Un pago millonario a Chevron, nuevas minas y posibles cortes de luz, entre los 10 hechos que marcarán la economía en 2025

La sentencia de un tribunal arbitral internacional de la Corte Permanente de la Haya, que podría condenar a Ecuador a pagar hasta USD 2.000 millones a la petrolera estadounidense Chevron, es inminente y se concretaría en 2025.

Si el tribunal acepta el monto de indemnización solicitado por Chevron, el Ecuador sería condenado a pagar la multa más alta de su historia en un tribunal arbitral internacional.

La disputa data de 2011, cuando un juez local de Sucumbíos falló a favor de comunidades amazónicas e impuso una multa de USD 9.500 millones a Chevron.

La condena busca reparar daños ambientales causados por la también estadounidense Texaco, adquirida por Chevron en 2001. Texaco operó en la Amazonía ecuatoriana entre 1960 y 1990.

En 2018, el tribunal arbitral de La Haya ya había fallado a favor de Chevron, al señalar que la sentencia del juez de Sucumbíos fue fraudulenta e inaplicable, y dijo que el Estado había denegado justicia a la petrolera. Pero aún falta conocer el monto de daños que finalmente pagará el Estado.

Para febrero de 2025 está previsto que finalmente el Estado ecuatoriano firme los nuevos contratos con las operadoras móviles Otecel, que opera las marcas Movistar y Tuenti; y Conecel, que tiene la marca Claro.

El Gobierno de Noboa prevé recibir unos USD 560 millones con estos dos nuevos contratos, según la Proforma presupuestaria de 2024.

El 13 de diciembre de 2024 se cumplieron ya dos años desde que comenzó la renegociación de los contratos con estas dos gigantes de la telefonía móvil.

El proceso de negociación, que comenzó durante el Gobierno de Guillermo Lasso, ha sido suspendido en diversas ocasiones, lo que ha obligado al otorgamiento de prórrogas a los contratos.

Debido a que las últimas negociaciones ocurrieron durante la crisis eléctrica, el ministro de Telecomunicaciones, César Martín, dijo que los nuevos contratos con las operadoras telefónicas incluirán cláusulas sobre planes de contingencia para garantizar el servicio en períodos de cortes de luz. 

La agenda comercial de Ecuador tiene dos tratados en camino: con Corea del Sur y con Canadá.

Ecuador y Corea ya concretaron la "pre-firma" del acuerdo en octubre de 2023. Sin embargo, desde entonces no se conoce cuándo se concretará la firma definitiva, pero se esperaría que sea en 2025.

El pasado 5 de junio de 2024, el entonces viceministro de Comercio Exterior de Ecuador, Homero Larrea, dijo que ",la pelota está en la cancha de Corea". 

Esto, porque el Gobierno de Corea todavía tenía que hacer trámites dentro de sus ministerios encargados. Larrea dijo que se esperaba que el acuerdo entre en vigencia en marzo de 2025.

Los proceso podrían tomar algo más de tiempo porque Corea del Sur está viviendo una crisis política que llevó a destituir a dos presidentes en diciembre de 2024, dice Francisco Rivadeneira, exministro de comercio y ex representante de Ecuador ante el FMI.

En cambio, el acuerdo comercial con Canadá tuvo en diciembre de 2024 la quinta y última ronda de negociaciones.

Dos empresas extranjeras comenzarán a construir dos nuevas mega minas en 2025:

1. La mina de cobre Cascabel, en Imbabura, a cargo de la minera australiana SolGold.

2. Y la mina de oro y cobre Cangrejos, en El Oro, a cargo de la minera canadiense Lumina Gold.

En junio de 2024, el Gobierno de Noboa firmó el contrato de explotación con SolGold. Pero para que la mina entre en producción, el Ministerio de Ambiente debe realizar una consulta ambiental en la zona de influencia del proyecto, para decidir si otorga la licencia ambiental.

Con eso, la construcción de la gigantesca mina Cascabel comenzaría en 2025.

En cambio, en noviembre de 2024 el Gobierno de Noboa cerró las negociaciones con Lumina Gold, con lo que en enero de 2025 se espera la firma del contrato de explotación de Cangrejos.

También se requiere una consulta ambiental para este proyecto. Si eso se concreta, la empresa espera comenzar a construir su mina a finales de 2025.

A finales de 2025 además se espera que dos minas industriales de mediana escala entren en producción de cobre:

1. La mina La Plata, en Palo Quemado (Cotopaxi), a cargo de la canadiense Atico Mining. Tras protestas de grupos opositores a la minería en los primeros meses de 2024, este proyecto todavía está en proceso de consulta ambiental.

2. Y la mina El Domo,  ubicada en Las Naves (Bolívar), operada por la empresa ecuatoriana Curimining, cuyo accionista es Salazar Holdings, con sede en Toronto. En este proyecto ya culminó la consulta ambiental y la empresa está trabajando en construcción de la mina.

Rivadeneira dice que es clave que el Gobierno impulse la minería legal y responsable en 2025, porque este rubro tiene alto potencial de traer más dólares a Ecuador.

El Gobierno de Noboa tiene un ambicioso plan con el que busca aumentar la producción petrolera de Ecuador, a través de la inversión de empresas privadas por más de USD 41.500 millones.

Pero eso dependerá de que gane la reelección. Hay otros candidatos presidenciales que están en contra de la expansión de la producción petrolera.

El plan de Noboa comprende rondas licitatorias, por ejemplo, para los bloques petroleros 16 y 67 y para encontrar un operador del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). 

Además está prevista una ronda de licitación para el bloque Amistad, para la explotación de gas natural. Y el Gobierno anunció que analiza concesionar de manera directa a petroleras extranjeras estatales el campo Sacha, el más productivo del país.

Ecuador tiene vigente un programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional, firmado el 25 de abril de 2024, por un monto total de USD 4.000 millones.

De ese monto, la administración de Noboa ya ha recibido USD 1.500 millones, por lo que los restantes USD 2.500 millones se desembolsarían hasta 2028.

Pero esos desembolsos dependerán de que el nuevo presidente elegido cumpla con las metas fijadas en el acuerdo de crédito con el multilateral, dice Rivadeneira.

Si quien gana la Presidencia no es Noboa, lo más probable es que el nuevo gobernante busque nuevos acercamientos con el FMI, para revisar si las cifras y metas requieren ajustes, explica Rivadeneira.

Y si el nuevo Presidente no quiere seguir con un programa con el multilateral, tendrá que buscar otras opciones para cubrir el dinero que dejaría de recibir. "Pero será muy desafiante dadas las altas necesidades de recursos de Ecuador, y tomando en cuenta que el riesgo país de Ecuador está bastante alto", dice Rivadeneira.

En 2025 el Presupuesto del Estado ya no contará con los ingresos extraordinarios producto del impuesto temporal a la banca y cooperativas, ni con la remisión tributaria, explica el exviceministro de Finanzas, Daniel Lemus.

Además, en abril de 2025, la recaudación del Impuesto a la Renta de las empresas será menor, ya que los grandes contribuyentes pagaron por adelantado este tributo durante 2024, a través de una medida conocida como autoretención, agrega Lemus.

Estas tres medidas sumaron USD 2.323,8 millones de ingresos en la recaudación entre enero y noviembre de 2024, que ya no entrarán en 2025.

Pero al menos en 2025 la recaudación de IVA sí será mayor que en 2024, ya que la tarifa de ese tributo será de 15% durante todo el año, a diferencia de lo que ocurrió en 2024, pues la tarifa fue de 12% entre enero y marzo, explica Ortiz.

El presidente Noboa dijo que descartó implementar una reforma tributaria en 2025.

Sin embargo, en el informe conocido como Artículo IV, presentado por el FMI el 19 de diciembre de 2024, el multilateral menciona que el Gobierno de Noboa informó en noviembre que tiene previsto implementar medidas tributarias en 2025, que traerían al Presupuesto ingresos por alrededor de 0,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin dar mayores detalles, el informe del FMI menciona que serán medidas permanentes, que reemplacen a aquellas medidas temporales que solo estuvieron vigentes hasta 2024.

El Presidente que gobierne en 2025 tiene la obligación de seguir con el plan de cese de la producción petrolera en el bloque petrolero 43 ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini). 

Esto, debido a que en agosto de 2023, la mayoría de ecuatorianos votó en una consulta popular para que el petróleo de esa zona quede "indefinidamente" bajo tierra.

Según un informe entregado por el Gobierno de Noboa a la Corte Constitucional, el plan de cierre total del bloque petrolero, más conocido como Yasuní, demorará al menos cinco años, es decir, hasta diciembre de 2029.

El pasado 28 de agosto de 2024, el Gobierno de Noboa cerró el primer pozo, en medio de críticas de los colectivos ambientalistas que pedían que el cese de la operación sea de inmediato.

Según el plan presentado por el Gobierno, en 2024 estaba previsto que se cierren 10 pozos y, a partir de 2025, se esperaría el apagado y taponamiento de 48 pozos por año.

Debido a que será un año de cambio de gobierno, el Presupuesto General del Estado será prorrogado; es decir, será un documento con las mismas cifras que tuvo el de 2024 al menos hasta julio de 2025.

Ortiz explica que ya sea que las elecciones se definan en una o dos vueltas, para mayo ya estaría posesionado el nuevo Mandatario y en julio debería presentar una proforma para el Presupuesto de 2025, agrega.

Ese nuevo Presupuesto tendrá  más presiones de gasto frente a 2024, explica Ortiz, sobre todo por el aumento que debe realizar cada año el Gobierno de turno a los presupuestos de Salud y Educación, por mandato de la Constitución.

La Constitución estableció que las asignaciones crezcan cada año en al menos 0,5% del PIB hasta que el presupuesto de Educación sea igual al 6% del PIB del año anterior.

En cambio, el gasto en Salud debe crecer en 0,5% del PIB hasta equivaler al 4% del PIB.

De ahí que en 2025, el gasto en salud y educación aumentaría en más de USD 2.000 millones frente al gasto ejecutado en estos dos sectores en 2024.

El exviceministro de Finanzas, Daniel Lemus, explica que por la legislación ecuatoriana, resulta muy complicado a los gobiernos de turno recortar gastos cuando no hay ingresos suficientes.

"Será difícil que en un año de cambio de Gobierno se pueda aprobar una reforma tributaria para recaudar más dinero y cubrir ese aumento de gasto", dice.

De ahí que el siguiente Gobierno tendrá que endeudarse más, añade Lemus. 

Lemus dice que con los datos disponibles, lo más probable es que la deuda consolidada cerrará en alrededor de 54% del PIB en 2024; un aumento de casi tres puntos frente a 2023.

Un mayor endeudamiento también aumenta la presiones de gasto, dice Lemus, por las cuotas o amortizaciones que se tienen que pagar y por los intereses.

Aunque los cortes de luz terminaron en diciembre de 2024, el problema de falta de generación eléctrica seguirá presente en 2025 y demandará inversiones que tomarán tiempo en concretarse, dice el economista Andrés Albuja.

El Sistema Nacional Interconectado (SNI) del país cuenta con 7.492 megavatios instalados en 139 centrales de generación.

Pero el problema radica en que las centrales térmicas operan por debajo de su capacidad por problemas técnicos a raíz de la falta de mantenimiento, además, porque varias tienen más de 30 años de antigüedad.

En cambio, el parque hidroeléctrico, que es el que más peso tiene en el sistema, está cada vez más vulnerable ante los fenómenos climáticos. "Y la sequía no es el único problema, en la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair está el latente riesgo de la erosión regresiva", dice Albuja.

Entre el 1 y el 30 de diciembre de 2024, Ecuador contó con 4.481 megavatios de potencia, frente a una demanda máxima que puede llegar a 5.063 megavatios.

Otro problema es que Ecuador depende altamente de que Colombia venda su energía. Y esa venta está condicionada a la situación de los embalses que abastecen a las hidroeléctricas en el país vecino.

De ahí que para hacer frente al déficit de generación, se espera que nuevas contrataciones comiencen a operar en 2025.

El Gobierno lanzó en junio de 2024 una licitación para instalar 341 megavatios.

Pero hasta el 31 de diciembre de 2024, solo comenzó operaciones una barcaza de 100 megavatios alquilada a la empresa turca Karpowership. Lo hizo el 16 de septiembre de 2024.

Los 241 megavatios restantes comprendían la compra de motores en tierra para Quevedo, El Salitral y Esmeraldas, pero su instalación está retrasada y no se concretó hasta el cierre de 2024. 

Más tarde, el Gobierno lanzó una segunda ronda de licitaciones. Hasta mediados de diciembre de 2024 había firmado contratos para instalar 750 megavatios adicionales.

Si los contratos no enfrentan nuevos problemas, se espera que esa energía esté operativa en el primer semestre de 2025.