La Judicatura sortea la inestabilidad en medio de una lista de pendientes

El 29 de enero de 2022, el actual Consejo de la Judicatura (CJ) cumplió tres años en funciones. Es decir, todavía tiene tres años más de gestión por delante. Sin embargo, ahora tendrá que afrontar un cambio de mando.

María del Carmen Maldonado renunció a la presidencia del organismo, la semana pasada. La titularidad la ostenta -de manera temporal- el vocal Fausto Murillo. Mientras la Corte Nacional de Justicia (CNJ) prepara una terna para que el Consejo de Participación (Cpccs) elija al nuevo presidente.

La salida de Maldonado no ha sido el único episodio de inestabilidad que ha tenido la Judicatura.

En junio de 2019, meses después de la designación, renunció Patricia Esquetini. Fue reemplazada por Jorge Moreno, quien también renunció en noviembre de 2020 y fue reemplazado por Xavier Muñoz.

Incluso, el propio Murillo perdió su cargo por varias semanas en mayo de 2021. El Cpccs lo destituyó alegando un problema de legalidad en su nombramiento. Aunque, luego un fallo judicial obligó a su reintegro.

Ahora, solo tres de los cinco integrantes originales de la Judicatura siguen en funciones: Murillo, Juan Morillo y Ruth Barreno.

Aunque la continuidad de la última también está en entredicho. Ella es fiscal de carrera: el Ministerio Público le solicitó que regrese a su cargo, pero ella se negó e interpuso un reclamo por la vía judicial. Ese caso se está ventilando en un tribunal de la Amazonía.

Además, el presidente Guillermo Lasso anunció su intención de cambiar la conformación actual de la Función Judicial a través de una consulta popular. El objetivo final es revisar la existencia misma de la Judicatura.

Los pendientes

En medio de esta inestabilidad y del nombramiento del nuevo titular, el Consejo de la Judicatura debe lidiar con varios pendientes. Algunos más urgentes que otros.

Recientemente, la Corte Constitucional (CC) eliminó la obligatoriedad de que la Corte Nacional haga un examen de admisibilidad previa antes de tratar los recursos de casación. Se prevé que, por ese motivo, la carga laboral aumentará.

Para Murillo, la prioridad debe ser dotar de funcionarios judiciales de apoyo- como coordinadores, sub coordinadores y ayudantes- a la CNJ para que logre evacuar todos los casos.

El CJ y la CNJ firmaron una solicitud conjunta dirigida al Ministerio de Finanzas. El objetivo es que el Gobierno dote los recursos necesarios para la contratación del personal requerido para esta tarea.

Además, la Judicatura ya tiene otras tareas apremiantes. A continuación los cuatro más urgentes:

Nuevo jueces

Concurso pendiente

• En febrero de 2021, la Judicatura concluyó el concurso de selección de jueces nacionales y posesionó a nueve magistrados. Sin embargo, los candidatos ganadores fueron insuficientes y aún hay siete vacantes. El CJ ofreció un nuevo concurso que todavía no se ha concretado. Hacen falta jueces de lo laboral, tributario, administrativo y civil.

Nuevos fiscales

Concurso pendiente

• Desde mayo de 2018, la Judicatura tiene pendiente el nombramiento de los 23 fiscales provinciales. El concurso se suspendió luego de que el Cpccs transitorio destituyera al CJ de Gustavo Jalkh y desde ahí no se ha reanudado. En estos casi cuatro años, el Consejo ha hecho tres encargos en las fiscalías provinciales. Y el 13 de enero de 2022, finalmente, se aprobó el instructivo para el concurso interno de oposición y méritos, impugnación ciudadana y control social, para la designación de fiscales provinciales. Aunque aún no hay fecha para el inicio del proceso.

Jueces anticorrupción

Concurso pendiente

• En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre los 65 artículos de la ley resalta la creación de unidades distritales, tribunales y salas penales especializadas en corrupción y crimen organizado. La reforma estableció que la sede de carácter nacional de los jueces de corrupción y crimen organizado estará en Quito. Un año después, estos nuevos tribunales empiezan a tomar forma. A inicios de enero de 2022, el CJ aprobó el reglamento para el concurso. Y está pendiente la convocatoria. Murillo ofreció hacerlo en los próximos días.

Nuevas unidades

Proyecto en curso

• Con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario, el Consejo de la Judicatura aprobó un  Plan integral de Fortalecimiento del Servicio Judicial en materia de Garantías Penitenciarias. Actualmente, la Judicatura atiende los casos de garantías penitenciarias en 26 cantones de 20 provincias. Lo hace a través de cuatro unidades especializadas en esa materia, 20 unidades penales y cinco multicompetentes. Para mejorar ese servicio, la entidad se planteó crear tres nuevas unidades de garantías penitenciarias hasta diciembre de 2022. Para esto se requiere una inversión de USD 4,7 millones.

La polémica por la Presidencia

Aunque Fausto Murillo está actuando como presidente encargado del CJ, y la Corte Nacional está preparando la terna para la selección del nuevo titular, todavía no está dicho todo.

Álvaro Román es el suplente de María del Carmen Maldonado. Y él considera que debería ser titularizado como vocal y, además, asumir la Presidencia del Consejo porque es el representante de la Corte Nacional.

Por esta razón, Román anunció que interpondrá acciones constitucionales para hacer valer condición de suplente.

Mientras esos recursos se ventilan en el ámbito judicial, la decisión está en el Consejo de Participación Ciudadana. Este martes 8 de febrero ese organismo conocerá de manera oficial la renuncia de Maldonado.

Y deberá decidir si solicita una terna a la Corte o principaliza a Román. En el Consejo hay opiniones divididas por lo que se prevé que se pidan criterios jurídicos a los abogados del propio Cpccs y a la Procuraduría General del Estado.