Entre enero y septiembre de 2022, ha habido 5.545 denuncias por extorsión en Ecuador, pero solo 158 casos han sido judicializados. Una de las tres propuestas de la consulta popular apunta a ese problema.
En medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país, el Gobierno presentó tres preguntas para una consulta popular. Dos de ellas tienen que ver, precisamente, con los delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Y el panorama que el Ejecutivo describe para justificar esa consulta es poco alentador.
Según la Policía, entre enero y agosto de 2022, se registraron 25 grupos delictivos organizados en el país. Y el Gobierno advierte que los peligros de su proliferación no pueden ser subestimados.
Además, en lo que va de 2022, la Policía registró más del doble de denuncias por presuntas extorsiones en 2021. Solo la Unidad Antisecuestros y Extorsiones recibió 178 denuncias este año, en las que se identifica a 21 bandas.
Pero, la cifra real sería mucho más alta, tomando en cuenta que la mayoría de víctimas no lo denuncian por temor a represalias.
Entre sus argumentos, el Ejecutivo sostiene que estas organizaciones tienen "armamento, municiones y explosivos suficientes para enfrentarse entre sí y en contra de personal de la Fuerza Pública".
Además, señalan que el objetivo criminal es anular el Estado, impedir que la fuerza pública tome el control del territorio y dejar a los ciudadanos en la indefensión.
El Gobierno acepta que "una de las muestras de la pérdida de la integridad territorial es que, los ciudadanos deban cumplir con las normas impuestas por estas bandas bajo amenaza" y que, así, el Estado ya no tenga el monopolio de la fuerza.
Y reconoce que, de acuerdo a la experiencia internacional, "una vez que los grupos de extorsión echan raíces, son extremadamente difíciles de combatir".
A continuación, PRIMICIAS le presenta el contenido de las tres propuestas de consulta popular:
-
Destino de los bienes comisados
El objetivo del Gobierno con esta pregunta es invertir en la educación de niños y adolescentes todos los recursos que se generen del comiso de bienes, por delitos relacionados con el crimen organizado:
- Lavado de activos
- Terrorismo y su financiamiento
- Trata de personas
- Tráfico de migrantes
- Tráfico de drogas
Las cifras oficiales indican que en Ecuador existen 668.203 niños entre 3 y 4 años, de los cuales el 49,75% no recibe atención de ningún servicio educativo inicial. Y, hasta 2018, 73.263 menores, entre los 8 y 18 años, tenían rezago educativo.
Esto implica, según el Ejecutivo, que las posibilidades de un pronto abandono de los estudios sean más altas.
Además, el Gobierno admite que el Estado no tiene la capacidad técnica, ni económica, ni institucional para atender esta problemática. Y que existe la necesidad de fortalecer el sistema educativo.
Ya que el crimen organizado tienen como práctica común la cooptación de niños y adolescentes, que son "utilizados y abusados". Y, una vez que ingresan a estas bandas, los menores ya "no forman parte de la sociedad, ni tampoco pueden ser educados".
Así, la intención es que, después del comiso de los bienes y su posterior venta y regularización, los fondos ya no pasen directamente a la cuenta única del Tesoro Nacional. Si no que se asignen a programas de educación.
En los últimos tres años, Inmobiliar, encargada del proceso de regularización de los bienes comisados, ha obtenido un valor de USD 30,3 millones, por los inmuebles comisados por delitos relacionados con delincuencia organizada.
-
Tipificar la extorsión
La segunda interrogante también plantea una reforma penal. Pero esta vez el objetivo es tipificar el delito de extorsión, por el incremento en la práctica de las bandas delictivas de cobrar a los ciudadanos, especialmente comerciantes, por "protección".
La Policía registró en lo que va del año más del doble de denuncias por presuntas extorsiones en 2021.
La propuesta busca reducir la impunidad de la extorsión por "protección", agregando un nuevo artículo al Código Integral Penal, que tipifique la extorsión con 7 a 10 años de prisión.
-
Deducción del impuesto a la renta
Según los datos oficiales, los ecuatorianos entre 45 y 64 años representan el grupo etario con menos acceso al empleo adecuado. Y, hasta julio de 2022, se evidencia una tendencia creciente respecto a las condiciones de empleo no pleno de estas personas.
Aunque el Gobierno reconoce que existen causas estructurales y circunstanciales para esta problemática, considera que en pocas décadas esto podría "convertirse en un problema social profundo".
Por eso, la tercera pregunta de la consulta popular plantea que haya una deducción adicional del 100% para el empleador, dentro del cálculo de la base imponible del impuesto a la renta por las remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IESS, aplicable a los trabajadores mayores de 45 años.
El objetivo es promover la contratación de este segmento poblacional.
La reforma iría al artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno.
Este es el último paquete de preguntas que presentará el Ejecutivo, con el fin de llevarlas a las urnas, junto con las ocho preguntas de referendo.
Inicialmente, el presidente Guillermo Lasso planteó ocho preguntas, de las cuales seis pasaron el primer filtro de la Corte Constitucional (CC). Después remitió una segunda iniciativa con dos interrogantes sobre la designación de autoridades.
Los 11 planteamientos ahora deben ser analizados por los magistrados para determinar que los textos que se llevarán a votación cumplan con los requisitos legales, como no inducir a los electores a una respuesta.
Contenido Patrocinado
Banco del Pacífico cumple 52 años a favor de la evolución financiera
Contenido Patrocinado
Ciencias computacionales, opciones infinitas en un mundo digital
Lo último