El Ejecutivo neutraliza el paro en Huaquillas pero tiene más frentes

A 73 días de iniciado el Gobierno de Guillermo Lasso, al Ejecutivo se le abren frentes de reclamos y demandas sociales. Los últimos en anunciar acciones fueron las centrales sindicales y el movimiento indígena.

El Ejecutivo afrontó también las manifestaciones de los arroceros, los maestros y las recientes protestas de los comerciantes de El Oro, por el nuevo estado de excepción.

Este último estallido descontento sucedió en Huaquillas, en la frontera sur. Los habitantes de la zona exigen que el Ejecutivo suspenda las medidas de excepción que se pusieron en marcha para frenar los contagios de Covid-19.

Dicen que las restricciones afectan el comercio y piden que las entidades financieras flexibilicen sus intereses, además de medidas compensatorias por la pandemia y la apertura del puente internacional con Perú.

El Gobierno envió a su 'alfil' para que resolviera el último caso. El viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, quien logró ponerle un fin al paro.

Así, el Gobierno acordó, de manera escrita, con los dirigentes de la zona y de las movilizaciones que se revisará el toque de queda en Huaquillas, en un plazo de cinco días, con el objeto de flexibilizarlo.

Además de que, en un plazo de 10 días, el Ejecutivo agendará reuniones con las autoridades ministeriales en Huaquillas, para que traten las demandas planteadas por los comerciantes.

Manifestaciones anunciadas

El movimiento indígena anunció que realizará una movilización el 11 de agosto. El punto de encuentro será la Caja del Seguro Social, en el centro norte de Quito. Y marcharán con rumbo al Centro Histórico.

Los sindicalistas anunciaron que se reunirán el 10 de agosto en una Asamblea Nacional, para definir qué harán frente a las medidas económicas que tome el Ejecutivo, especialmente en materia de precios de los combustibles.

Estos son los dos actores principales que participaron en el paro de octubre de 2019, que fue encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Ambas agrupaciones tienen demandas en común, por lo que no descartaron unir reclamos.

Entre sus coincidencias están, más allá del precio de la gasolina y el diésel, otras reivindicaciones, como la oposición a la minería, alivios económicos para las clases populares, la guerra a la 'privatización' de entidades estatales, el incremento de fuentes de empleo, el pago de la deuda estatal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Aunque el Presidente Guillermo Lasso ha mantenido reuniones con otros sectores sociales, como los transportistas y la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos (Feine), no ha tenido acercamientos con la Conaie.

Estaba previsto que la cita entre la Conaie, Pachakutik y el Ejecutivo se realizara el 10 de junio. Pero Pachakutik decidió postergar el encuentro por un tema de agenda y el Gobierno argumentó que esperaría a que se eligieran y se posesionaran las nuevas autoridades de la Confederación.

Y el 23 de junio, la Secretaría de Comunicación informó que Lasso convocaría a una reunión con el movimiento indígena a su retorno de Estados Unidos. Hasta ahora no ha sucedido.

En el otro lado, los sindicalistas señalan que el Gobierno no ha escuchado sus propuestas de reformas laborales para la reactivación económica. Y que la única reunión con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, fue corta y no hubo acuerdos.

Las manifestaciones previas que se mantienen

A este escenario se suman las protestas de otros dos sectores: los arroceros y los maestros.

Los arroceros llegaron incluso a cerrar vías en dos provincias, en julio, y consiguieron un alza en los precios de la saca de arroz, pero eso no llegó a satisfacerlos. El 3 de agosto volvieron a movilizarse en Santa Lucía (Guayas), porque sostienen que el alza se dio sin previo acuerdo.

Mientras tanto, algunos miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) llevan 24 días en huelga de hambre. Así como otros de sus simpatizantes han protagonizado manifestaciones en varias ciudades del país.

La última sucedió el 3 de agosto en Guayaquil, con el bloqueo de una autopista.

Los maestros esperan que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad que fue planteada a las reformas de la Ley de Educación Intercultural, que les subía el salario de los profesores.