Las cárceles de Ecuador operan con un déficit de 2.915 guías penitenciarios

El sistema carcelario de Ecuador opera con un déficit crítico de 2.915 guías penitenciarios, una escasez de personal que eleva la carga operativa a 40,23 Personas Privadas de la Libertad (PPL) por cada agente en funciones. Esta falta de personal compromete de manera directa la seguridad en los centros de reclusión, el control institucional y la ejecución eficaz de los programas de rehabilitación, según reconoce el propio Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).

Según el informe anual de Rendición de Cuentas 2025 de la entidad, de marzo de 2026, se requiere un mínimo de 5.539 servidores penitenciarios para garantizar una operación óptima en los Centros de Privación de Libertad. Sin embargo, la Dirección del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) cerró el año con solo 2.624 guías disponibles a escala nacional.

A finales de 2025, la plantilla de 2.624 agentes custodiaba a 35.209 reclusos, resultando en un promedio teórico de 13,24 PPL por guía. No obstante, al considerar que el personal se distribuyen en tres grupos de guardia (diurno, nocturno y franco), el promedio real asciende a 40,23 reos por cada servidor.

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Este número supera con creces la tasa ideal que la institución se había propuesto para 2025 -en base a recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, era de 10 presos por cada agente. El problema se agrava porque hasta marzo de 2026 la población penitenciaria aumentó a 37.956 PPL.

En medio de una crisis carcelaria, que dejó al menos 206 presos asesinados por violencia intracarcelaria y una tasa de hacinamiento del 34,42% en 2025, el presidente Daniel Noboa aprobó en el Decreto Ejecutivo 336, del 23 de abril de 2026, un nuevo reglamento para el Sistema de Rehabilitación Social.

Entre los múltiples cambios introducidos, se busca que los guías -parte del personal general del SNAI-, pasen a formar parte de cuerpo autónomo con un jefatura propia y un sistema de inteligencia carcelaria.

Freno presupuestario a nuevas contrataciones

La crisis de personal se ha visto exacerbada por una alta rotación de personal y, principalmente, por obstáculos presupuestarios para nuevas incorporaciones. En 2025 la entidad canceló 139 liquidaciones de haberes para servidores cesantes.

Pese a que uno de los objetivos para el año pasado era alcanzar los 4.000 efectivos del CSVP, el proceso de incorporación de nuevos aspirantes se detuvo. En el segundo semestre de 2025, las propuestas para la capacitación inicial de aproximadamente 300 nuevos ingresos en la Escuela de Formación de Policías en Manabí terminaron paralizadas, según el informe del SNAI.

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Un delegado del Ministerio del Interior no consideró procedente iniciar el proceso en el cuarto trimestre del año debido a "constricciones presupuestarias y de tiempo", según la explicación de la entidad. La falta de incorporación de nuevos servidores se mantiene desde 2023.

• Con el objeto de cubrir las necesidades de recursos humanos, la institución realizó las gestiones  ante el Ministerio del Trabajo para sobrepasar el 20% de contratos ocasionales.
• El SNAI contó un presupuesto de USD 181,7 millones en 2025 y devengó USD 59,1 millones por gasto corriente para remuneraciones y beneficios de ley para 3.923 funcionarios de la entidad
• Asimismo, la entidad informó del pago de bandas salariales a los Agentes de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, por un valor de USD 307.253. 

Reforma para que exmilitares y expolicías presten servicio

El ministro del Interior, John Reimberg, ha calificado la administración del SNAI como un "completo fracaso", por lo que se anunció una reestructuración de la entidad. El Gobierno Nacional apuesta por policías y militares en servicio pasivo (jubilados) como nuevos guías penitenciarios.

De hecho, la Asamblea Nacional aprobó a mediados de marzo de 2026 la Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. Esta reforma busca fortalecer el Cuerpo de Vigilancia como una entidad “especializada, civil, armada y jerarquizada”.

Entre sus disposiciones, la ley permite la incorporación temporal de miembros de la fuerza pública retirados al cuerpo de guías, sin que pierdan el 100% de su pensión de retiro. Según Reimberg, el Gobierno busca incorporar al menos 10.000 exuniformados para reforzar la seguridad carcelaria.

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“Entendemos que necesitamos inteligencia penitenciaria, un marco para uso legítimo de la fuerza, capacitación para nuestros guías penitenciarios, profesionalización y requisitos mínimos de ingreso, como pruebas de confianza”.

Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Soberanía de la Asamblea.

Los policías y militares retirados -quienes podrán ocupar cargos directivos, de supervisión o funciones operativas- deberán aprobar un programa intensivo de formación y se vincularán al servicio solo de forma temporal, por tres años, hasta que se gradúe la primera cohorte regular de nuevos guías.

La asambleísta Inés Alarcón, del movimiento ADN, presidenta de la Comisión de Soberanía de la Asamblea, señaló que la reforma se basa en pilares como la inteligencia penitenciaria, la profesionalización del personal y la cooperación militar y policial para cubrir el déficit de guías.

La nueva normativa, además, busca el fortalecimiento disciplinario del cuerpo de seguridad, incrementando las faltas en las que pueden incurrir sus integrantes, que pasan de 10 a 57 causales.

Guías en "riesgo extremo" rechazan la nueva ley

Asimismo, la norma establece que no se debe alterar el escalafón ni los mecanismos de ascenso del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. El personal civil conserva su derecho a ascenso, sin que la llegada de exmiembros de la Fuerza Pública interfiera con sus cargos, rangos o futuras promociones.

La Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios de Ecuador exigió garantías para desempeñar las funciones en las cárceles y cuestionó el plan de contratar personal en servicio pasivo, argumentando que los recursos deberían usarse para mejorar salarios, dotación y las condiciones de los guías. El gremio organizó plantones frente a la Asamblea Nacional para rechazar la ley.

Mientras se implementan las reformas -en un plazo de hasta 180 días-, los guías denuncian estar  trabajando en condiciones de "riesgo extremo", con carencia de equipamiento, armas, equipos de protección y garantías laborales, según Diego Pozo, representante de la Asociación, quien apuntó a un "grave déficit de personal". En 2025, 17 agentes fueron asesinados en el país.

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Dos funcionarios destituidos de más de 1.000 informes motivados en 2025:

• Por Régimen Disciplinario, el SNAI informó de la sustanciación de 1.073 informes motivados en 2025, que resultaron en dos destituciones de servidores públicos por faltas graves y 16 informes de recomendación con sanción por faltas leves, según el reporte de la entidad.
• También se informó de la tramitación de 266 sumarios administrativos tramitados en 2025, 214 concluyeron con sanciones, la mayoría de carácter leve (amonestaciones verbales y escritas).
• Entre ellos 136 procesos (51%) culminaron con amonestaciones verbales, mientras que 78 (29%) derivaron en amonestaciones escritas y en 40 casos (15%) se declaró inocencia. En tanto, 11 sumarios administrativos (4%) se declararon inadmisibles y un proceso concluyó con prescripción.