Ecuador se enfrenta a una serie de reformas que, de cumplirse, podrían cambiar al menos tres pilares de la economía del país: el sistema laboral, la seguridad social y el esquema de impuestos.
Con o sin acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ecuador emprenderá en 2021 el camino de al menos tres reformas estructurales clave para la economía.
Se trata de la modernización del sistema de recaudación de impuestos, de la actualización de un marco legal laboral que data de 1938 y que ya no se adapta a los nuevos tiempos de una profunda reforma a un sistema de seguridad social que ya no es sostenible. Lo dicen expertos y algunos candidatos presidenciales.
Si el próximo gobierno de Ecuador, que se posesionará en mayo de 2021, opta por mantener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los organismos multilaterales de crédito tendrá que acometer esas reformas.
El saliente Gobierno de Lenín Moreno intentará andar parte del camino. Ha dicho que presentará la reforma tributaria en abril de 2021 y trabajará para dejar lineamientos que sirvan para las reformas a la seguridad social y al Código Laboral.
La dimensión del cambio
Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, ha dicho que las medidas estructurales mejorarán los ingresos y la calidad de vida de los sectores más desprotegidos de la población.
Mientras que el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, afirma que las reformas ayudarán a mejorar la competitividad, lo que pasa por un esquema tributario más sencillo, por la dinamización del mercado laboral y una serie de cambios que hagan sostenible al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Ecuador necesita que el próximo sea un gobierno "responsable y sensato" para asumir los cambios estructurales que se necesitan, ha dicho Pozo.
Pero no todo estará en manos del Presidente y su equipo de gobierno, también hará falta la voluntad política de la Asamblea para aprobar las reformas.
¿Más impuestos?
Según el cronograma acordado por Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, la reforma tributaria debería ser aprobada en el segundo semestre de 2021.
La meta de la reforma tributaria no solo es tener un sistema de impuestos más ordenado sino también aumentar la recaudación en 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador en 2022.
Una de las propuestas es subir gradualmente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del actual 12% al 15%. Pero los principales candidatos a la Presidencia se oponen a ello.
Otra de las propuestas es que la recaudación aumente gracias a un crecimiento de la economía, lo que pasa por eliminar una serie de impuestos de importación a materias primas y maquinarias para los productores ecuatorianos.
Y por atraer capitales de inversión frescos, lo que implicaría una reducción gradual del Impuesto a la Salida de Divisas, que es del 5%, hasta llegar a su total eliminación.
Según el presidente, Lenín Moreno, la propuesta que presentará en la Asamblea no apunta a aumentar impuestos. Más bien, busca incrementar la recaudación tributaria a través de la optimización, la racionalización y la ampliación del espectro de cobro, especialmente a los evasores de impuestos.
El abogado tributarista, Napoleon Santamaría, dice que entre los tres mayores problemas del sistema tributario ecuatoriano está la evasión de impuestos.
Los dos restantes son las deficiencias en la exoneración de impuestos y la mala distribución de la recaudación, lo que lleva a muchos gobiernos locales a gastar los impuestos en obras innecesarias. La reforma estructural debe apuntar a corregir esas anomalías, según Santamaría.
Ecuador pierde cada año unos USD 7.000 millones por culpa de la evasión tributaria.
Santamaría también critica las exoneraciones tributarias a ciertos sectores lo que ha hecho que solo USD 4 de cada USD 10 de utilidades paguen Impuesto a la Renta (IR) en Ecuador.
Freddy García, consultor económico de Inteligencia Empresarial, destaca que es clave eliminar aranceles a los bienes que no se producen en el mercado local o cuya oferta no abastece a la demanda nacional.
IESS: problema de todos
Para la especialista en seguridad social, Patricia Borja, para el IESS sea sostenible en el tiempo hay que resolver al menos tres desafíos: la deficiencia normativa que le resta transparencia a las acciones del Instituto, la existencia de prestaciones que no cuentan con financiamiento y la falta de autonomía institucional.
Hay prestaciones clave, como salud y pensiones, que no cuentan con el debido financiamiento. "El financiamiento, especialmente del Fondo de Pensiones, no puede estar sujeto a una suerte de reparto presupuestario desde el Ejecutivo", dice Borja.
El último estudio actuarial al Fondo de Pensiones muestra que si el Estado no paga -de manera puntual y completa- su contribución a los jubilados, este seguro tendría recursos garantizados solo hasta 2023.
A partir de ese año, el patrimonio del fondo iría disminuyendo paulatinamente hasta llegar a un déficit de USD 24.266 millones en 2058.
Por eso, Borja plantea que la reforma a la seguridad social tiene que incluir un cambio en el régimen del Seguro de Pensiones.
Esta decisión implicaría, por ejemplo:
- Aumentar la cantidad de dinero que aportan los afiliados.
- Aumentar la edad a la que se jubilan las personas o crear incentivos tributarios para que los afiliados posterguen su retiro.
- Reducir las prestaciones.
A la especialista también le preocupan la falta de autonomía del IESS frente al Ejecutivo en materia de toma de decisiones administrativas y operativas.
Por lo que la reforma debería crear un ente rector de la seguridad social especializado en el tema.
Para la especialista, otro aspecto que debería incluir la reforma es convertir al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) en una entidad financiera de inversión, que genere rentabilidad.
El experto en seguridad social, Alfonso Cornejo, dice que la reforma debe estar acompañada de un proceso de modernización del Instituto, para potenciar los trámites estén en línea y disminuir, con ello, los actos de corrupción.
El desafío laboral
La aprobación de una reforma laboral quedará en manos del próximo Gobierno. Es una de las enmiendas más duras y que más oposición pueden generar.
Hay que resolver al menos tres nudos críticos en el mercado laboral ecuatoriano, según el ministro del Trabajo, Andrés Isch.
El primero es reducir la informalidad. Según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), hasta septiembre de 2020, cinco de cada 10 personas con empleo estaban en la informalidad.
El segundo, según Isch, es romper con la brecha de género, que impide a las mujeres acceder a una fuente de empleo y a mejores salarios.
Las mujeres "tienen un 45% menos de posibilidades de conseguir un trabajo que los hombres y, cuando acceden a un empleo, ganan 16% menos", dijo el ministro.
Y el tercer problema son las dificultades que le cierran el camino a los jóvenes porque no tienen experiencia ni currículum.
Antes de que termine el actual Gobierno, el Ministerio de Trabajo dice que presentará una serie de propuestas legales para mejorar las condiciones laborales, que son parte de la reforma estructural.
Isch afirmó que ya está listo un proyecto de Ley de Fomento de la Economía Violeta para que las mujeres tengan más acceso al mercado laboral.
Por ejemplo, propondrá la creación de incentivos tributarios para las empresas que contraten a más mujeres.
Para corregir la informalidad, Isch habla de aumentar los controles y disminuir los trámites para la contratación de personal.
Además, Isch considera que la nueva reforma debe incluir las modalidades contractuales que dieron resultado durante la pandemia.
Según el ministro, en esa lista están el contrato por giro de negocio para que las personas trabajen en proyectos; el contrato productivo, el contrato para jóvenes, el turístico y el de emprendimiento.
"Es necesario que haya una normativa que permita adaptar las jornadas de trabajo para diferentes sectores de la economía sin depender de trámites burocráticos", afirmó Isch.
Luis Naranjo, uno de los representantes del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios (CNTS), dijo que la adaptación de las jornadas impulsará las contrataciones, aunque recordó que la reforma también debe crear mecanismos para reducir los costos de despidos y desvinculaciones.
Naranjo hizo un estudio sobre los costos extra que debe pagar el empleador para la contratación de una persona con el salario básico.
Los empleadores, además del pago de los USD 400 del salario básico, deben pagar un adicional de USD 127,45 por diferentes conceptos: aporte patronal, fondos de reserva, vacaciones y las llamadas décimas remuneraciones.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró un estudio sobre cuánto debe pagar el empleador por cada trabajador.
Y concluyó que un empleador ecuatoriano, además del salario, debe pagar 48% más. En ese porcentaje se incluye el costo de la desvinculación contractual.
El siguiente mapa muestra que Brasil, Argentina, Perú y Uruguay son los países con los indicadores más altos de los costos no salariales a los trabajadores.
Y, por último, Isch ha dado señales de que la reforma debe incluir normativa para mejorar las capacidades de los trabajadores, como el acceso a carreras técnicas cortas.
Eso le permitirá a la fuerza laboral en Ecuador adaptarse a los trabajos del futuro.
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