El indiscreto encanto de la política
La responsabilidad política no necesita sentencia
Catedrático universitario, comunicador y analista político. Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Salamanca.
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Para que exista responsabilidad política no hace falta una sentencia penal. Son cosas distintas.
Un juicio político no es un juicio penal administrado por políticos. Para determinar si alguien cometió un delito existen fiscales y jueces; el control político, en cambio, examina si una autoridad cumplió las funciones que la Constitución y las leyes pusieron bajo su responsabilidad.
Un ministro puede responder políticamente sin haber cometido un delito: por ignorar alertas, incumplir deberes de supervisión o dejar de actuar cuando debía hacerlo.
El informe de la Asamblea sobre los contratos de Progen y Austral expone claramente esta confusión. El domingo, el Pleno del Legislativo aprobó, con 80 votos a favor, un documento que reconoce indicios de irregularidades y un perjuicio de USD 150 millones, pero concluye que no existen actos u omisiones políticamente imputables a los ministros.
La conclusión resulta paradójica: hubo daño, pero no responsables políticos.
Eso no significa que un perjuicio económico convierta automáticamente a un ministro en responsable. Tampoco que deba responder políticamente por cada error cometido dentro de una institución bajo su responsabilidad. Pero un caso de la magnitud de Progen obliga a formular algunas preguntas: ¿qué debían supervisar?, ¿qué alertas debían atender?, ¿qué debían hacer frente a ellas?
La discusión política no puede reducirse a determinar quién firmó o quién podría terminar procesado penalmente.
Si para censurar a un ministro en el Legislativo primero hiciera falta una sentencia, el juicio político perdería su razón de ser. Precisamente por eso existe el control político: para examinar responsabilidades sin convertir a la Asamblea en un tribunal penal.
Ocupar un cargo público implica responder no solo por aquello que se hace, sino también por aquello que se debía hacer y no se hizo.
La justicia determina culpables; la política, responsables.