La consulta de Yasunidos, la de Quito sin Minería y la del Gobierno están en trámite, con expectativa de llegar a las urnas junto con las elecciones seccionales. Las tres plantean preguntas sobre extracción de recursos naturales.
Las elecciones de 2023 podrían tener hasta tres papeletas adicionales, de referendo y consultas populares ciudadanas. Las tres iniciativas aún están en trámite y no tienen asegurada su llegada a las urnas. Sin embargo, hay un punto que las une: los temas ambientales.
Tanto las iniciativas ciudadanas de Yasunidos y de Quito sin Minería, como la del referendo constitucional del Gobierno, tratan sobre la extracción de recursos naturales. Por lo que si las tres pasaran los filtros y llegaran a ser confirmadas, una buena parte de la campaña se centrará en el medioambiente.
Pero los efectos que cada una de estas preguntas puede llegar a tener son distintos. Y esto podría incluso llegar a confrontar a los proponentes si la campaña electoral coincide.
Las dos consultas ciudadanas apuntan a frenar las actividades extractivas en determinadas áreas, algo que podría resultar en una afectación económica para el Gobierno. Mientras que la propuesta del Gobierno más bien busca incluir áreas de protección hídrica en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y crear compensaciones por servicios ambientales.
Las preguntas sobre el ambiente
Cada propuesta es distinta y enfrenta un trámite diferente, sea por la naturaleza de la propuesta o por el tiempo que ha pasado, en el caso de Yasunidos. Aun así, todas tienen los plazos suficientes para que puedan coincidir en las urnas en febrero de 2023.
El hecho de que coincidan sería un beneficio para el Estado, financieramente hablando. Según la presidenta del CNE, Diana Atamaint, una consulta popular individual podría llegar a costar unos USD 40 millones.
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La pregunta de Yasunidos
Yasunidos recibió el certificado de haber cumplido con las firmas necesarias para llamar a consulta popular el 27 de septiembre pasado. El 14 de octubre, la causa ingresó a la Corte Constitucional para que revise la pregunta, en lo que sería el último paso para esta iniciativa de consulta popular.
El proceso fue sorteado a la jueza Carmen Corral. Los magistrados tienen hasta mediados de noviembre (20 días laborables) para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la pregunta, es decir, para revisar que haya cumplido el procedimiento correcto y que sea clara y no induzca al elector.
La consulta que Yasunidos impulsa, planteada en 2013, dice:
¿Está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo?
Si la Corte Constitucional se pronuncia a favor de la consulta de Yasunidos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 15 días para convocar a la consulta dentro de los 70 días siguientes. Esto sería hasta mediados de febrero, por lo que coincidiría justamente con las elecciones seccionales.
De ganar el "Sí" en esta consulta popular, sus proponentes plantean que habría que suspender y cancelar toda actividad petrolera en los campos Ishpingo, Tiputini y Tambococha.
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La consulta de Quito sin Minería
El colectivo Quito sin Minería entregó este 24 de octubre de 2022 más de 380.000 firmas para llamar a consulta popular en el cantón Quito. Plantean cuatro preguntas, que en resumen dicen:
¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica de escala artesanal, gran, mediana y pequeña escala dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino?
El colectivo espera poder entregar más firmas hasta finales de mes. El CNE tendría, por lo tanto, hasta el 15 de noviembre para revisar las rúbricas y entregar un certificado que determine si cumplieron o no con los requisitos.
En este caso, la pregunta ya fue verificada por la Corte Constitucional. Por lo que, si el colectivo cumple con las 197.424 firmas que necesita, el CNE debería convocar a la consulta popular dentro de 15 días, para que se realice dentro de los 70 días siguientes. Es decir, también coincidiría con las elecciones seccionales de 2023.
El efecto que esta consulta popular tendría, en caso de ganar el "Sí", es la reversión y suspensión de las 12 concesiones mineras que funcionan en la Mancomunidad del Chocó Andino.
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Las dos preguntas del Gobierno
El Gobierno planteó dos preguntas de referendo constitucional relacionadas con el medioambiente. La primera postula:
¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?
Y la segunda dice:
¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?
El trámite de la iniciativa está, de momento, en pausa. Estas dos preguntas recibieron el visto bueno de la Corte Constitucional para realizarse a través de una enmienda constitucional, es decir, que vayan a las urnas directamente.
Sin embargo, el Gobierno ha detenido su trámite hasta que reciba la respuesta sobre otras dos preguntas que decidió enviar a la Corte. Los magistrados no tienen plazo para hacer este pronunciamiento.
Una vez que el Gobierno obtenga un resultado favorable en la Corte para todas las preguntas que desea enviar, el presidente Guillermo Lasso debe emitir un decreto ejecutivo con las preguntas (de referendo y de consulta, que el Gobierno también ha anunciado). Entonces, las preguntas pasan nuevamente a la Corte Constitucional para una segunda revisión, que tiene 20 días de plazo.
De obtener un resultado favorable en la Corte, el CNE tiene 15 días para llamar al referendo, para que se realice en los 70 días siguientes. Es decir, también coincidiría con las elecciones 2023.
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