Cuando el poder político y económico se juntan, la democracia peligra

Juntar el poder político y económico alrededor de una misma persona siempre resultará peligroso para las democracias. No hay carga ideológica en lo dicho sino una pura reflexión práctica. El mundo de las grandes inversiones requiere de decisiones políticas que les resulten favorables para que el giro del negocio fluya.

La necesidad de cubrir los costos de inversión y generar ganancias, lo que es perfectamente legítimo y parte del desarrollo de las sociedades, es el punto central de la vida empresarial y hacia allá se dirige su lógica de acción. Hasta allí no hay inconveniente alguno.

Desafortunadamente, en ocasiones los beneficios privados van a contramano de aquellos de naturaleza pública. Cuando esa tensión se presenta, los buenos políticos, anclados en posiciones ideológicas definidas, pero con distancia relativa frente a los grandes intereses corporativos, son los que buscan salidas en la que se respeten los derechos de la ciudadanía, a la par de evitar cualquier forma de desalentar el crecimiento de la economía de los particulares.

Este tipo de interacción permite alcanzar el saludable equilibrio que facilita a las sociedades progresar. Una normativa que compatibilice los intereses de ambos sectores es la mejor forma de observar esta dinámica social.

Sin embargo, cuando alrededor una misma persona o grupo relacionado se juntan intereses económicos y políticos, la citada “simbiosis democrática” entra en crisis. En dicho escenario, resulta poco creíble que quienes gobiernan puedan tomar decisiones que privilegien el beneficio público por encima del propio.

Es una cuestión de naturaleza humana. Por lo dicho, los electores, antes de entregar nuestro voto, deberíamos reflexionar en quién depositamos nuestra confianza. Por lo dicho también, cuando ya las cosas están dadas de esa forma, la sociedad debe estar alerta y reaccionar frente a los posibles excesos.

Esa reacción es la que se ha observado en estos días por parte de diversos sectores frente a los hechos ocurridos en Olón, provincia de Santa Elena. Académicos conocedores de la materia señalan que en el negocio de la pareja presidencial hay afectación al medioambiente. Defensores de los derechos de la naturaleza se han pronunciado en un sentido similar. Abogados especializados en la materia, argumentan en la misma dirección.

Los periodistas serios del país, que sí los hay, aportan al cuestionamiento de las decisiones asumidas. La ciudadanía involucrada directamente con el proyecto inmobiliario que se pretende construir también presenta sus objeciones.

No obstante, la respuesta desde el gobierno se reduce a decir que los señalamientos colocados en la discusión pública tienen objetivos electorales. ¿Cuáles de los sectores citados tienen intereses específicos en el próximo proceso electoral? Por favor, un poquito más de respeto a la inteligencia de la ciudadanía.   

Que las protestas y alertas generadas desde diferentes espacios de la sociedad pretendan ser capitalizadas por actores políticos es otra cosa y eso, en definitiva, es parte de su tarea en aras a conseguir espacios electorales.

En efecto, de un evento de este tipo algunos se aprovechan para captar posibles votantes mientras que otros utilizan el evento para evidenciar sus muestras de afecto al gobierno y a sus decisiones, presentando como argumento de fondo, legítimo y de prueba absoluta (todo esto dicho con el más profundo sarcasmo), el hecho de conocer al Jefe de Estado y su familia.

Como yo te conozco, entonces lo que has hecho no es cuestionable. Así fue dicho, casi de forma casi literal. Todo lo relatado consta en declaraciones públicas de unos y otros actores en el seno de la Asamblea Nacional.

Abusar de los espacios de toma de decisión pública para beneficiar intereses específicos no es nuevo en el país y, desde esa perspectiva, lo ocurrido en Olón no es más que colocarle una mancha más al tigre.

Lo que debería llamar a la discusión pública es que cuando estos hechos suceden alrededor de la confluencia de poder político y económico en un mismo actor, las consecuencias pueden ir mucho más allá de los eventos puntualmente denunciados. Juntar el poder político y económico alrededor de una misma persona siempre resultará peligroso para las democracias.