Columnista invitada
El oro que está reemplazando a la cocaína en la Amazonía
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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El crimen va cambiando de lugar. Y de formas. Ya no se limita a los puertos ni a los circuitos tradicionales de corrupción. Se hace evidente cada vez que se menciona la expansión del crimen organizado hacia territorios menos discutidos: la Amazonía ecuatoriana. Allí, donde históricamente el Estado ha tenido una presencia débil, comienzan a emerger dinámicas criminales de las que muchos aún prefieren no hablar. Cuando hay resistencia a nombrar el fenómeno, es precisamente cuando está creciendo.
En la actualidad, los grupos delictivos que operan en las zonas amazónicas, como Los Lobos en Ecuador, las disidencias de las FARC en Colombia y estructuras como el Frente Comuneros del Sur, están generando más ingresos a partir de la minería ilegal que del narcotráfico. No se trata solo de la extracción de oro, sino también de materiales críticos cada vez más demandados en mercados globales con alta incertidumbre.
Según Bram Ebus, criminólogo y fundador de Amazon Underworld, la minería ilegal en Ecuador se ha consolidado como un fenómeno de alta complejidad, con presencia en provincias como Carchi, Zamora y Sucumbíos. A diferencia de otros mercados ilícitos, no existe un actor dominante que controle la cadena del oro, lo que ha intensificado la competencia entre grupos criminales locales e internacionales.
En este contexto, la expansión de organizaciones colombianas hacia territorio ecuatoriano ha añadido nuevas capas de conflictividad. Más preocupante aún es la evidencia de que actores estatales, incluidas fuerzas armadas y entidades de control, participan, directa o indirectamente, en la captura de rentas provenientes de estas economías ilícitas. En la práctica para Ebus, esto se traduce en esquemas de soborno que incorporan pagos en oro, un medio particularmente funcional por su opacidad y difícil trazabilidad.
Los proyectos de minería ilegal a lo largo de la cuenca amazónica en Perú, Ecuador, Venezuela, Brasil y Colombia comparten un modus operandi similar. Estas operaciones requieren inversiones significativas que no dependen exclusivamente de grupos delictivos organizados, sino también de redes de financiamiento más amplias, que incluyen inversionistas “legales” dispuestos a asumir riesgos a cambio de altas rentabilidades.
Por ello, seguir la ruta del dinero resulta crucial para desmantelar los nexos políticos y económicos que sostienen el fenómeno. Se trata de una economía ilícita no solo violenta, sino profundamente destructiva: el uso intensivo de mercurio en los procesos de extracción contamina ríos y fuentes de agua, con efectos duraderos sobre los ecosistemas y las comunidades.
Ebus sostiene que existen estrategias de mediano y largo plazo que dan resultados. La prioridad es revertir el proceso de “des-estatización” en la Amazonía ecuatoriana. Para ello identifica dos frentes clave. El primero es el aparato de seguridad, cuya capacidad sigue siendo limitada: los operativos suelen ser ineficientes, la cooperación entre países amazónicos es débil y la corrupción erosiona los esfuerzos. El segundo frente son las comunidades locales, que con frecuencia operan bajo coerción y terminan insertas en circuitos de trata y tráfico.
Cerrar la brecha de confianza entre el Estado y estas comunidades es un punto de partida indispensable. Sin ese vínculo, cualquier estrategia para contener la expansión del crimen organizado en la Amazonía será insuficiente.
Las intervenciones actuales que están centradas exclusivamente en la fuerza, sin atacar las estructuras financieras que sostienen estos proyectos, tienden a producir un “efecto frontera”. Ante la presión militar, los grupos criminales se repliegan temporalmente al otro lado de la línea limítrofe; al poco tiempo, regresan con nuevos reclutas y maquinaria. Sin una estrategia que siga la ruta del dinero, estas operaciones resultan desplazamientos momentáneos del problema.
Romper este ciclo de violencia y crimen organizado exige algo más que presencia militar: requiere transparencia, cooperación regional efectiva y, sobre todo, la voluntad política de seguir la ruta del dinero hasta sus últimas consecuencias. Entre especialistas, desde Guayaquil hasta Washington o Roma, existe un consenso claro: una política seria contra el crimen organizado comienza por rastrear y desarticular sus flujos financieros, incluso cuando ello implique incomodar a actores con poder.