María Sol Borja

Quien comete un delito debe pagar su deuda con la sociedad. El aislamiento, el hambre y la tuberculosis sin tratamiento no forman parte de ninguna condena legal.

Ningún gobierno, por más alineadas que tenga a las instituciones en teoría independientes, puede sostenerse en el tiempo sobre la nada y el ruido de la propaganda.

Lo peligroso de aplaudir este libreto es creer que la crueldad estatal sólo les pasa a los políticos de turno. Olvidamos que un país sin límites es un territorio peligroso para cualquiera.

No quiero jubilarme aplaudiendo todo lo que antes critiqué. Ni recibir pagos por difundir fakes. No quiero olvidarme de los hechos para centrarme en los afectos. O desafectos. Ni medir con varas distintas a quien destruye la democracia.

Cuando una regla creada para garantizar la seguridad jurídica y ofrecer certezas se reinterpreta según el momento político, beneficiando a la organización política gobernante, se golpea a la democracia.

En un Estado que ya ha dado muestras de hostilidad hacia la prensa y las voces críticas, saber quién está mirando a quién permite al poder anticiparse, asfixiar y silenciar antes de que la información se convierta en titular.

Castigar a Yasunidos es criminalizar la participación ciudadana independiente. Es, además, un aviso para cualquiera que pretenda incidir en lo público sin el amparo de un partido.

Cuando los resultados en Salud son nulos y las carencias en las zonas más vulnerables del país cobran vidas, la frivolidad en redes sociales retrata dónde está el foco del gobierno.

Lo que Noboa deja entrever es que no solo pretende tener —o tiene— el control de la justicia, sino que además la ve como un mero trámite que él, por el cargo que ostenta, puede saltárselo.

El periodismo que se exige —el que investiga, incomoda y confronta— ya no depende solo de quienes lo ejercen. Depende también de quiénes están dispuestos a sostenerlo.