Según la agencia calificadora de riesgos Fitch, la tercera revisión será más difícil de cumplir para el gobierno porque sigue postergando el envío de reformas a la Asamblea.
Verónica Artola, gerente del Banco Central de Ecuador, anunció que en noviembre llegará al país la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para realizar la tercera revisión trimestral del Acuerdo de Facilidad Extendida.
La misión del FMI revisará las metas de septiembre.
Hasta el momento, no se conocen los resultados de la segunda revisión de metas que hizo el organismo multilateral, entre el 12 y 26 de agosto al país. Si Ecuador pasa la prueba recibirá un desembolso por USD 250,14 millones en este mes.
Ecuador suscribió un acuerdo de tres años con el FMI en marzo de 2019 para acceder a un crédito de USD 4.200 millones.
En agosto, la agencia calificadora de riesgos Fitch mejoró la perspectiva de la calificación crediticia de Ecuador, pero también advirtió, que “las próximas (revisiones) serán más difíciles (de cumplir) en términos de objetivos cuantitativos y progreso legislativo requerido”.
La aprobación de las reformas se ha postergado en los últimos meses. Los temas que debe tratar el Legislativo son:
- La modernización del Código Monetario Financiero
- La reforma a Ley de Empresas Públicas
- El esquema para las alianzas público-privadas
- La reforma a la Ley del Mercado de Valores
- Las reformas laboral y tributaria
Más plazos para el Código Monetario Financiero
Artola explicó que la reforma al Código Monetario Financiero, que servirá para devolver "autonomía al Banco Central", deberá llegar a la Asamblea hasta el 30 de septiembre porque "es uno de los hitos firmados en el acuerdo con el FMI".
Según la funcionaria, el FMI apoya la construcción de la nueva ley desde enero de 2019, pero "no impone condiciones al Banco Central".
Hay cambios significativos en la nueva normativa. Uno de ellos será el fortalecimiento de la reserva internacional y que el Central deje de transferir utilidades al ministerio de Economía.
La nueva ley planteará que las utilidades sean reinvertidas en el banco para que la institución financiera se capitalice en USD 100 millones.
También se busca la autonomía del talento humano. Según Artola, eso no significa que los funcionarios "tendrán los mega sueldos".
La idea es que directorio del Banco Central defina la política del talento humano. Para que no existan tergiversaciones ni que el Central sea usado como un 'botín político', dijo, los salarios, se establecerán con base en la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).
La idea es dar continuidad los empleados públicos y que puedan hacer una carrera porque "el aprendizaje es largo".
También está en análisis el número de integrantes de la directiva de la institución: la propuesta de ley aún no define si son cinco o siete miembros. En la nueva organización desaparece la figura de gerente general del Banco Central.
Artola explicó además algunas de las medidas de austeridad que se han tomado como la reducción de la nómina:
- En 2017 eran 1.087 empleados y el gasto en nómina fue de USD 26,3 millones. Para 2018, la cifra bajó a 1.018.
- Hasta agosto de 2019 existían 980 empleados en Quito, Guayaquil y Cuenca. De ellos, el 65% de los empleados, es decir, 637, tenía contrato y nombramiento provisional.
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