Un Tribunal de Apelación de la Corte de Pichincha corrigió la sentencia de primera instancia. Diacelec y Conacero podrán seguir operando.
Es uno de los procesos penales que se derivó del caso Odebrecht –que golpeó a Ecuador y a otros países de la región, desde finales de 2016, cuando se descubrió un esquema de sobornos que la constructora brasileña puso en marcha a cambio de contratos-. El proceso secundario fue denominado como caso Diacelec.
Inicialmente, por el caso Odebrecht, la Fiscalía abrió un proceso por asociación ilícita. En la etapa de juicio fueron sentenciados, entre otros, el exvicepresidente Jorge Glas y el empresario Édgar Arias.
Pero, los jueces identificaron otros posibles delitos y pidieron a la Fiscalía investigarlos.
De esa investigación se inició el caso por lavado de activos que involucraba a las empresas Diacelec y Conacero, domiciliadas en Ecuador, y Columbia Management INC, que se había constituido en Panamá. Esas empresas estaban relacionadas con Arias.
Según las investigaciones, entre 2010 y 2016, Arias recibió transferencias de cuentas controladas por la constructora brasileña Odebrecht.
Esos dineros correspondían al pago de sobornos para funcionarios ecuatorianos y sus familiares. Por ejemplo, la Fiscalía probó que Diacelec entregó dinero a Ricardo Rivera, tío de Glas.
Columbia Management transfirió y giró cheques por esos dineros a través de cuentas en el Produbank y el Banco Bolivariano de Panamá. Esos pagos fueron a favor de Diacelec y Conacero.
Además, Diacelec no registró en su contabilidad el pago de servicio de camiones blindados que se utilizaron para transportar dinero en efectivo que habría sido entregado en las oficinas de Diacelec y de Odebrecht.
En total, según la Fiscalía, se habría lavado USD 14,6 millones que provenían de los sobornos.
La primera sentencia
Por este caso, fueron llamados a juicio seis personas:
- Édgar Arias, gerente de Diacelec y accionista de Columbia Management.
- José Luis Arias, hijo de Édgar Arias.
- Elvira Isch, esposa de Édgar Arias.
- Juan Barberis, colaborador de Édgar Arias.
- Gladys Analuisa, colaboradora de Édgar Arias.
- Myriam Coral, colaboradora de Édgar Arias.
Así como a Diacelec y Conacero, como personas jurídicas.
El 12 de febrero de 2020, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a siete años de cárcel a Édgar Arias, a Barberis y a Analuisa. Mientras que a José Luis Arias, a Isch y a Coral se les ratificó su estado de inocencia.
En cuanto a las empresas, Diacelec y Conacero, se resolvió su disolución y la liquidación de bienes.
Además, el Tribunal ordenó el pago de USD 29,2 millones como medida reparatoria al Estado ecuatoriano.
Sentencia apelada
Ni los procesados, ni la Fiscalía se quedaron conformes con la primera sentencia. Ese fallo fue apelado.
El 21 de mayo de 2021, el Tribunal de Apelación de la Corte de Pichincha modificó varias partes de esa sentencia.
- La sentencia de Analuisa y Barberis se redujo de siete a tres años.
- Mientras que para las empresas Conacero y Diacelec se eliminó la obligación de la disolución y liquidación.
- Coral fue declarada culpable y sentenciada a tres años y seis meses de cárcel.
- La sentencia de Édgar Arias no fue apelada, ya que él falleció en abril de 2020 a causa de Covid-19, mientras estaba detenido en la Cárcel de Ambato.
Otro revés
Aunque la Fiscalía, a través de su apelación, logró una sentencia en contra de Myriam Coral, el fallo también significó una decisión poco favorable: el tribunal habilitó nuevamente, las operaciones de las empresas Diacelec y Conacero.
Es no es el único revés que ha sufrido la Fiscalía en las últimas semanas. Incluso, la entidad rechazó públicamente los resultados de algunas audiencias de casos de corrupción.
Estos son los últimos reveses que ha sufrido la entidad dirigida por Diana Salazar en importantes casos:
- Caso Rasquiña: La Fiscalía acusó a cinco personas por asociación ilícita en la liberación del exlíder de Los Choneros. Sin embargo, un juez del Guayas no acogió el dictamen y ratificó su inocencia.
- Caso Hospitales del IESS: El Ministerio Público acusó por delincuencia organizada a varias personas. Entre ellas estaban Abdalá Bucaram Pulley y su esposa Gabriela Pazmiño. Sin embargo, también fueron sobreseídos.
- Caso Las Torres: La Fiscalía vinculó al caso por delincuencia organizada a cinco personas, entre las que está Pablo Flores, exgerente de Petroecuador. Solicitó prisión preventiva, pero el juez Felipe Córdova negó ese pedido.
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