Cuando el análisis político pierde valor

Ojalá todos habláramos de política en el país. Ese sería un signo inequívoco de que el tejido social se encuentra revitalizado, que hay espacios de gestación de ideas y que existe un proyecto de vida en común. Más allá de diferentes posicionamientos respecto a una diversidad de temas, la discusión política enriquece al régimen democrático y da luces sobre la realidad nacional. Lo que, por el contrario, obscurece la discusión política, es que no asumamos abiertamente el lugar desde el que emitimos nuestro criterio. No se trata de evaluar la calidad de unas opiniones respecto de otras pues de ese juicio se encarga la audiencia. 

Lo que preocupa es que no seamos capaces de señalar desde qué posición hablamos y ahí la responsabilidad es compartida, tanto de quien produce el análisis como del medio de comunicación que desinforma a la ciudadanía sobre el rol que desempeña la persona que propone ideas. Un ejemplo ayuda. Hace poco tiempo, un ciudadano aparecía bajo el rótulo de analista político en diversos medios de comunicación a la par que se desempeñaba como asesor del gobierno de turno. La crítica no es a que un funcionario público pueda colocar sus opiniones sobre la coyuntura del país. La crítica es a la falta de transparencia en cuanto a informar a la ciudadanía desde qué lugar se generan los argumentos.

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Casos como el anotado son cada vez más comunes. Asesores, funcionarios y consejeros de diferentes vertientes ideológicas, aparecen como analistas políticos cuando su condición es distinta, al menos por el tiempo que cumplen cargos públicos. Nuevamente, no se trata de evadir esas opiniones sino simplemente de que se transparente a la ciudadanía cuáles son los lentes desde los que se hace la lectura del acontecer político del país. De hecho, siempre será extremadamente útil escuchar los criterios de quienes viven desde adentro la cocina de las políticas públicas pues su posición nos permite entender muchos detalles de las decisiones políticas que son desconocidos para quienes estamos del otro lado de la orilla.

La discusión previa, debe quedar claro, no tiene que ver con las orientaciones políticas que tenemos todos, tanto los que son parte del servicio público como los que están en el sector privado. El debate de fondo está relacionado con el respeto que merece la ciudadanía para que le informen de forma certera no solo sobre los hechos políticos sino también sobre quién los está interpretando. Esa omisión, en la que los medios de comunicación juegan un rol importante y son parte del problema, es el caldo de cultivo perfecto para que desde sectores interesados se siembren dudas sobre la actividad de los periodistas y del periodismo. Aunque el daño que se genera a la opinión pública en general es relevante, da la impresión de que no se lo observa en su real dimensión.

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Asumir un cargo en el sector público, por tanto, implica una serie de renunciamientos o limitaciones y una de ellas es que, durante ese espacio de tiempo, la persona deba presentarse ante los medios de comunicación anteponiendo sus funciones. Asesor presidencial, asesor municipal, asesor legislativo, etc. Todos ganaríamos con una aclaración tan simple pero tan necesaria para mantener la confianza ciudadana en la opinión pública. Ganaría además el nivel de debate público pues se podrían sopesar los argumentos escuchados en función de los intereses - legítimos desde luego - que están detrás de quien emite sus criterios.  

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Cambios elementales como el descrito aportarían a reconstituir el análisis político en el país. No se trata de soluciones que demanden esfuerzo de reformas legales ni la intervención de actores políticos. Se trata simplemente de un ejercicio ciudadano de transparencia tanto de quienes hacen opinión pública como de los medios de comunicación que ofrecen los espacios. Las grandes reformas empiezan por variaciones básicas, y esta es una de ellas.