Revolución Ciudadana busca consolidarse como fiscalizadores del gobierno de Guillermo Lasso, comenzando por retomar el juicio político en su contra. Pero su agenda incluye también a la fiscal Diana Salazar y al nuevo contralor.
La bancada de Revolución Ciudadana llegó a la Asamblea en noviembre de 2023 con una agenda clara enfocada en la fiscalización. El correísmo ha apuntado en este corto periodo legislativo, que durará sólo 18 meses, al expresidente Guillermo Lasso y su gestión.
De hecho, el correísmo negoció desde el inicio de este periodo con sus aliados, el Partido Social Cristiano (PSC) y la bancada oficialista ADN, el obtener la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Al final, esto se concretó con el pacto entre las tres fuerzas políticas.
Después de encabezar el proceso de juicio político contra Lasso, Revolución Ciudadana busca mantener esa imagen de ser los fiscalizadores. De hecho, en los 11 días que lleva de instalada la Asamblea, ya han establecido esa prioridad y fijado una agenda.
Esta comenzará por el juicio político a Lasso, que se retomará el miércoles 29 de noviembre de 2023. Este quedó interrumpido el 17 de mayo de 2023, con la declaratoria de la muerte cruzada.
También apuntan a la fiscal general, Diana Salazar. La legisladora Gissela Garzón (RC) presentó un pedido de juicio político, que de entrada ha generado polémica y rechazo en las otras bancadas. Este tampoco ha sido revisado por el CAL.
Además, el correísmo ha anunciado que fiscalizará el proceso de selección del recién nombrado contralor, Mauricio Torres. Patricio Chávez (RC), presidente de la Comisión de Participación, anunció que insistirán en llamar a comparecer a los vocales del Consejo de Participación, para que hablen sobre supuestas denuncias de irregularidades en el concurso.
El juicio político a Lasso abre la agenda
La Asamblea está citada para el miércoles 29 de noviembre a las 16:00 retomar el juicio político en contra de Lasso.
Será una reinstalación de la sesión del 16 de mayo de 2023. Ese día, los interpelantes (Viviana Veloz, de RC, y Esteban Torres, del PSC) presentaron sus argumentos, y luego Lasso, su defensa. No hubo réplica de Lasso, y se abrió el debate, en el que 39 asambleístas hablaron, hasta que el presidente, Virgilio Saquicela, decidió suspender la sesión a las 22:00.
Las reglas de la reinstalación de esta sesión no están claras, pues gran parte de los nuevos asambleístas no estuvo en la sesión pasada porque no eran parte del Legislativo.
Aun así, la Ley de la Función Legislativa establece que los 137 legisladores pueden hablar durante el juicio político a un Presidente, por un lapso máximo de 10 minutos. Es decir, que la reinstalación de la sesión podría nuevamente durar varias horas.
Según Pamela Aguirre (RC), presidenta de la Comisión de Fiscalización, la sesión comenzaría con una nueva intervención de Veloz. Después, dependerá del presidente, Henry Kronfle (PSC), si se abre el debate para todos los asambleístas.
Veloz explicó que en la sesión deberá cerrarse el debate y plantearse la moción de censura a Lasso. Cinco días después, el Pleno deberá sesionar nuevamente para votar y decidir.
Sin embargo, Ley no habla específicamente del juicio político a un presidente que no está en funciones, por lo que no habría consecuencias específicas para Lasso más allá de la sanción simbólica.
El juicio político a la fiscal
El pedido de juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar es el tercero que llega a la nueva Asamblea. En días pasados, ADN y el PSC presentaron solicitudes de juicio político contra los exministros Juan Zapata, del Interior, y Fernando Santos, de Energía, ambos del gobierno de Lasso.
Dado que la ley establece que los juicios políticos deben tratarse cronológicamente, el trámite del proceso contra la Fiscal quedaría para el próximo año, o podría incluso posponerse hasta 2025.
La acusación contra Salazar se centra en la "omisión" de Salazar en al menos 12 casos; entre ellos está el caso Encuentro, en el que se investiga al cuñado de Lasso, Danilo Carrera y el caso Danubio, relacionado con Petroecuador.
La acusación sostiene que Salazar ha implementado una justicia "a la carta y selectiva", algo que de entrada ha rechazado la Fiscalía. Además, Garzón señala la fallas en el sistema de protección de los fiscales y la acumulación de casos en investigación previa.
Pero este pedido de juicio político, desde ya, enfrenta problemas. El PSC, ADN y Construye han adelantado que no lo respaldarán, por lo que podría caerse incluso en el Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
La fiscalización al concurso para el Contralor
El correísmo además anunció que comenzará un proceso de fiscalización a la designación del nuevo contralor, Mauricio Torres. La investigación la liderará la Comisión de Participación, y se centrará en las denuncias sobre presuntas irregularidades en el concurso de méritos y oposición que lo declaró ganador.
En dicho concurso, candidatos señalados como cercanos al correísmo intentaron frenar el proceso a través de recursos judiciales. Sin embargo, tras varias denuncias, el concurso logró concluir y Torres obtuvo el mejor puntaje.
Frente a esto, la Comisión de Participación llamó a los vocales del Consejo de Participación, que organizó el concurso, a comparecer un día antes de la posesión de Torres. Pero estos no asistieron.
Ante esto, la bancada de Revolución Ciudadana ha anunciado que, si no asisten, también podrían enfrentar un juicio político.
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