A la cuarta es la vencida: qué esperar de la política económica de Keiko Fujimori en Perú
La oportunidad para el Ecuador, aparte de tener una mejor relación con el vecino del Sur, es la cooperación para enfrentar el fenómeno de El Niño, el cambio climático y las cuencas transfronterizas.
Fotografía de la candidata Keiko Fujimori, virtual ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú.
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EFE
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El Perú que recibirá Keiko Fujimori el 28 de julio de 2026 no es el país que ella esperaba gobernar. Es un país con 204 conflictos socioambientales activos, una brecha de infraestructura de USD 363 mil millones según AFIN, más de 2.241 obras públicas paralizadas y, sobre todo, con el reloj climático corriendo en su contra.
Además, se acaba de elevar a fuerte el pronóstico del Fenómeno de “El Niño Costero” —que ya presenta intensidad alta entre junio y septiembre— y proyecta que podría coincidir con un “El Niño” global de alcance ecuatorial entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, en lo que los especialistas describen como una “doble amenaza” hidrometeorológica. La última vez que esa combinación ocurrió fue en 1997-1998, cuando las pérdidas alcanzaron el 6% del PBI. Cabe recordar que, en aquel entonces, el presidente del Perú era Alberto Fujimori.
La candidata que ganó en su cuarto intento, por unas decenas de miles de votos, tiene una agenda apretada antes de que lleguen las primeras lluvias.
Un modelo económico conocido
El núcleo de la propuesta económica de Fuerza Popular es conocido, porque lleva tres décadas siendo el mismo: economía social de mercado, rol subsidiario del Estado, autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), respeto irrestricto a los contratos ley e inversión privada como motor del crecimiento.
Lo novedoso en 2026 no es la filosofía, sino la magnitud de las metas y la calidad del equipo que las respalda. Luis Carranza —exministro de Economía de Alan García, exdirector del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y expresidente ejecutivo de la CAF— lidera el frente económico con una sola consigna: atraer entre USD 5.000 y 7.000 millones adicionales de capital privado al año para generar 500.000 empleos formales.
Carranza diagnostica que el estancamiento no tiene raíces en el modelo sino en su distorsión: “Con Ollanta Humala arranca el crecimiento exacerbado del Estado, el aumento innecesario de regulaciones y trámites, que al final va generando huecos y disminuyendo el crecimiento económico”, declaró días antes del debate técnico del JNE, en el cual participó como vocero económico.
El plan de gobierno —presentado bajo el lema ‘Perú con Orden’ y sin modificaciones desde diciembre de 2025— promete reducir el déficit fiscal al 1% del PBI para 2031, restablecer la regla fiscal, y aplicar lo que Carranza llama un “shock desregulatorio”: eliminar 500 trámites administrativos, digitalizar el 80% de los procedimientos empresariales y reducir en 40% el tiempo de tramitación de proyectos de inversión.
El mecanismo preferido para infraestructura serán las asociaciones público-privadas (APP) y las “obras por impuestos” (que la empresa privada haga determinadas obras a cambio de deducciones de impuestos). Marco Antonio Vinelli, coordinador del plan de gobierno y representante en el debate técnico de agricultura, fue explícito: “Nosotros somos el orden. Lo que le ofrecemos a la población es ordenar la economía, ordenar el Estado para que la gente viva tranquila y pueda desarrollarse”. El plan, precisó Vinelli, no ha sufrido modificaciones —a diferencia del programa de su rival, que aún estaba “en revisión”—, lo que en el lenguaje de la tecnocracia peruana equivale a decir: aquí no hay letra pequeña.
La minería es el corazón de todo. Perú es el segundo productor mundial de cobre, el tercero de zinc y el sexto de oro; la minería representa el 10% del PBI, el 60% de las exportaciones y el 15% de la recaudación fiscal. Fujimori propone modernizar la Ley General de Minería con plazos obligatorios de exploración y producción, un fast track para proyectos estratégicos, incentivos tributarios a la reinversión y una Ventanilla Única Minera Electrónica con inteligencia artificial, interoperable con SUNAT y los gobiernos regionales.
La señal para los mercados es clara: los contratos ley son sagrados. Cuando la ONPE comenzó a inclinar el conteo hacia Fujimori, el sol peruano se apreció frente al dólar —llegó a ubicarse alrededor de S/ 3,38— reflejando la percepción del sector privado: menor incertidumbre regulatoria, menor riesgo país.
La agroexportación es la otra joya del modelo que el fujimorismo promete no solo preservar sino expandir. Las ventas agrícolas al exterior superaron los USD 15 mil millones en 2025, partiendo de apenas USD 500 millones en el año 2000. Vinelli comprometió 20 mil millones de soles en cinco años para irrigación —la represa Chonta en Cajamarca, Majes Siguas II en Arequipa, Chavimochic III en La Libertad— y la entrega de 5.000 tractores a comunidades agrícolas.
También anunció la reactivación del Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos y asistencia técnica nacional para la pequeña agricultura, con un mensaje directo a los productores de banano de Piura y Tumbes, a los cafetaleros y a los arroceros. La apuesta es que el mismo modelo que multiplicó treinta veces las agroexportaciones puede hacer lo propio con la agricultura familiar, si se le dan las herramientas institucionales adecuadas.
El Niño que no fue invitado
Pero hay una variable que no estaba en ningún plan de gobierno y que va a dominar los primeros meses del gobierno: el clima. Carlos Neuhaus Tudela, representante de Fuerza Popular en el bloque de infraestructura del debate técnico, lo dijo sin rodeos: “La última vez que el Estado estuvo preparado para El Niño fue en los 90. Sabemos que este será fuerte”. El ENFEN confirma esa intuición con datos: existe un 48% de probabilidad de que el Niño Costero mantenga intensidad fuerte entre diciembre de 2026 y los primeros meses de 2027, y la NOAA proyecta que el Niño global —en el Pacífico central— alcanzaría su pico entre noviembre de 2026 y enero de 2027, coincidiendo con la temporada de lluvias en el norte peruano.
La superposición de ambos fenómenos es el escenario que más preocupa a los especialistas de Piura a Lima: inundaciones en el norte, huaicos (deslaves de lodo y piedras), destrucción de carreteras y pérdida de cultivos, en regiones donde más del 60% de las obras de drenaje y prevención siguen inconclusas.
Aquí se produce la primera tensión interna del modelo fujimorista: un gobierno comprometido con reducir el déficit fiscal al 1% del PBI tendrá que financiar simultáneamente la prevención del desastre —obras de encauzamiento, muros de contención, sistemas de alerta temprana— y la reconstrucción posterior.
El precedente más cercano es El Niño Costero de 2017, que dejó pérdidas estimadas en USD 3.100 millones y obligó al gobierno de Kuczynski a crear la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, cuya ejecución fue famosa por su lentitud. Neuhaus propone infraestructura preventiva, licitaciones transparentes con tecnología anticorrupción y profesionales competentes en los gobiernos regionales. Son las condiciones correctas, pero la implementación requiere capacidad institucional que no se construye en semanas. Si El Niño llega en noviembre con la fuerza que proyectan los modelos, el gobierno de Fujimori habrá gobernado exactamente cien días.
Tensión redistributiva
La segunda tensión es distributiva. El plan de Fuerza Popular promete destinar hasta el 40% del canon minero directamente a las comunidades de las zonas extractivas, fortalecer Pensión 65, construir 3.000 colegios y distribuir 6 millones de laptops. Son cifras que impresionan en un discurso pero que implican presupuesto público simultáneo al gasto de emergencia climática.
El economista Juan Carlos Odar, de Phase Consultores, lo advirtió antes de las elecciones: “Sea quien gane, vamos a tener incremento del gasto y eso significa más déficit en los siguientes meses”.
Carranza ha respondido que el Perú tiene fortaleza fiscal suficiente para absorber el choque —la deuda pública ronda el 35% del PIB, muy por debajo de la media regional—, pero esa fortaleza es precisamente el activo que Fujimori no puede dilapidar si quiere mantener el grado de inversión y la confianza de los mercados que son el cimiento de todo su modelo. El margen existe, pero es estrecho.
Lo que el 28 de julio inaugura no es solo un gobierno: es el cuarto intento de Keiko Fujimori de demostrar que el legado económico de su padre —la estabilización de 1990, la desinflación, la apertura comercial— puede sobrevivir separado de su herencia autoritaria. Tiene el equipo técnico más sólido de sus cuatro campañas, tiene los contratos y la Constitución a su favor, y tiene el viento geopolítico regional en la dirección correcta: un Perú con inversión privada activa es un ancla de estabilidad en una América Latina que suma elecciones complicadas.
Pero tiene también una deuda pendiente con la distribución —el Gini mejoró de 55 a 40 en 25 años, pero el mapa de la pobreza y el mapa de la conflictividad socioambiental siguen siendo similar—, y tiene un fenómeno climático que se está gestando frente a las costas de Piura con una indiferencia perfecta hacia los planes de gobierno. El orden que prometió Fujimori deberá imponerse también a la naturaleza.
Un país vecino menos conflictivo
Para el Ecuador, la llegada de Fujimori al Palacio de Pizarro tiene implicaciones que van más allá de la retórica de buena vecindad. El modelo fujimorista de apertura comercial y seguridad jurídica para la inversión extranjera creará un polo de atracción de capitales en la región andina que inevitablemente compite con Quito.
Un Perú con fast track minero, APP activas, regla fiscal creíble y tipo de cambio estable será más atractivo para las inversiones en recursos naturales e infraestructura que un Ecuador que aún no ha logrado destrabar los proyectos del sector minero y de energía renovable que lleva años prometiendo. La presión competitiva será real: si Lima lanza en los próximos meses un paquete de destrabe de proyectos mineros de cobre y oro en el corredor andino sur, parte del capital que hoy evalúa el Ecuador como destino podría migrar hacia el sur.
Pero hay también una oportunidad. Un Perú fujimorista con vocación agroexportadora y seguridad hídrica en el norte —donde los proyectos de irrigación de Piura y Tumbes son colindantes con las cuencas fluviales que comparten ambos países— puede ser un interlocutor natural para acuerdos de integración energética y de gestión compartida del recurso hídrico en el contexto de El Niño.
- Ecuador-Perú, una relación bilateral que sobrevive a la inestabilidad política entre dudas y demoras
La diplomacia climática entre Ecuador y Perú ha sido históricamente reactiva: se activa cuando llegan las inundaciones y se olvida cuando ceden las lluvias. El doble Niño que se proyecta para 2026-2027 podría ser, paradójicamente, la ocasión para construir un mecanismo permanente de alerta temprana y respuesta coordinada entre ambos países, si los dos gobiernos tienen la lucidez de convertir la amenaza compartida en una agenda común.
En ese escenario, la tecnocracia de Fuerza Popular —pragmática, orientada a resultados, acostumbrada a hablar con multilaterales— sería, para Ecuador, un socio más predecible que el caos de nueve gobiernos en una década que queda atrás.
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