El peligroso discurso de la estigmatización

Los jueces y fiscales son corruptos y trabajan para el crimen organizado. Son parte de las estructuras delincuenciales y su labor es protegerlas, tutelarlas y dejar en libertad a sus alfiles en cuanto han sido aprehendidos por las fuerzas del orden. En resumen, mientras policías y militares trabajan en beneficio de la seguridad de la gente, los jueces y los fiscales están en la orilla opuesta. Uno de los enemigos a vencer es, por tanto, todo lo que guarde relación con la administración de justicia. Allí está la raíz de la podredumbre del país.

Ese es el discurso que va ganando espacio en la sociedad. Suena bien, vende bien, genera muchos titulares y permite colocar a los jueces y fiscales como el centro del problema. Al gobierno, posicionar esa narrativa también le resulta beneficioso pues, a fin de cuentas, cualquier deficiencia en términos de la política pública de seguridad puede ser endosada a quienes se encargan de ofrecer el servicio judicial. Quien se atreva a defender la acción de jueces y fiscales, claramente, es estigmatizado al igual que ellos: defensores de la delincuencia organizada.

Sin embargo, hay que correr el riesgo del estigma social y decir un par de cosas en favor de jueces y fiscales.

En primer lugar, hay jueces y fiscales honestos que no tienen por qué ser vilipendiados de esa forma. El hecho que existan funcionarios judiciales que han plegado, como efectivamente lo han hecho, en favor del crimen organizado, es indiscutible, pero de allí a amplificar la responsabilidad hay una distancia enorme. Esa generalización es peligrosa pues puede abrir espacio a que el poder político se apropie de forma más clara y abierta de las cortes de justicia.

Al respecto, lo ocurrido recientemente en México, a propósito de la reforma judicial, hábilmente manejada para expandir la influencia del gobierno al órgano judicial, debe servirnos de lección de lo que no podemos permitir que ocurra acá. Vender la idea de la elección popular de jueces como una forma de ampliar la democracia, como lo hicieron López Obrador o Sheinbaum, no es sino un paso más hacia el autoritarismo.

En segundo lugar, hay jueces y fiscales que si bien toman decisiones que favorecen a la delincuencia organizada, no lo hacen por tener vínculos organizacionales con estos grupos sino simplemente por temor. Plata o plomo, qué prefieres. Ante esa disyuntiva, la salida es clara: mantener el espacio laboral, mantener la vida propia y la de la familia. Ahí la supervivencia vence a los ideales. Pongámonos también del lado de ese grupo de servidores judiciales y analicemos fríamente el tema. Desde afuera todo es más fácil. Desde la cotidianeidad de juzgados y tribunales de justicia las historias son bien distintas.

Pero ya que estamos en el plano inquisitorial, valdría la pena poner en discusión las seguridades que tienen jueces y fiscales para hacer su trabajo, las condiciones materiales bajo las que operan y, en definitiva, el entorno que les ofrece el aparato estatal para tan dura tarea.

Ahí las responsabilidades salen del Poder Judicial, se sitúan en otros espacios de decisión pública y, como consecuencia, ya no nos gusta tanto esa perspectiva. Lo fácil, desde luego, es revelar nombres y someterlos al estigma. ¡Caiga quien caiga! Caigan los que tienen las manos manchadas por su involucramiento con el crimen organizado y también los que no tiene una relación directa sino temor o simplemente decisiones apegadas a lo que manda la ley. Todo eso, no importa, hay que irse encima de jueces y fiscales. Gremios judiciales, silencio absoluto. Consejo de la Judicatura, mirando a otro lado. Opinión pública, mutis por el foro.

Claro que el Poder Judicial tiene un problema de corrupción estructural, desde luego. Pero si ese diagnóstico está identificado, ¿por qué no planteamos una verdadera academia de formación de jueces y fiscales o un órgano disciplinario que sea autónomo para sancionar comportamientos reñidos con la ley? ¿Por qué no decimos nada sobre las centenas de facultades de derecho y de posgrados con niveles académicos lamentables? Omitimos esa discusión porque al ser de fondo no genera réditos políticos ni apoyos en las redes sociales. En esa línea, y a propósito de las denuncias del gobierno contra jueces y fiscales, ... ¿por casa cómo andamos? El país espera hace meses la terna del Ejecutivo para integrar el Consejo de la Judicatura.

***

Hay jueces y fiscales corruptos y que son, directa o indirectamente, parte del crimen organizado que asola al país. De eso no hay duda. Pero ese hecho no es suficiente ni justifica la estigmatización de todo el Poder Judicial. Una generalización de ese tipo no solo hace daño a las personas involucradas, sino que es el caldo de cultivo perfecto para la arremetida de quienes creen poco en la democracia, la división de poderes y el respeto al Estado de Derecho. Hay que estar atentos.