Lo que Ecuador debe pedirle a Abelardo de la Espriella

La política antidrogas de Colombia nunca ha sido un asunto exclusivamente colombiano. Para el Ecuador, es un tema de seguridad nacional. Cada cambio de estrategia al norte de la frontera repercute directamente sobre nuestras provincias costeras, nuestros puertos, nuestras cárceles y nuestras ciudades.

Abelardo de la Espriella ha ganado la presidencia con la promesa de recuperar el control del Estado sobre el narcotráfico, por lo que el Ecuador no debe limitarse a celebrar el cambio de discurso. Debe sentarse a negociar una agenda concreta de cooperación.

Todos sabemos que el problema ecuatoriano no es que aquí se produzca cocaína, sino que por aquí pasa algo así como el 70% de su producción.

Durante el Gobierno de Petro, Colombia abandonó una política antidrogas y anticrimen y la sustituyó por la tolerancia a los cultivadores de coca y la absurda política de la Paz Total que buscaba negociar con todos los grupos armados al mismo tiempo, para lo que nombraba “gestores de paz” a sus líderes (dándoles inmunidad), declaraba ceses al fuego y limitaba la acción de las fuerzas armadas.

¿Consecuencia? El crecimiento inusitado de

• el área de cultivo de coca (de 230 mil hectáreas a 350 mil ha), de las cuales la mitad está en 13 municipios, la mayoría cerca de la frontera con el Ecuador con enclaves productivos consolidados.
• la producción de cocaína (de 1.950 a 3.500 TM) y
• los grupos armados irregulares. En 2022 estos tenían 12.800 integrantes; hoy superan los 27.000. Utilizaron los ceses al fuego y la política contemplativa de Petro para fortalecerse y diversificar sus rentas. Ya no viven solo del narcotráfico: combinan extorsión, minería ilegal, control de economías lícitas y gobernanza criminal sobre comunidades enteras.

Y, por lógica, todo esto influyó en las dinámicas del crimen organizado en el Ecuador, que pagó la factura con los años más violentos de su historia.

Convengamos en que De la Espriella no podrá obtener una victoria contra el narcotráfico: el mercado es demasiado rentable y resistente. Pero puede dejar una Colombia con menos violencia, instituciones más capaces y una política coherente. Eso sería un gran avance.

Y eso es lo que debe pedir el Ecuador: coherencia de la política, no necesariamente volviendo a la guerra contra las drogas, que durante 50 años no detuvo el cultivo y la producción. La erradicación forzada tiene efectividad limitada por el efecto globo y las altas tasas de resiembra. Más efectiva es la interdicción en etapas avanzadas de la cadena —laboratorios, cargamentos grandes— y atacar a las finanzas criminales y el lavado de activos.

La hoja de coca representa apenas una fracción mínima del precio final de un kilogramo de cocaína vendido en EE. UU. o Europa. Las grandes ganancias se concentran en las redes internacionales de procesamiento, transporte, lavado de activos y distribución.

Ello requiere una coordinación operativa permanente entre las fuerzas de seguridad de Colombia y Ecuador. Durante años, las organizaciones criminales han aprovechado las diferencias institucionales entre ambos países para mover cargamentos de un lado a otro de la frontera con enorme facilidad.

El objetivo debería ser cortar las rutas, vigilar la frontera con puestos permanentes (no los famosos y predecibles patrullajes aleatorios) y operaciones espejo de los dos países, sin que ambos dejen de insistir en la corresponsabilidad de EE. UU. y Europa, que como países consumidores, deben asumir parte importante de los costos.

El Gobierno ecuatoriano también debería pedir la reconstrucción de un sistema binacional de inteligencia sobre narcotráfico. Requerimos conocimientos y estadísticas basados en evidencia científica y no en consignas ideológicas.

Ningún gobierno puede diseñar estrategias eficaces si anda a ciegas y no puede evaluar resultados. Lo que no se mide no puede corregirse.

No me refiero solo a conocer cuántas hectáreas están sembradas de coca; es indispensable medir productividad, pureza, rutas, laboratorios, capacidad exportadora y evolución de las organizaciones criminales.

Solo así puede anticiparse el desplazamiento de las rutas hacia Ecuador.

Pero esas métricas deberían incluir pobreza, violencia y deforestación. Porque las poblaciones de la frontera carecen de alternativas y se debe fomentar intensos programas binacionales de salud, educación y asistencia técnica.

El nuevo Gobierno de Colombia tiene una importancia particular para el Ecuador: si cada incremento en la producción colombiana de cocaína se tradujo en mayor presión sobre los puertos ecuatorianos, más violencia entre bandas locales y un incremento del poder económico de organizaciones criminales que disputan el control territorial, la disminución de la producción y la interdicción eficaz tendrán efectos beneficiosos en nuestro país.

Ecuador debería pedir también que la política antidrogas colombiana trascienda el ciclo electoral. El narcotráfico es un fenómeno que evoluciona durante décadas, mientras los gobiernos duran apenas cuatro años. La cooperación bilateral necesita objetivos compartidos que sobrevivan a los cambios políticos.

La lucha contra el narcotráfico no puede depender de la ideología del gobernante de turno. Mientras los Estados trabajan separados, las mafias trabajan integradas.

Hay muchos otros temas que conversar con De la Espriella, pero el principal objetivo de los dos países debe ser que Colombia produzca menos cocaína, que sus organizaciones criminales tengan menos capacidad operativa y que, en consecuencia, circule menos droga por territorio ecuatoriano.