La jueza Yadira Proaño llamó a juicio al sueco Ola Bini, quien fue denunciado públicamente por el gobierno de Lenín Moreno. Otras denuncias de las anteriores autoridades no avanzaron.
El ciudadano sueco Ola Bini, catalogado como experto informático, será juzgado por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático. La administración del expresidente Lenín Moreno impulsó el caso.
A través de anuncios públicos y de versiones ante la Fiscalía, las entonces autoridades de Gobierno acusaron a Bini de vulnerar sistemas informáticos del Estado. Ahora, la justicia decidirá si eso en realidad pasó.
Es, hasta ahora, el único caso denunciado por el gobierno de Moreno ante los medios y ante las autoridades que tiene un avance en plano judicial.
Otros cuatro casos fueron:
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El IPPE y el 'financiamiento ilegal'
Una de las denuncias más sonadas del anterior Gobierno tiene que ver con el Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE). Ese organismo fue creado por el correísmo.
En marzo de 2019, en un Foro regional que se desarrolló en Chile, el expresidente Moreno aseguró que esa organización se financiaba con dineros públicos de Venezuela.
Cinco días después, Iván Granda, entonces secretario Anticorrupción, puso una denuncia en la Fiscalía. Pero, esta entidad replicó que "los hechos no configuran indicios de presencia de una conducta típica y antijurídica".
En julio de 2019, finalmente, el Instituto fue disuelto de oficio por la Cancillería. Se lo señaló por haber incumplido la normativa sobre la elección de su directiva.
Hoy traigo una alerta que involucra a nuestros pueblos y procesos: El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, creó -en las postrimerías de su mandato- el “Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro”. Lo conforman, con él, políticos y autoridades de su Gobierno.
— Lenín Moreno (@Lenin) March 22, 2019 -
Los testaferros del correísmo
En febrero de 2019, Iván Granda habló de 17 testaferros del correísmo con quienes, supuestamente, tenían un acuerdo para cooperar y para que puedan acceder a beneficios.
La Fiscalía abrió una investigación previa y citó a Granda para que hablara de esos acuerdos.
Él dijo que entregó la lista de los supuestos testaferros. Pero, hasta el día de hoy no se conoce quienes son ni a quienes, presuntamente, prestaron sus nombres para delinquir.
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Los venezolanos en el arropuerto
Otra denuncia que acaparó titulares ocurrió durante las protestas de octubre de 2019.
La entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, anunció que 17 personas habían sido detenidas en el Aeropuerto de Quito. Supuestamente por tener en su poder cuchillos, un tolete, un bate y conocer información sobre las rutas de movilización del Presidente y el Vicepresidente.
Dos días después, 15 fueron liberadas porque no se encontraron indicios para calificar un delito flagrante. Los otros cuatro debían presentarse pasando un día ante la Fiscalía, pero tampoco habían sido acusados de nada.
Finalmente, el 14 de enero de 2020, el juez Miguel Narváez ratificó la inocencia de todos los involucrados. Además, certificó que todos los detenidos eran conductores de taxis de aplicaciones móviles que trabajaban en el aeropuerto.
Diecisiete detenidos en el aeropuerto de Quito esta mañana. La mayoría de ellos venezolanos.
— María Paula Romo (@mariapaularomo) October 10, 2019
En su poder, información sobre la movilización del Presidente y Vicepresidente. #EstoNoEsUnParo #EstoNoEsUnParo pic.twitter.com/4n14ykXaV0 -
El papá de Rivadeneira
En enero de 2020, el Gobierno emitió una alerta tributaria sobre supuestos movimientos inusuales de los contratistas de la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.
Dentro de este caso Pedro Rivadeneira, padre de la exasambleísta Gabriela Rivadeneira, fue detenido el 9 de enero de 2010. Su vinculación tenía que ver con su actividad laboral: el padre de la legisladora correísta había trabajado desde el 18 de agosto de 2017 para Jorge Alcívar, quien alquiló bienes inmuebles a un contratista de la Refinería.
El 6 de agosto de 2020, Rivadeneira fue sobreseído, ya que el juez no encontró responsabilidad suya en los hechos investigados.
¿Qué sistema vulneró Bini?
La principal prueba que tiene la Fiscalía salió del teléfono del propio Ola Bini. A través de las cámaras de seguridad del departamento del sueco, la Fiscalía pudo descifrar la clave de su teléfono.
En ese dispositivo, según el Ministerio Público, había unos 45.000 documentos. Entre ellos estaba una fotografía que evidenciaría que el experto informático entró sin permiso a un router de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Bini había enviado esa fotografía a Ricardo Arguello, quien también estuvo procesado en el caso, pero ya fue sobreseído. "Mira, estoy aquí", le decía Ola Bini el 8 de octubre de 2015. Él respondía que eso era un ruteador y que iba a hablar con su contacto en CNT.
Fotografía encontrada en teléfono de Ola Bini. Fiscalía
El acceso fue a un ruteador con IP 181.113.57.169. En la imagen que Bini envió a Argüello se observa un encabezado de CNT y el mensaje: "El acceso o uso no autorizado - se considera un acto criminal Petroecuador - Senain - Internet".
La Fiscalía consultó a CNT a quién pertenecía ese IP. Y CNT respondió que se asignó en julio de 2015 y que correspondía a una RED LAN privada.
Petroecuador solicitó ese servicio. Lo hizo luego de que la Presidencia de la República, entidad a la que estaba adscrita la Senain, pidiera la implementación de un Data Center de contingencia en sus oficinas de Guayaquil.
La estatal petrolera aceptó esa solicitud y el enlace se instaló y estuvo activo hasta octubre de 2015.
Sin embargo, su operatividad no se completó. Solo estuvo activó un enlace entre los equipos de servicio de Internet provistos por CNT, es decir, no hubo un cruce de datos entre Petroecuador y la Senain.
Carlos Soria, abogado de Bini, asegura que esta fotografía muestra totalmente lo contrario a la tesis de Fiscalía. Según dice, su cliente encontró este acceso -que según Bini era público- y no accedió, sino que lo compartió con su amigo. Arguello, según la defensa, tenía un contrato de seguridad con la CNT.
La génesis del caso
El 11 de abril de 2019, Julian Assange, hacker australiano, fue expulsado de la embajada ecuatoriana en Londres por decisión del presidente Lenín Moreno. En ese lugar estuvo asilado durante siete años.
María Paula Romo, entonces ministra de Gobierno, dijo que había evidencias suficientes sobre posibles ataques informáticos al Estado Ecuatoriano en retaliación por las decisiones adoptadas en relación con Assange.
"En Ecuador viven dos hackers rusos y un presunto miembro de WikiLeaks que tiene contacto directo con Julian Assange. No se va a permitir que se desarrolle delincuencia informática pues estaría colaborando con intentos de desestabilización del Gobierno".
María Paula Romo
El mismo 11 de abril, un individuo identificado como 'Marco' hizo una llamada a la línea 1800-Delito, reportó que conocía a Ola Bini y lo relacionó con las conductas que Romo había anunciado.
Minutos después, Bini fue detenido en el Aeropuerto de Quito cuando se alistaba a viajar hacia Japón. Se lo procesó por ataque a la integridad de sistemas informáticos y estuvo detenido 70 días.
Sin embargo, días antes de que terminara la instrucción fiscal, la Fiscalía reformuló el caso por el supuesto delito de acceso no consentido a un sistema informático.
Y, por ese delito, el 29 de junio de 2021, la jueza Yadira Proaño lo llamó a juicio. Bini podría enfrentar una pena de cárcel que va de tres a cinco años.
El 30 de junio de 2021, Carlos Soria, abogado de Ola Bini, interpuso en la Fiscalía una denuncia por fraude procesal. El objetivo es que todo el proceso se anule.
La denuncia está dirigida a la Policía Nacional y "contra algunos de sus miembros". Todas las evidencias e indicios que sirvieron para detener, apresar y meter 70 días preso a Ola Bini fueron forjadas, asegura el abogado.
Miembros de la propia Policía Nacional, según Soria, elaboraron la supuesta denuncia a través del 1800-Delito. Por esta razón, la denuncia va contra los oficiales que manejaron esa llamada.
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