel local. Conforme nos dirijamos hacia ese norte, habrá cada vez mayor relación entre lo que los ciudadanos pagan en impuestos y lo que reciben en la forma de calidad de servicios públicos y regulaciones.

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Por supuesto que no todo se debe descentralizar, pero ciertamente estamos en un punto de partida donde la cúspide de la pirámide—el gobierno nacional— concentra el grueso de los recursos a través de la Cuenta Única del Tesoro y distribuye como si fueran dádivas una porción de lo recaudado a los gobiernos locales. Las competencias que podrían permanecer en el gobierno central serían la de defensa externa, relaciones internacionales (incluyendo la política comercial), la Corte Suprema de Justicia y, probablemente un fondo solidario para atender desastres naturales y otras emergencias.

Segundo, no es necesario ni recomendable esperar a estar de acuerdo todos en todo ni lanzarnos a una nueva aventura constituyente. Guayaquil o algún otro cantón importante podría liderar una ola de descentralización demandando competencias que no sean exclusivas del gobierno central como, por ejemplo, la regulación laboral. Adicionalmente, debemos pedir la competencia de los puertos, aeropuertos y vías de acceso. Un ejemplo de esto último es la importante labor que ha desempeñado la Autoridad portuaria conjunta de los Estados de Nueva York y Nueva Jersey. ¿Se imaginan a la alcaldía de Nueva York esperando 25 años para que en Washington le contesten si puede desarrollar una nueva ruta de acceso a la ciudad? Difícil, pero aquí sí llevamos eso esperando el quinto puente…

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Tampoco hay razones por las que no convendría municipalizar la educación, la salud, la seguridad social y la energía, todo lo cual haría del país un laboratorio de experimentos a pequeña escala para resolver problemas acuciantes que no estamos abordando ante la falta de un consenso nacional. Se fortalecería la democracia al darle a los ciudadanos un abanico de opciones entre las cuales elegir libremente, votando con los pies, pero sin tener que emigrar. Podrían coexistir cantones o regiones socialistas y liberales. Ambos aprenderían de los errores y aciertos de cada uno. La corrupción y la ineficiencia no desaparecerán, pero se limitará su escala.

La ruta hacia un orden descentralizado puede empezar por un asunto a la vez, pudiendo ser necesaria o no una consulta popular local y pudiendo cuestionarse la constitucionalidad de determinados cambios. La Corte Constitucional deberá responder en esos casos y decidir si permite que se cree una ventana a través de la cual distintas regiones del país podrían introducir, paso a paso, la libertad para buscar sus propias soluciones.

El francés Alexis de Tocqueville, en su célebre 'Democracia en América', enfatizaba que “De todas las libertades, la libertad municipal, que es tan difícil de establecer, es también la más expuesta a la usurpación del poder”, pues consideraba que era el autogobierno local, no la constitución nacional, el fundamento de la libertad de la que gozaban los estadounidenses en esa entonces joven república.