El próximo 20 de agosto, los ecuatorianos decidiremos en la consulta popular, si dejamos bajo tierra el petróleo del bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní, o si continuamos explotándolo.
Yasuní fue declarado en 1989 como reserva de la biósfera por la Unesco, que le reconoció como una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. Es el hogar de las poblaciones amazónicas indígenas Taromenane y Tagaeri, y colinda con el territorio ancestral Huaorani.
En 2007, el gobierno de Correa lanzó la iniciativa 'Yasuní ITT', en la que se comprometía a dejar bajo tierra 846 millones de barriles del ITT (en referencia a los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini), a cambio de una compensación de la comunidad internacional de USD 3.600 millones.
La iniciativa no tuvo éxito y en 2013 el gobierno declaró de interés nacional el aprovechamiento petrolero en los campos ITT, y dio luz verde para su explotación.
En discrepancia con esta decisión, se conformó el grupo Yasunidos, que recogió las firmas suficientes para realizar una consulta popular y preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no con dejar el petróleo bajo tierra.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese entonces, de manera arbitraria, no dio paso a la consulta y permitió continuar con la explotación. Diez años después, la Corte Constitucional y el CNE han dado la razón a Yasunidos y han viabilizado el proceso.
La consulta es trascendental para el futuro del país y requiere un debate nacional serio y desapasionado para evaluar sus consecuencias.
Por una parte, el aporte financiero de la producción petrolera del ITT a la economía nacional es evidente. En seis años de explotación, se han extraído aproximadamente 122 millones de barriles, equivalentes a USD 6.780 millones.
En la actualidad, se producen 55.000 barriles diarios, es decir, alrededor del 15% de la producción total del país, y un total de USD 1.200 millones. Aunque descendente en los próximos años, es significativa su contribución a la balanza de pagos, así como a las cuentas del Gobierno Central, los gobiernos autónomos descentralizados y las universidades.
La consulta es trascendental para el futuro del país y requiere un debate nacional serio y desapasionado para evaluar sus consecuencias.
De acuerdo con PRIMICIAS, las reservas actuales del ITT serían de 136 millones de barriles, que generarían alrededor de USD 8.000 millones en los próximos 30 años.
Existen reservas adicionales de 536 millones de barriles por desarrollar, que superarían los USD 30.000 millones. Confiando en mejor tecnología y gestión ambiental y social, muchos apuestan a que podrían ser la base del desarrollo petrolero futuro.
Por otra parte, aunque dichos campos ya están intervenidos y la mayor parte del impacto ambiental y social ya se dio, es previsible que la ampliación de la explotación petrolera en el Yasuní agrave la pérdida de biodiversidad y afecte la situación de los pueblos indígenas.
La experiencia ha mostrado que los planes de mitigación de dichos riesgos han sido insuficientes para proteger la riqueza amazónica. Más allá del daño ecológico, hay creciente preocupación ciudadana por el destino de los recursos que podrían diluirse en corrupción, gastos inútiles y pago de deudas onerosas.
No obstante, es importante tener en cuenta que, de ganar el SÍ, es decir que la ciudadanía prefiera dejar el petróleo bajo tierra, el hueco fiscal y externo sería significativo. Además, existen contratos de servicios que deberían ser terminados y que ocasionarían penalidades para el Estado.
Adicionalmente, se pondría en riesgo la capacidad de pago de la deuda con China, que está respaldada con exportaciones petroleras.
En el mediano plazo, suspender el desarrollo de los campos “jóvenes” del ITT reduciría la posibilidad de ampliar las reservas petroleras.
Se trata de una decisión crítica para Ecuador, que pondría en jaque el modelo extractivista. Sería una manera de acelerar la llamada “transición energética” del país, con costos de ajuste que no se pueden ignorar.
La transición energética es inevitable para mitigar los efectos del cambio climático. El Acuerdo de París contempla planes de descarbonización para casi todas las economías del mundo, y la correspondiente reducción del consumo de combustibles fósiles.
En las próximas décadas, la demanda de petróleo bajaría de manera ostensible y los productores, como Ecuador, tendrían que ajustarse a una nueva realidad. Por supuesto, ello ocurriría de manera gradual y daría tiempo para adaptarse. Con una consulta favorable, el ajuste no sería para mañana, sino para ayer.
No sería responsable suspender la explotación petrolera en Yasuní, no hacer nada y cubrir el hueco fiscal con mayor endeudamiento o, peor aún, echándoles mano a las reservas de los ecuatorianos en el Banco Central.
Tampoco sería serio confiar en promesas de mejor recaudación impositiva, lucha contra la corrupción y eficiencia en los gastos. Son buenos propósitos, pero poco realistas para compensar las pérdidas del ITT.
Se requerirán medidas concretas y creíbles para cubrir el desbalance fiscal y externo que dejaría la decisión de los ecuatorianos.
Una opción obvia (aunque con una historia polémica) sería la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles, que implican gastos anuales de entre USD 5.000 millones y 7.000 millones, y que son socialmente regresivos y ambientalmente nefastos.
Bajar y focalizar dichos subsidios ayudaría a compensar las pérdidas del ITT e incluso podría generar recursos para la conservación del Yasuní, inversión en salud y educación, e iniciativas de desarrollo sostenible, como el ecoturismo y la agroforestería.
De manera complementaria, se podría plantear una nueva operación de canje de deuda por naturaleza para fortalecer la gestión sostenible del parque y el control del narcotráfico, la minería ilegal, y el comercio ilegal de madera y especies.
Si el SÍ gana la consulta, la sentencia de la Corte Constitucional establece un plazo no mayor de un año para el retiro “progresivo y ordenado” de toda actividad petrolera. Los desafíos y riesgos para hacerlo en tan poco tiempo son enormes.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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