La ruptura del correísmo y morenismo, una deuda de unos USD 600.000 y los paupérrimos resultados en las elecciones seccionales y generales hundieron a la lista 35.
El movimiento que dominó el escenario político durante más de una década desaparecerá en 2023. Esto ocurrirá si no logra conseguir al menos 18 alcaldías o un concejal en 22 municipios en las próximas elecciones seccionales.
El futuro de Alianza PAIS depende de quiénes decidieron quedarse en la lista 35 tras la ruptura entre el correísmo y el morenismo en 2017. Entre ellos está su último secretario ejecutivo, prorrogado en funciones, Gustavo Baroja.
Tras la expulsión de Lenín Moreno de la presidencia del movimiento y la reciente renuncia y desafiliación de Ximena Peña, quien lo reemplazó, ahora el primer cargo lo ocupa Ana Belén Marín.
A ella se suman Patricio Barriga en la primera vicepresidencia y Fátima Campos en la segunda, y la tercera no se ha ocupado. Además esperan concretar una convención nacional hasta finales del año.
En su época hegemónica, la organización mantuvo su sede nacional en el norte de Quito, en la tradicional Avenida de los Shyris. Era un edificio de cuatro pisos, parqueaderos y un personal de alrededor de 60 trabajadores.
Pero esos tiempos de gloria electoral desaparecieron. Desde 2017, cuando Lenín Moreno fue electo como presidente nacional del movimiento y de la República, el declive político de la 35 se aceleró.
Ahora su sede es una modesta edificación en el barrio residencial de Rumipamba, aunque tiene tres pisos y un ascensor, ya no cuenta con los 920 metros cuadrados de la construcción anterior y apenas tiene tres personas trabajando en planta.
La nueva sede de Alianza PAIS el 13 de julio de 2021, en Quito. PRIMICIAS
Sin dinero ni página web
Hasta la página web del movimiento tuvo que darse de baja por la falta de recursos, que obligaron a la venta de su primera sede. Las deudas heredadas de las administraciones previas bordeaban los USD 600.000, por rubros de eventos y artículos promocionales.
Entre esas deudas con los distintos acreedores, incluso, hay varias que no tienen sustentos legales. Por ello, la administración de Baroja ha estado 'poniendo la casa en orden', según Patricio Barriga. Y, solo queda resolver alrededor de un 10% de los compromisos pendientes.
Barriga agrega: "fuimos, en alguna forma, víctimas de una discusión insensata y de una disputa política bastante agresiva, tanto de quienes eran parte de Alianza PAIS y fueron a formar parte de otro partido, como del mismo gobierno".
A sus ojos, "casi logran destruir" la 35, desde el primer bando con el discurso de la traición y desde el segundo bando con el de la corrupción.
Y esto contribuyó "ferozmente" a que el movimiento haya tenido unos resultados precarios en las últimas elecciones seccionales y generales.
La reestructuración y el intento de sobrevivir
Alianza PAIS llegó a tener cargos internos "simplemente para satisfacer las ambiciones personales de ciertos dirigentes", dice Barriga. El presidente del movimiento fue el Presidente de la República durante 14 años, tiene tres vicepresidencias y, en su momento, se declaró a Rafael Correa como su presidente vitalicio.
Por eso, pese a no conseguir los consensos internos para convocar a una convención nacional, los miembros de la directiva nacional aún apuntan a conseguir una reforma estatutaria. Y así escoger a sus nuevas autoridades, de frente a las seccionales de 2023.
Por eso en la 35 están reorganizando y completando sus directivas provinciales, cantonales y parroquiales, para reactivar su estructura territorial en un plazo de 90 días desde agosto. El objetivo es reconectarse con la militancia que queda, dice René Espín, director provincial de Pichincha.
Además, esperan realizar un estudio de la percepción que tiene la opinión pública sobre la marca Alianza PAIS, ya que el objetivo de sus miembros no es darle "un lavado" a la imagen del movimiento, sino reestructurarlo, informa Barriga.
Más allá de los dos últimos golpes que recibió la organización en las urnas, otra gran parte de su debilitamiento ocurrió por la desaparición de la mayoría de su militancia y, por ende, de su financiamiento privado.
"Nosotros no nos vamos a engañar con lo del millón de adherentes, porque muchos de ellos, quizás, estaban adheridos como una opción de encontrar un beneficio u oportunidad laboral", admite Barriga y agrega que, tal vez, otros muchos "ni siquiera tienen conciencia de pertenecer a un partido político".
Los casos de diezmos judicializados ocasionaron que mucha gente deje de aportar y que se mire de manera negativa el financiamiento privado. Por ello, la dirigencia trabajará en recuperar parte de esos aportantes para poder retomar las actividades políticas en las provincias.
Así mismo, esperan recibir el fondo partidario permanente, que otorga el Estado central a las organizaciones políticas nacionales, para retomar las capacitaciones y formación política de sus bases.
Para esto, las directivas provinciales, como Pichincha, están levantando y limpiando la información que tienen de su militancia, cuenta Espín, para acercarse a los sectores sociales, democratizar los espacios y superar la crisis del partido.
Los objetivos finales son sobrevivir a las elecciones de 2023, con candidatos a todas las dignidades, recuperar una militancia que esté afiliada por principios e ideología y no por buscar espacios de poder, y así superar la crisis de reputación de AP.
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