La brecha de la jubilación en Ecuador: una pensión de USD 120 en el campo frente a USD 500 en la ciudad

El sistema de pensiones ecuatoriano combina, bajo una misma institución, regímenes con lógicas de financiamiento muy distintas. La literatura académica sobre seguridad social en Ecuador ha documentado que el diseño del sistema requiere un análisis constante del desempeño de los afiliados y pensionistas frente al ritmo de la actividad económica, precisamente porque conviven un régimen general urbano y un régimen especial rural —el Seguro Social Campesino (SSC)— con estructuras de aporte y beneficio muy diferentes.

Investigaciones recientes sobre su sostenibilidad advierten, además, que la reducción en la relación entre afiliados activos y pensionistas refuerza la urgencia de implementar políticas que aseguren una base de financiamiento sólida para el sistema. 

Para entender qué tan distinta es la experiencia de jubilarse en el campo frente a hacerlo en la ciudad, este análisis cruza dos fuentes oficiales del INEC: el Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS) de mayo de 2026 y la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) anual 2025, procesadas directamente a partir de sus microdatos.

 ¿Dónde están los pensionistas del Ecuador?

La distribución de las personas jubiladas o pensionistas permite observar que el sistema ecuatoriano no se concentra únicamente en el régimen general. De acuerdo con estimaciones propias realizadas a partir de la ENEMDU anual 2025, el país registra aproximadamente 554.567 personas clasificadas como jubiladas o pensionistas. De ellas, el 66,3 % declara estar afiliado o cubierto por el IESS General, lo que confirma su posición como el principal componente del sistema de seguridad social ecuatoriano.

El segundo grupo más numeroso, sin embargo, no corresponde a los regímenes de las Fuerzas Armadas y la Policía ni al seguro voluntario. Aproximadamente 105.646 personas jubiladas o pensionistas, equivalentes al 19,05 % del total nacional, declaran estar afiliadas o cubiertas por el Seguro Social Campesino. En términos proporcionales, esto significa que casi una de cada cinco personas jubiladas o pensionistas del país mantiene una vinculación actual con este régimen. Su participación supera ampliamente la observada en ISSFA e ISSPOL, que en conjunto representan alrededor del 5,8 %, y en el seguro voluntario, con cerca del 3,2 %.

Estas cifras deben interpretarse con una precisión metodológica. La ENEMDU identifica a las personas jubiladas o pensionistas mediante su condición de actividad y registra, por separado, el tipo de seguro al que se encuentran afiliadas o cubiertas al momento de la encuesta. Por tanto, el cruce no permite afirmar necesariamente que el Seguro Social Campesino sea el régimen que originó o paga cada pensión. El indicador muestra, más exactamente, la distribución de esta población según su cobertura actual de seguridad social.

Aun con esta cautela, el resultado es relevante: el Seguro Social Campesino no ocupa una posición marginal. Su peso entre las personas jubiladas o pensionistas revela una presencia estructural dentro del sistema y anticipa una pregunta central para el análisis: bajo qué condiciones económicas envejece la población rural protegida por este régimen.

El Seguro Campesino, la otra cara del sistema

Los registros administrativos del IESS permiten dimensionar con mayor precisión el peso institucional del Seguro Social Campesino. Según el Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS), en mayo de 2026 el sistema contabilizaba 3’915.459 afiliaciones registradas. De ese total, 357.811 correspondían al Seguro Social Campesino, lo que representa aproximadamente el 9,14 % de las afiliaciones consideradas en el registro.

Aunque el régimen privado concentra la mayor parte del sistema, con 2,34 millones de registros, el SSC supera en número tanto al seguro voluntario como a la categoría semicontribuyente y multiplica ampliamente el empleo doméstico registrado. No se trata, por tanto, de un régimen periférico: casi una de cada once afiliaciones registradas en el IESS corresponde al Seguro Social Campesino.

Un país que envejece en el campo: lo que muestra el registro de empleo

Según el REESS, considerando a los afiliados activos de cada sector, se tiene que uno de cada cinco afiliados del Seguro Campesino tiene 65 años o más. Ningún otro sector se le acerca: el doméstico, el segundo más envejecido, apenas llega al 8%; el privado, apenas al 2%. En términos proporcionales, la presencia de afiliados de 65 años o más es casi diez veces mayor en el Seguro Social Campesino que en el sector privado: 20,39 % frente a 2,16 %.

La ENEMDU confirma el mismo patrón desde el ángulo de la cobertura, no solo del empleo activo y con una brecha todavía mayor: casi tres de cada 10 personas cubiertas por el Seguro Campesino (29,2%) tienen 65 años o más, casi el triple que en el IESS General (10,4%).

Una pensión de USD 120 frente a una de USD 500

Según las estimaciones obtenidas de la ENEMDU anual 2025, la pensión mediana de las personas jubiladas o pensionistas vinculadas al IESS General asciende a USD 500 mensuales. Entre quienes están cubiertos por el Seguro Social Campesino, en cambio, la mediana es de apenas USD 120. En términos relativos, la prestación campesina equivale al 24 % de la observada en el régimen general: por cada USD que recibe el pensionista mediano del IESS General, el pensionista del SSC percibe alrededor de 24 centavos.

Este resultado coincide con el problema de segmentación advertido por la literatura especializada. Andras Uthoff, en su artículo titulado “Brechas del Estado de bienestar y reformas a los sistemas de pensiones en América Latina”, publicado en la Revista de la CEPAL, sostiene que los sistemas previsionales de la región reproducen las desigualdades provenientes de mercados laborales caracterizados por la informalidad, los bajos ingresos y la precariedad. Como resultado, la pertenencia a sectores formales o de subsistencia condiciona tanto el acceso a la protección previsional como la suficiencia de las prestaciones recibidas.

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En el caso ecuatoriano, Virgilio Salcedo, Linda Núñez, José Valencia y Luis Señalín, en el artículo “Seguridad social y sistema de pensiones en Ecuador: logros y desafíos”, señalan que, aunque el sistema amplió su cobertura, todavía presenta rigideces para incorporar y proteger adecuadamente a la población frente a los cambios económicos y laborales. Sus resultados también muestran que el SSC se desarrolló como mecanismo de extensión de la seguridad social hacia sectores rurales históricamente desatendidos.

La literatura también ha advertido que la diferenciación entre regímenes puede reproducir desigualdades históricas dentro de la población rural. María Gracia Naranjo, en su artículo titulado “La exclusión de la mujer campesina de dos regímenes de seguridad social: el Seguro Social Campesino y la Ley de Justicia Laboral”, publicado en la revista Iuris Dictio, sostiene que los regímenes especiales no siempre garantizan prestaciones completas a las personas campesinas y que su diseño puede mantener situaciones de protección incompleta, especialmente entre las mujeres rurales.

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Aunque su investigación se concentra en la exclusión de las mujeres, su planteamiento permite comprender un problema más amplio: estar formalmente incluido en la seguridad social no implica necesariamente recibir una protección suficiente para sostener una vida digna durante la vejez.

La desigualdad previsional se refleja finalmente en la pobreza monetaria. Mientras el 1,24 % de las personas jubiladas o pensionistas vinculadas al IESS General se encuentra en situación de pobreza por ingresos, esta proporción alcanza el 17,84 % entre quienes están vinculados al Seguro Social Campesino. La incidencia es aproximadamente 14,4 veces mayor en este último grupo.

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Los datos muestran que el Seguro Social Campesino amplió la protección hacia la población rural, no obstante mantiene prestaciones insuficientes. El reto no es solo mantener la cobertura, sino garantizar pensiones capaces de sostener una vejez digna.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.