El cálculo electoral será crucial en la designación del nuevo vicepresidente

La Asamblea escogerá un nombre de los tres propuestos por el presidente Lenín Moreno en un escenario de bloqueo legislativo y rechazo a la figura de María Paula Romo, quien encabeza la terna. 104 de los 137 asambleístas actuales pueden optar por la reelección.

La Asamblea sesionará la tarde de este viernes 17 de julio de 2020 para designar al cuarto vicepresidente del actual Gobierno.

La selección se da a siete meses de las elecciones con las que serán reemplazados el presidente Lenín Moreno y quien sea escogido para ser su cuarto vicepresidente. Por esa razón, el ambiente en la Asamblea es especialmente difícil para el oficialismo.

El Gobierno enfrenta un bloqueo legislativo desde finales de 2019, que ha ido empeorando con el pasar de los meses y la cercanía a las elecciones.

La situación para el gobierno empeora porque 104 legisladores de los 137 que actualmente ocupan las curules podrán buscar su reelección en 2021. Su actuación en una votación crucial como esta puede influir en su posibilidad de llegar nuevamente a la Asamblea.

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, es quien encabeza la lista de opciones para la Vicepresidencia. Es también quien más rechazo genera entre los legisladores.

Creo, el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana ya confirmaron que votarán en contra de la terna. La misma Romo está consciente de que en la Asamblea ya se vive un ambiente electoral.

Por eso aseguró que no cabildeará por su nombre ni por el resto de la terna. El Gobierno apoya la tesis de que, si no hay votos suficientes (70) para ninguno de los tres nombres, Romo entre por el ministerio de la ley.

Los que pueden apuntar a la reelección

Los procesos de selección de candidatos en los partidos y movimientos políticos deben comenzar en menos de un mes y finalizar el 23 de agosto.

Con la aprobación de las reformas al Reglamento de Democracia Interna, las organizaciones políticas trabajan en estos días para organizar de manera virtual sus consejos y asambleas.

La mayoría de legisladores de todas las organizaciones políticas podrán reelegirse en 2021. Apenas 33 de los 137 no podrán presentarse nuevamente, pues ya cumplen dos períodos en el Legislativo y la reelección indefinida también está prohibida para ellos.

El alto número de asambleístas que pueden candidatizarse de nuevo responde a dos cosas. En primer lugar, los legisladores que llegaron a la Asamblea en 2017 fueron en su mayoría nuevos, pues quienes estuvieron en 2009 repitieron en 2013.

En segundo lugar, el actual Legislativo tiene 21 asambleístas alternos que han sido principalizados en estos más de tres años, después renuncias, destituciones y detenciones.

Todos ellos podrán reelegirse por al menos una ocasión, dependiendo de cuándo fueron principalizados.

Este número puede aumentar, pues la Fiscalía espera poder vincular al legislador Eliseo Azuero (BADI) al proceso por delincuencia organizada que se sigue contra el exasambleísta Daniel Mendoza. El caso contra Karina Arteaga (AP) por ‘diezmos’ también está cerca de llegar a etapa de juzgamiento.

Si estos legisladores llegan a ser detenidos, el Consejo de la Administración Legislativa deberá principalizar a sus alternos para lo que queda de su periodo.

En todas las bancadas, los legisladores que sí pueden apuntar a una reelección son mayoría. Esto indica que para 2021 las organizaciones políticas no tendrán que buscar nuevos cuadros para completar sus listas.

Creo es el bloque más asambleístas tiene por reelegir. 16 de sus actuales 18 legisladores podrán buscar nuevamente una curul.

¿Un revés más para el Ejecutivo en la Asamblea?

El Gobierno enfrenta un bloqueo legislativo desde finales de 2019. En diciembre de ese año, la Asamblea archivó la Ley de Crecimiento Económico, enviada como económica urgente.

Esto obligó al oficialismo a enviar una nueva propuesta, en la que no incluyó los temas más sensibles, sobre todo las reformas al Código Monetario y Financiero.

Ya durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, el Ejecutivo tuvo que dar marcha atrás en su iniciativa de cobrar una “contribución humanitaria”, pues esta no logró apoyo en la Asamblea. La llamada Ley Humanitaria fue aprobada gracias a la exclusión de ese capítulo.

La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas también tuvo problemas en su trámite, pero logró ser aprobada. Las divisiones dentro del Legislativo no permitieron un pronunciamiento sobre el veto del Ejecutivo. Con esto, los cambios de Moreno a la normativa entraron en vigencia por el ministerio de la ley.