Contratos a la carta: Así Celec modificó las reglas para pagar USD 104 millones a Progen sin generar un megavatio
Según documentos del caso Apagón recopilados por la Fiscalía, Celec habría flexibilizado las condiciones de los contratos de emergencia por USD 149,1 millones, lo que resultó en desembolsos millonarios a Progen. Mediante un contrato complementario extemporáneo y prórrogas, la firma cobró USD 104,4 millones sin generar un megavatio.
Obras en proyecto de la central de Quevedo, de Progen, el 2 de diciembre de 2024.
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En el caso Apagón, la Fiscalía sigue revelando detalles de cómo la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y el Ministerio de Energía habrían operado para desembolsar fondos a la firma estadounidense Progen de forma irregular.
La trama involucró dos contratos de emergencia por USD 149,1 millones para instalar 150 megavatios de potencia en las centrales Salitral (100 megavatios) y Quevedo (50 megavatios).
Según el Ministerio Público, mediante un contrato complementario y cambios de reglas que flexibilizaron los hitos de pago originales, se transfirieron USD 104,4 millones a la contratista de forma injustificada.
Los desembolsos se pagaron pese a que la proveedora entregó motores usados y fabricados en 2009. Al día de hoy, los equipos no han generado un solo megavatio de energía y el país todavía intenta cubrir el déficit de generación eléctrica a puertas de un nuevo estiaje.
Los contratos y el primer 'retraso'
El 2 de agosto de 2024, Celec y Progen firmaron dos contratos por USD 149,1 millones: Salitral, por USD 99,4 millones y 120 días de plazo, y Quevedo, por USD 49,7 millones y 95 días.
En lugar del anticipo de ley al que Progen renunció, las partes acordaron pagar el 70% del monto total del contrato en el extranjero contra la presentación del listado de empaque, omitiendo requerir garantías
de buen uso de fondos públicos. Ese mecanismo quedó establecido en el Hito 1 de los contratos.
Eso significa que, en lugar de que ese pago estuviera condicionado a que los equipos llegaran, fueran instalados y demostraran que funcionaban, solo se exigió un documento que señala qué equipos se están enviando; la cantidad de unidades; la descripción de cada equipo, peso, número de serie.
Los plazos de 120 y 95 días, respectivamente, de cada contrato debían contarse desde la fecha de la firma del contrato. Sin embargo, un retraso administrativo, que hoy la Fiscalía investiga, alteró los contratos por primera vez, en un evidente beneficio para Progen.
Cristian Dahik, hoy uno de los vinculados al caso Apagón, entonces subgerente de Termopichincha, habría retrasado la protocolización de ambos contratos por 33 días en la Notaría 47 de Quito.
Con base en esta demora, se postergó el inicio del plazo de Quevedo al 3 de septiembre de 2024, otorgándole a la contratista un beneficio de 32 días de gracia en el cronograma.
La adenda y la flexibilidad
Tras esta demora, el plazo original del contrato de Quevedo venció el 10 de diciembre de 2024.
Sin embargo, pese a que el vínculo principal ya estaba extinto, el 11 de enero de 2025 Gonzalo Guerrón y Marcos Guerrero suscribieron el contrato complementario TPI-CON-0001-25. Este instrumento, que contó con el informe favorable de Daniela Gordillo, fraccionó el pago del 70% en cinco cuotas semanales de USD 6,9 millones. Todos están siendo procesados por peculado.
Además, el contrato complementario de Quevedo concedió 62 días adicionales de plazo, impidiendo la aplicación de multas por mora.
Y las nuevas reglas se cumplieron. De forma sucesiva, entre enero y marzo de 2025, se procesaron las cinco órdenes de pago numeradas de la 340943 a la 344891 a favor de la cuenta de Progen en el Regions Bank de Alabama, acumulando una transferencia neta por un valor de USD 34,79 millones.
En Salitral, en cambio, el exadministrador Marlon Casilla negó una prórroga de 55 días por falta de justificativos. Sin embargo, tras la salida de Casilla, el nuevo administrador Rommel Calderón solicitó un nuevo criterio a Daniela Gordillo. Con este informe favorable, el gerente Gonzalo Guerrón aprobó dos prórrogas por 57 días (Resoluciones TPI-RES-0014-25 y TPI-RES-0020-25).
Estas ampliaciones de plazo en Salitral viabilizaron que la contratista Progen cobrara el Hito 1 por USD 69,9 millones o 70% del contrato, dinero transferido el 1 de octubre de 2024.
Al vencerse el cronograma de ese contrato, el 27 de febrero de 2025, se certificó que los 29 grupos electrógenos jamás llegaron a la central, quedando el proyecto con un 0% de puesta en marcha. Y sin que retorne el dinero.
¿Un modus operandi?
La investigación judicial del caso Apagón evidencia, además, que la trama de Progen era similar al patrón operativo empleado con el caso ATM.
En este proceso, Ecuador firmó con la firma uruguaya Austral Technical Management para la central Esmeraldas III.
Ambos proveedores desistieron de recibir el anticipo legal. Según la Fiscalía, esto podría haber buscado evadir la entrega de garantías bancarias de fiel cumplimiento y de buen uso de recursos públicos
En ambos casos, además, las adendas permitieron a las empresas cobrar millones de dólares en el extranjero mediante simples embarques, sin que los desembolsos dependieran de la instalación física o de la generación eléctrica.
Mientras Austral cobró USD 71,4 millones con motores viejos e incompatibles con el sistema nacional, Progen recibió USD 104,4 millones sin generar un megavatio.
Los peritajes técnicos demuestran que las dos firmas entregaron motogeneradores usados del año 2009 en lugar de equipos nuevos de última tecnología. Varias de estas unidades presentaban placas limadas y números de serie alterados.
El país pagó USD 175,8 millones en total a ambas firmas, pero continúa apagado y sufriendo cortes de energía por la falta de generación. Pero en el caso de ATM, el holding estatal Celec ni siquiera había terminado unilateralmente el contrato hasta el 29 de julio de 2026.
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