La montaña de deuda pública amenaza a la estabilidad global, incluida la de Ecuador
El endeudamiento público mundial llegará al 100% del PIB en 2029. Estados Unidos, Japón, Italia y otras economías avanzadas ya superaron ese umbral. El déficit fiscal estadounidense se acerca al 6% del PIB impulsado por recortes de impuestos y gastos militares. Ecuador enfrenta el caso paradójico de una deuda manejable en proporción, pero sofocante en términos de flujo de caja bajo su rígida dolarización.
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Cuando los historiadores buscan precedentes para la acumulación actual de deuda pública mundial, deben remontarse a 1948, al mundo en ruinas que dejó la Segunda Guerra Mundial. Hoy no hay guerra total. Hay, en cambio, una combinación de factores que resulta igualmente poderosa: déficits fiscales estructurales, tasas de interés que se niegan a volver a la era del dinero barato, poblaciones que envejecen y presupuestos militares que vuelven a crecer. El resultado es una deuda soberana global que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzó el 94% del PIB mundial en 2025 y llegará al 100% en 2029, un año antes de lo proyectado hace apenas 12 meses.
Los datos son elocuentes. El Instituto Internacional de Finanzas (IIF) informó en mayo de 2026 que la deuda global total —pública y privada, de gobiernos, empresas y hogares— alcanzó un récord de USD 353 billones al cierre del primer trimestre, equivalente al 305% del producto interno bruto (PIB) mundial. Solo en ese trimestre, la deuda creció más de USD 4,4 billones. Y la OCDE, por su parte, advierte que los gobiernos de sus países miembros deberán refinanciar o contraer nueva deuda por USD 18 billones solo en 2026, el nivel más alto registrado, mientras que la deuda soberana de los países miembros de la OCDE llegó a USD 61 billones en 2025, equivalente al 83% del PIB de ese grupo.
El mapa de la deuda
Para entender la magnitud del problema conviene precisar los conceptos. La deuda pública bruta es el total de obligaciones financieras del gobierno, incluidas las que el Estado tiene consigo mismo (por ejemplo, cuando el banco central posee bonos del Tesoro o cuando el fondo de pensiones público financia al gobierno).
La deuda pública neta descuenta los activos financieros del gobierno y permite una comparación más ajustada entre países con distintas estructuras institucionales. Japón, por ejemplo, tiene una deuda bruta superior al 255% del PIB, pero una deuda neta que, aunque elevada, es considerablemente menor gracias a los activos del Fondo de Pensiones de Japón y otros instrumentos estatales. La distinción importa: el FMI proyecta que la deuda bruta global llegará al 100% del PIB en 2029, mientras que la deuda neta, en promedio, es significativamente menor, aunque también en alza.
La deuda privada —la de empresas y hogares— es otro capítulo. Según el IIF, la deuda corporativa no financiera supera los USD 105 billones a escala global. En varios países, incluida China, el endeudamiento de las empresas estatales ha sido el motor del crecimiento reciente del crédito. La deuda de los hogares sigue siendo elevada en economías como Estados Unidos, Canadá y los países nórdicos.
Los campeones del endeudamiento soberano
Entre las economías avanzadas, los casos más llamativos son bien conocidos. Japón lidera con una deuda bruta que supera el 232% del PIB, aunque en términos netos es menor (alrededor del 98%). Su caso es singular: financia esa deuda principalmente con ahorro interno, con tasas de interés muy bajas históricamente, aunque el Banco de Japón ha comenzado a normalizar las tasas con efectos fiscales crecientes.
Italia presenta una deuda que ronda el 140% del PIB, con una economía de crecimiento lento y una carga de intereses que consume una proporción significativa del gasto público. El Monitor Fiscal del FMI de abril de 2026 señala que entre los miembros del G-20, otros países como Canadá, Francia, el Reino Unido y China ya tienen —o se proyecta que tendrán— deudas superiores al 100% del PIB.
Estados Unidos ya superó ese umbral: su deuda bruta alcanza 126% del PIB y tiene una trayectoria ascendente.
El Monitor Fiscal del FMI señala que esta acumulación responde a factores que refuerzan la tendencia: presiones de gasto en necesidades sociales, defensa y autonomía estratégica, junto con una carga de intereses en aumento. Adicionalmente, el FMI advierte que el espacio fiscal global ha desaparecido efectivamente, habiendo caído de más del 1% del PIB hace una década a prácticamente cero en la actualidad. Los pagos de intereses globales han subido nítidamente en cuatro años, pasando de alrededor del 2% al casi 3% del PIB mundial, lo que genera un efecto de desplazamiento sobre el gasto productivo.
Las consecuencias: intereses, inflación y ajuste
La acumulación de deuda no es solo un número contable, genera consecuencias económicas que se retroalimentan. La primera y más visible es el servicio de la deuda. A medida que los gobiernos refinancian obligaciones existentes a tasas más altas que las de origen, el peso de los intereses sobre el presupuesto se dispara.
El resultado es un déficit estructural que se alimenta a sí mismo: se gasta más en intereses, se emite más deuda, y la carga futura crece. La OCDE, en su Informe Global de Deuda 2026, subraya que los requerimientos de refinanciamiento alcanzaron un nuevo máximo de USD 13,5 billones en 2025 y que muchos países están acortando los plazos de sus emisiones para reducir el costo inmediato, lo que aumenta el riesgo de refinanciamiento.
La segunda consecuencia es el efecto sobre las tasas de interés. Cuando la deuda soberana de las principales economías crece aceleradamente, los mercados exigen mayores primas de riesgo. En Estados Unidos, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años han superado el 5%, nivel no visto en casi dos décadas.
El IIF advierte que la trayectoria de la deuda estadounidense es insostenible en el largo plazo, y Emre Tiftik, director del IIF para Mercados Globales y Política, señaló que, si bien no existe un riesgo inmediato para el mercado de bonos del Tesoro, las proyecciones a largo plazo apuntan a una senda insostenible. Tipos de interés más altos encarecen también el crédito privado, con potencial impacto negativo sobre la inversión y el crecimiento.
La tercera consecuencia es el riesgo inflacionario. Cuando los bancos centrales monetizan parcialmente la deuda o cuando los gobiernos inyectan gasto financiado con deuda en economías ya calientes, la presión sobre los precios puede resurgir. A esto se suma un efecto de credibilidad: si los mercados perciben que los gobiernos carecen de un plan fiscal creíble, pueden comenzar a anticipar episodios de inflación como salida indirecta al problema de deuda, lo que genera expectativas que se cumplen por sí mismas.
Frente a estos riesgos, el FMI hace un llamado urgente a un ajuste fiscal creíble, bien secuenciado y estructuralmente anclado. Las medidas sugeridas incluyen la revisión de subsidios regresivos, eliminación de subsidios a combustibles fósiles, el fortalecimiento de la administración tributaria, la revisión de regímenes de pensiones insostenibles (generalmente, aumentando edad de jubilación, reduciendo pensiones o aumentando aportes) y la mejora de la eficiencia del gasto público.
La OCDE añade que la consolidación fiscal no puede lograrse solo a través del recorte del gasto discrecional; requiere reformas estructurales que amplíen la base tributaria y contengan el gasto mandatario de largo plazo.
El caso estadounidense: impuestos recortados, ejército ampliado, deuda disparada
En ningún otro país el debate fiscal ha adquirido la urgencia que en Estados Unidos. La deuda federal bruta superó los USD 39 billones en marzo de 2026, habiendo pasado de USD 38 billones apenas cinco meses antes. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) proyecta que el déficit fiscal para el año fiscal 2026 llegará a USD 1,9 billones, equivalente a alrededor del 5,8% del PIB, y que se ampliará a USD 3,1 billones para 2036. La deuda en manos del público —que excluye las deudas intragubernamentales— de USD 31,2 billones, ya supera el 100% del PIB y se proyecta que alcanzará el 120% hacia 2036, superando el récord histórico del 106% registrado en 1946.
El mecanismo es políticamente revelador. La llamada One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), firmada por el presidente Trump en julio de 2025, extiende los recortes tributarios de 2017 y añade nuevas exenciones que benefician principalmente a las personas de rentas altas y las corporaciones.
Según el Centro para el Progreso Americano, la ley es la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos en una sola ley en la historia de los Estados Unidos y aumentará los déficits en USD 3,4 billones durante la próxima década. En paralelo, el gasto militar para el año fiscal 2026 supera los USD 892.000 millones (y el gobierno ha solicitado USD 1,5 billones para el próximo año fiscal). El resultado es un déficit estructural que la CBO proyecta en un promedio del 6,1% del PIB durante la próxima década.
La Fundación Peter G. Peterson, organización no partidista dedicada al análisis fiscal, ofrece un diagnóstico sobrio. Con una deuda nacional de USD 39 billones—y en camino de superar los USD 40 billones antes de las elecciones de mitad de mandato— el costo anual del servicio de la deuda ya supera el billón de dólares en 2026, casi tres veces el monto pagado en 2020.
Los pagos netos de intereses representarán en 2026 el 3,2% del PIB, el nivel más alto del período de posguerra, y superarán al gasto en defensa. La Fundación proyecta que, de mantenerse la trayectoria actual, los costos de intereses acumularán cerca de USD 100 billones en los próximos 30 años. Como señala Michael A. Peterson, CEO de la Fundación: “Pedir prestado billón tras billón a este ritmo acelerado sin tener un plan es la definición misma de insostenible”.
Un factor adicional perturba a los mercados: según el IIF, aunque el mercado corporativo estadounidense sigue siendo robusto —impulsado por emisiones vinculadas a empresas de inteligencia artificial—, la demanda internacional de bonos del Tesoro se ha mantenido prácticamente estancada desde comienzos de 2026, mientras que la demanda de bonos europeos y japoneses ha crecido sostenidamente.
En junio 2026 se anunció que el oro había superado al dólar en las tenencias globales de reservas internacionales. “Estas tendencias reflejan en parte trayectorias de deuda divergentes, que influyen cada vez más en las decisiones de asignación de los inversores internacionales”, escribió Tiftik en el Global Debt Monitor del IIF, en lo que puede leerse como el inicio de una lenta pero significativa erosión de la prima de seguridad que los mercados habían asignado durante décadas a los activos americanos.
América Latina: más allá de los ratios
América Latina presenta una situación heterogénea. En términos agregados, la deuda pública de la región como porcentaje del PIB es más manejable que la de las economías avanzadas: la mayoría de los países mantiene niveles entre el 40% y el 80% del PIB. Pero la foto estática oculta dinámicas peligrosas.
Como observa el informe de la OCDE, en los mercados emergentes —excluyendo China— la deuda soberana alcanzó un récord de USD 36,8 billones en 2025, impulsada principalmente por el endeudamiento gubernamental. El diferencial entre la tasa de interés real que pagan los países de la región y su tasa de crecimiento —el llamado diferencial r-g— se ha vuelto ampliamente positivo, lo que significa que la deuda tiende a crecer incluso cuando el balance primario está en orden.
Argentina es el mayor deudor con el FMI —42 mil millones de DEG— y enfrenta un calendario de vencimientos exigente en 2026 que pone a prueba su estabilidad cambiaria y fiscal. Brasil mantiene una deuda pública que supera el 90% del PIB, con tasas de interés domésticas que siguen siendo de las más altas del mundo en términos reales. Colombia y Chile han visto aumentar sus ratios de deuda en los últimos años, con crecientes presiones sociales sobre el gasto. El denominador común es la sensibilidad de estos países a un entorno global de tasas altas que encarece el refinanciamiento y reduce el margen de maniobra fiscal.
Ecuador: la paradoja de la dolarización
Ecuador ilustra una paradoja que merece atención especial. Con una deuda pública equivalente al 52% del PIB—, el país presenta un ratio de endeudamiento que, en términos comparativos, luce razonable frente a las economías del G-7. Sin embargo, la realidad fiscal ecuatoriana es más preocupante de lo que ese número sugiere.
El origen del problema es estructural: Ecuador es una economía dolarizada. Al no tener moneda propia, el Estado no puede depreciarla para aliviar el peso de la deuda externa, ni puede recurrir al banco central para monetizar el déficit. Todo ajuste debe hacerse a través de la caja fiscal, el crecimiento económico y el acceso al crédito externo. Cuando esas fuentes se restringen —por bajos precios del petróleo, por shocks externos o por la propia desconfianza de los mercados—, la situación se torna crítica con rapidez.
El caso ecuatoriano con el FMI es paradigmático. Ecuador se ha convertido en uno de los cinco países del mundo que más le deben al Fondo, y el segundo mayor deudor de América Latina después de Argentina. Deberá pagar USD 11.661 millones al FMI entre 2026 y 2034, de los cuales solo en 2026 debe cancelar USD 1.616 millones.
A esto se suman los vencimientos con otros organismos multilaterales: el BID, el Banco Mundial, la CAF. En 2026, el flujo de pagos a multilaterales superará en cerca de USD 1.500 millones a los desembolsos esperados, convirtiendo el balance con estos organismos en negativo neto. Como apunta Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal: “El flujo de operaciones con el FMI y multilaterales es negativo en 2026. Se debe pagar más de lo que se recibirá”.
El análisis de organizaciones como LATINDADD es más estructural: entre 1970 y 2025, Ecuador ha consolidado un régimen de endeudamiento marcado por la vulnerabilidad externa y la dependencia de los programas de ajuste del FMI y otros multilaterales. Las sucesivas reestructuraciones no han resuelto los desequilibrios de fondo, sino que han limitado el espacio fiscal para salud, educación, protección social e inversión pública.
Para sustituir parte del financiamiento multilateral, el gobierno del presidente Daniel Noboa emitió bonos soberanos en mercados privados internacionales en enero de 2026, operación que implicó costos financieros más elevados. La tensión entre el imperativo de honrar los compromisos de la deuda y la necesidad de financiar servicios básicos define el núcleo de la política fiscal ecuatoriana.
Una crisis en cámara lenta
La crisis de deuda que se perfila en el horizonte global no tiene la dramaticidad de una corrida bancaria ni la visibilidad de un colapso bursátil. Es una crisis en cámara lenta, donde los déficits se acumulan, los intereses aumentan y el margen de maniobra de los gobiernos se estrecha gradualmente. Como señala el Monitor Fiscal del FMI de abril de 2026, la deuda global ha acumulado 8 puntos porcentuales adicionales del PIB en el horizonte de proyección hasta 2031, y los cambios estructurales en los mercados de bonos soberanos —incluyendo el creciente papel de inversores apalancados y menos pacientes, y la erosión de la prima de seguridad de los bonos del Tesoro estadounidense— amplifican la vulnerabilidad ante un cambio súbito de tasas de interés.
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El diagnóstico de las principales instituciones multilaterales es unánime, aunque las recetas difieran en los matices: el ajuste fiscal es inevitable, y postergarlo solo incrementa su costo social. El dilema político, sin embargo, es evidente. Los recortes tributarios a los más ricos y el incremento del gasto militar —como ilustra el caso de Estados Unidos— son políticamente rentables en el corto plazo, pero fiscalmente devastadores en el largo. La ventana para un ajuste ordenado se está cerrando. La alternativa —una corrección desordenada impuesta por los mercados— sería considerablemente más dolorosa para todos, especialmente para aquellos países, como Ecuador, que no tienen los instrumentos de política monetaria para amortiguar el golpe.
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