Sobornos: El lunes 7 de septiembre se conocerá la sentencia final

Política

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

4 Sep 2020 - 12:30

Audiencia de casación por el caso Sobornos 2012-2016, en la Corte Nacional. 4 de septiembre de 2020. - Foto: Corte Nacional

Sobornos: El lunes 7 de septiembre se conocerá la sentencia final

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

4 Sep 2020 - 17:10

El Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) suspendió la audiencia. Los jueces darán a conocer su decisión final el 7 de septiembre de 2020.

Luego de 30 minutos de deliberación, el Tribunal de la CNJ resolvió tomarse tres días para deliberar y dar a conocer su decisión el lunes 7 de septiembre a las 15:00.

La audiencia de casación del caso Sobornos se había reinstalado el viernes 4 de septiembre a las 09:00.

Hasta las 12:00 intervinieron nuevamente los 16 abogados de los solicitantes de la casación, en su derecho a la réplica. También lo hicieron los representantes de los cuatro sentenciados a quienes se les negó el recurso.

Además, se dio la palabra a los procesados a través de la figura denominada “derecho a la última palabra”.

El expresidente Rafael Correa intervino -a través de conexión digital- desde Europa.

“Jamás he permitido un soborno, es una persecución política. Están destruyendo familias por perseguirme a mí. Para tratar de inculparme se han inventado nombres: arroz verde, sobornos y cuadernos escritos de un viaje de Quito a Guayaquil”, dijo el exmandatario.

También habló de fraude procesal y se dirigió a los jueces “Señores magistrados en sus manos está el parar. La Interpol les rechaza todo, Bélgica se les ríe”, dijo.

También Alexis Mera, exsecretario jurídico, uso su derecho a la última palabra. Aseguró que por enfrentar a la justicia está encerrado en su casa, con arresto domiciliario.

Si dicen que tengo toda la plata del mundo ya no estuviera aquí. Estuviera en México o Argentina, pero estoy encerrado con siete policías en mi casa”, expuso el exfuncionario.

Pedro Verduga, representante de Equitesa, una de las empresas involucradas, intervino desde una cama -conectado a equipos médicos- debido a afectaciones de salud. Es una persona de más de 80 años. Pidió a los jueces que consideren su estado.

Un paso más

Si bien la casación es el último recurso de un proceso penal, el lunes 7 de septiembre de 2020, la sentencia no se ejecutará de inmediato, en caso de que se ratifique.

Gabriel Ponce, abogado penalista, explica el proceso que debe mediar para que el fallo definitivo entre en vigencia.

  • Primero, el Tribunal tiene hasta 10 días para notificar la sentencia por escrito.
  • Una vez notificados, los sentenciados tienen tres días para interponer recursos de aclaración y ampliación de esa sentencia. Estos no pueden cambiar el contenido del fallo.
  • Los jueces de casación deben resolver esos recursos.
  • Una vez resueltos, la sentencia queda ejecutoriada y se hacen efectivas las diferentes aristas de la sentencia como la pérdida de los derechos políticos de los sentenciados.
  • Pero, además, el Tribunal de Casación debe enviar el proceso al Tribunal de Apelación y este, a su vez, al Tribunal de Juzgamiento. Solo los magistrados de esa instancia pueden emitir las órdenes de captura para los posibles sentenciados.

Los plazos del proceso entran en juego por los tiempos electorales. Si una eventual sentencia contra Rafael Correa no se ejecuta antes del 18 de septiembre, el exmandatario podrá terciar en las elecciones de 2021.

Primer día de audiencia

Luego de 10 horas de audiencia, a las 20:12 del jueves 3 de septiembre de 2020, concluyó la primera jornada de la audiencia de casación del proceso.

El Tribunal conformado por los conjueces Lauro de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra suspendió la diligencia. Y convocó para su reinstalación a las 09:00 del viernes 4 de septiembre.

Una vez que los magistrados escucharon la intervención de los 16 solicitantes de la casación, así como de la Fiscalía y de la Procuraduría, en el segundo día de audiencia se recibirán las réplicas y las intervenciones de los cuatro procesados a los que no se les admitió la casación.

De esta manera, se conocerá si la sentencia de primera y segunda instancia con la que se declaró culpables del delito de cohecho a 20 personas, encabezadas por el expresidente Rafael Correa, se ratifica o se revierte.

Pablo Encalada, abogado penalista y defensor de uno de los procesados, explicó que en casación -generalmente- se conoce el fallo el mismo día del término de la audiencia.

Por motivos de bioseguridad, la audiencia de casación se realiza en dos salones de la CNJ. 16 sentenciados intentaron -con un último recurso- revertir la sentencia en su contra.

Estos fueron los argumentos presentados por los procesados:

La fiscal Diana Salazar, por su parte, contradijo una a una las argumentaciones hechas por los sentenciados. En el caso de Correa, por ejemplo indicó que no existe la interpretación errónea que planteó su defensa.

Asimismo el procurador Íñigo Salvador, como acusador particular, individualizó la réplica para cada procesado. Por ejemplo, dijo que Viviana Bonilla sí es parte de la estructura porque recibió dinero de empresas para su campaña para la Alcaldía de Guayaquil.

El caso

El caso Sobornos 2012-2016 empezó con una publicación de prensa. El 3 de mayo de 2019, el portal Periodismo de Investigación publicó una nota titulada Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador.

En ese reportaje se expusieron documentos filtrados de la Presidencia de la República, durante la administración de Rafael Correa.

Según esas filtraciones, los funcionarios cercanos al mandatario exigieron sobornos de empresarios a cambio de contratos con el Estado. Y ese dinero se utilizó para financiar las campañas electorales de 2013 y 2014 de Alianza PAIS.

Al día siguiente, y luego de que la Fiscalía abrió una investigación previa, fueron detenidas Pamela Martínez, exasesora de Correa; y Laura Terán, la mano derecha de Martínez.

26 días después, también fueron capturados Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, exsecretario Jurídico y ministra de Obras Públicas, respectivamente.

En agosto de 2019, fueron vinculadas al caso 22 personas: 10 funcionarios públicos, encabezados por Correa, además de 12 empresarios.

Martínez y Terán aceptaron los cargos y se convirtieron en cooperadoras eficaces. En sus testimonios anticipados dieron cuenta del funcionamiento de la estructura criminal.

Ellas eran las encargadas de recibir los sobornos y repartirlos entre funcionarios y dirigentes políticos de AP. Además, llevaron un sistema de contabilidad a través de cinco archivos digitales.

El 3 de enero de 2020, la jueza Daniella Camacho resolvió llamar a juicio a 21 de los 24 procesados por el presunto delito de cohecho.

Entre el 10 de febrero y el 5 de marzo se realizó el juicio. El Tribunal de la CNJ declaró culpables a 20 de los 21 acusados. Esa sentencia se notificó por escrito el 7 de abril y se ratificó luego de la apelación del 2 de julio de 2020.

La sentencia

Además, de la pena de cárcel que deben cumplir los sentenciados, hay otros puntos en el fallo.

  • La colocación de una placa, por parte de los procesados, en la Presidencia de la República en cuyo texto tiene que constar la identificación del caso y el siguiente texto en español y quichua: “Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley, la función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción la ética como principio rector”.
  • Expresión de disculpas públicas por parte de los condenados en la Plaza de la Independencia, en Quito.
  • Asistir y acreditar el cumplimiento de capacitación por 300 horas sobre un curso de ética laica y transparencia en la administración pública.

Además, se ordenó que el monto de reparación que deben cancelar los sentenciados es de USD 14,7 millones. La deuda se reparte de la siguiente manera:

  • Autores por instigación, coautores y autores directos: USD 778.224,07 cada uno.
  • Cómplices: USD 368.632, cada uno.

En el caso de la inhabilitación política, se estableció que todos los sentenciados perderán sus derechos políticos por ocho años.

Esto quiere decir que -por este tiempo- no pueden elegir ni ser elegidos democráticamente para ningún cargo. El primer afectado podría ser Rafael Correa, quien ha mostrado su interés por candidatizarse a vicepresidente en 2021.

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