Tras la supresión del Decreto Ejecutivo No. 883, que eliminaba los subsidios a la gasolina extra y al diésel, Ecuador debe reajustar algunas metas económicas clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y activar otras fuentes de financiamiento. El gobierno no se ha dado por vencido y sigue impulsando un diálogo para focalizar los subsidios, pero el panorama ahora es otro.
Después de las violentas protestas que estallaron el 3 de octubre y culminaron el 13, el equipo económico del gobierno entra en una nueva etapa: renegociar una serie de metas clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y activar, además otras fuentes de financiamiento para el país.
Aunque Ecuador logrará pasar 2019 "sin sobresaltos de financiamiento", como lo asegura el ministro de Finanzas Richard Martínez, el año entrante será duro y transcurrirá en un contexto internacional poco favorable, marcado por tensiones comerciales entre las potencias del mundo y la apreciación del dólar.
"Hemos estado en contacto con las autoridades del Fondo al más alto nivel, el presidente Lenín Moreno conversó con la directora del FMI y lo positivo es que hay una voluntad de las partes para adecuar los indicadores" inicialmente pactados en el acuerdo de marzo a la nueva realidad del país, dice Martínez.
Hay que revisar las metas de crecimiento. "Por el lado petrolero perdimos más de USD 100 millones y la producción se vino abajo en algunos pozos", dice Martínez.
La infraestructura petrolera del país fue objeto de sabotajes que produjeron daños en por lo menos 20 bloques petroleros en áreas clave y obligaron al país a paralizar la operación de su principal Oleoducto, el SOTE, y declarar fuerza mayor sobre sus exportaciones de crudo.
Las actividades del SOTE y las exportaciones se reanudaron recién el 20 de octubre.
Frente a ese escenario, el ministro dice que el Estado tendrá que ampliar la base de protección social, porque el menor crecimiento por efecto del paro los sabotajes al final afectará a la proporción más pobre de la población.
"Y eso es lo que hemos estado negociando con los multilaterales, tener acceso a más financiamiento para ampliar la base de protección social".
Richard Martínez, ministro de Finanzas
También están bajo revisión las metas de déficit fiscal, de reservas internacionales netas y el alcance de las metas de protección social.
El próximo año, Ecuador tenía previsto un ajuste de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB) y ahora tiene que revisar esto. "Hay que encontrar un nuevo equilibrio", revela el titular de la cartera de Finanzas.
Un nuevo escenario
El golpe no es menor. Finanzas calcula que dibujar el nuevo escenario y reorganizar algunos puntos del acuerdo con el FMI va a tardar alrededor de un mes.
"El acuerdo va a tener que recalibrarse, porque ya no contamos con los recursos de la eliminación de los subsidios", dice el ministro.
Ecuador también espera obtener recursos por el lado de la reforma tributaria enviada a la Asamblea el 18 de octubre y otra parte vendrá con el nuevo decreto que se emita, focalizando los subsidios a los combustibles.
Además de dos desembolsos que el FMI debe hacer en la última parte del año, en dos tramos por USD 250 millones cada uno, Ecuador planea realizar dos operaciones de financiamiento adicionales, una por USD 800 millones y otra por USD 600 millones.
Para eso, debe esperar a que las condiciones de mercado se estabilicen luego que el Riesgo País se disparó tras la conmoción vivida por el país en las primeras dos semanas de octubre.
Luchando contra la inercia
Otra de las estrategias del gobierno es adelantar financiamiento en 2020 para garantizar una mejor ejecución presupuestaria.
Esto para que, a partir de enero, pueda comenzar a ejecutarse el Plan Anual de Inversiones y las instituciones del Estado no se queden sin dinero para poner en marcha sus planes de inversión, como suele suceder, en los primeros tres meses del año.
En 2020 el plan estará más enfocado en el crecimiento económico.
El mandato es no permitir que la economía se paralice el año entrante. El plan del gobierno es mantener un flujo de recursos desde el inicio de año para mover la inversión del Estado en lo que el ministerio llama proyectos "pro crecimiento", como la construcción de vías y de vivienda de interés social.
Retrasada emisión de bono solidario
Solo en el plan de vivienda de interés social y de interés popular, Martínez prevé inversiones del orden de los USD 1.000 millones.
La emisión de un bono social de USD 400 millones para financiar ese programa estaba prevista para finales de octubre, a una tasa de 4,99%, pero esa operación ha sido retrasada para noviembre, en espera de que las condiciones de mercado mejoren.
Reducir la incertidumbre
Para reducir la incertidumbre entre los agentes económicos, el gobierno envió el 18 de octubre el proyecto de Ley de Crecimiento Económico a la Asamblea.
El proyecto trae algunas medidas para estimular al sector privado, entre ellas la eliminación del pago del anticipo al Impuesto a la Renta y un sistema de drawback automático para los exportadores. El mensajes es que "el programa económico del gobierno se mantiene en tracción y sigue en marcha", agrega Martínez.
La reforma laboral era clave dentro de este plan económico, pero el gobierno no piensa renunciar a ella. Ha abierto un proceso de diálogo para armar un proyecto de reforma que tenga más apoyo, dice el ministro.
Y por último, el Estado va a "acelerar los procesos de monetización de activos", como la venta del Banco del Pacífico y la concesión de la operación de la central hidroeléctrica Sopladora, de 487 megavatios, a manos privadas.
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