¿Qué hay detrás del crimen de Gabriela Triviño, abogada del SNAI? | Un nuevo golpe al control penitenciario
Una funcionaria de 36 años resultó asesinada en los exteriores del complejo carcelario de Guayaquil tras solo tres meses de labores en el SNAI. La abogada había reportado inconvenientes con Talento Humano. Se encargaba de emitir boletas de salida e informes de traslados de privados de libertad.
Criminalística levanta indicios en el kilómetro 16,5 de la vía a Daule, frente al complejo carcelario del norte de Guayaquil, el 4 de mayo de 2026, tras el crimen de Gabriela Triviño, funcionaria del SNAI, a la altura de la cárcel de mujeres.
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Redacción primicias
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El cuerpo de la víctima terminó extendido boca arriba en el pavimento, con los ojos abiertos fijos en el cielo. El cabello castaño y la blusa de estampado leopardo contrastaban con un charco de sangre en su cabeza. Esa fue la escena que presenciaron decenas de transeúntes y el propio esposo de Gabriela Triviño, asesinada a disparos a las afueras del complejo carcelario del norte de Guayaquil.
El sistema penitenciario registró un nuevo episodio de violencia letal con el crimen de la abogada manabita, asesora jurídica del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI). Ecuador reporta al menos 19 crímenes de funcionarios penitenciarios desde 2025.
La funcionaria, de 36 años, resultó atacada a tiros la tarde del lunes 4 de mayo de 2026 en los exteriores de la cárcel femenina y a pocos metros de ingreso de la Penitenciaría del Litoral, centros carcelarios ubicados sobre el kilómetro 16,5 de la vía a Daule en Guayaquil.
El hecho violento se registró cerca de las 17:15. Gabriela Fernanda Triviño Estrada, analista jurídica de la cárcel de mujeres -Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas N.° 2-, fue interceptada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta negra sin placas y quienes abrieron fuego contra ella.
Según la versión proporcionada a la Policía por su esposo, él se encontraba esperando en su auto, en el exterior de la cárcel de mujeres, a donde había llegado para recoger a su pareja tras la jornada laboral.
Pero al momento en el que la víctima intentaba subir al vehículo, los abordaron los atacantes que dispararon múltiples veces contra la funcionaria, para luego huir a toda velocidad por la vía Daule. Criminalística levantó vainas percutidas de proyectiles calibre 9 milímetros corto (diseñado para pistolas semiautomáticas) y un teléfono celular, indicios que serán analizados en la investigación del caso.
Funciones clave y una alerta previa de la víctima
El crimen subraya la extrema vulnerabilidad de los funcionarios que administran el sistema penitenciario en Ecuador y el sensible control del flujo de reclusos, pues la víctima se encargaba de emitir boletas de salida y de elaborar informes de traslados de mujeres privadas de libertad.
Entre las responsabilidades de la funcionaria se encontraba la revisión técnica de solicitudes de beneficios penitenciarios, incluyendo procesos de prelibertad, salida anticipada de prisión, rebajas de penas y traslados. Los beneficios son tratados finalmente por Jueces de Garantías Penitenciarias.
- El crimen se produce casi un mes después del traslado de mujeres privadas de libertad a una nueva cárcel en el complejo carcelario de Guayaquil -un traslado que se produjo el 8 de abril de 2026-, como parte de una reconfiguración del sistema penitenciario.
- La cárcel conocida como La Roca -oficialmente rebautizada Centro de Rehabilitación Social Femenino Guayas N.° 3- se destinó como nuevo centro exclusivo para mujeres de "alta peligrosidad", recibiendo inicialmente a 61 prisioneras desde nueve centros penitenciarios del país.
*Revise en el siguiente gráfico la reconfiguración del complejo carcelario del norte de Guayaquil, que cuenta por primera vez con dos cárceles femeninas:
La investigación policial apunta al nexo laboral como el principal hipótesis del crimen. Triviño llevaba apenas tres meses laborando en el SNAI -consta en el distributivo de personal de la entidad desde febrero de 2026-.
La víctima habría manifestado riesgos asociado a sus funciones. La policía indaga una pista proporcionada por los familiares de la víctima, pues la funcionaria les comentó que existían inconvenientes recientes con una funcionaria de Talento Humano del SNAI.
Un patrón de violencia contra funcionarios penitenciarios
En lo que va de 2026 se reportan al menos dos crímenes de funcionarios penitenciarios en Ecuador. El asesinato de Gabriela Triviño se suma al de Cristian Fabián Vaca Toaqui, un guía penitenciario de 31 años, atacado a disparos el 21 de abril de 2026 frente a la cárcel de Bahía de Caráquez, en Manabí.
Estos ataques se insertan en una escalada de violencia contra el personal carcelario. Desde 2025, Ecuador reporta crímenes de por lo menos 19 funcionarios penitenciarios, la mayoría de ellos atacados en las provincias de Guayas y Manabí.
El SNAI reconoció en un reciente informe de rendición de cuentas que sus funcionarios enfrentan "un escenario operativo complejo y de alto riesgo", expuestos a una amplia diversidad de eventos adversos que impactan en su seguridad e integridad física ("amenazas de muerte y secuestros dirigidos incluso a autoridades", así como agresiones físicas, verbales y psicológicas). La entidad entregó el año pasado 4.012 chalecos de protección balística para mitigar los riesgos en las funciones laborales.
Solo durante 2025, el SNAI registró la muerte violenta de 18 funcionarios:
- 17 funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria resultaron asesinados en 2025. De estos, 15 casos fueron catalogados como sicariato, uno murió asesinado en un motín carcelario y se registró otro crimen en un caso no categorizado, de acuerdo a datos del SNAI.
- Un servidor adicional falleció el año pasado en un atentado terrorista por la explosión de un coche bomba, la madrugada del jueves 13 de marzo de 2025, a las afueras de la Penitenciaría del Litoral.
Una funcionaria con amplia trayectoria en el sector público
Originaria de Manabí, Gabriela Triviño contaba con una amplia trayectoria de servicio en el sector público, según los registros públicos de la Contraloría General del Estado.
Antes de ingresar al SNAI había trabajado en 2015 como ayudante judicial en el Consejo Nacional de la Judicatura, y posteriormente, entre 2018 y 2025, acumuló experiencia como analista de asesoría jurídica en la Secretaría de Gestión de Riesgos.
La única actuación legal que consta en su contra en el sistema judicial es un incidente de rebaja de pensión -una demanda y contrademanda con su expareja, tramitadas en Portoviejo entre 2015 y 2017-, que culminó con la fijación de una pensión de USD 81 para una niña que tenía entonces solo 6 años.
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