El nuevo gobierno tendrá más gastos, menos ingresos y poco espacio para deuda

Los inversionistas y los acreedores de la deuda pública de Ecuador esperan que el nuevo Mandatario tenga un plan coherente y realista para contener la crisis de inseguridad, dice Mosquera.

Sin embargo, eso demandará más gasto público. El Gobierno de Lasso, cuestionado por el manejo que ha tenido frente a la mayor crisis de inseguridad del país, presupuestó USD 3.902 millones para este sector en 2023; esto es, alrededor del 3% del Producto Interno Bruto (PIB).

Y, si el nuevo Mandatario tiene planes de ir a la reelección en 2025, también aumentan las probabilidades de que el gasto público crezca, para contar con mayor apoyo popular y seguir gobernando, agrega Mosquera.

Otro desafío que empujará al alza el gasto público para el nuevo Gobierno es la llegada inminente del Fenómeno de El Niño, pues se requerirán obras viales de emergencia, reparaciones e incluso, subvenciones para damnificados.

El cierre del campo petrolero ITT, por la victoria del "sí" en la Consulta Popular del 20 de agosto de 2023, derivará en que el Estado dejará de percibir ingresos de unos USD 1.200 millones al año, según el Ministerio de Energía.

Sin embargo, en los mercados internacionales todavía no está claro cuánto dinero dejará de entrar al Presupuesto del Estado, dice Arreaza.

Lo anterior, porque de los USD 1.200 millones hay que descontar los costos de producción, las tarifas para las empresas petroleras, las contribuciones para las localidades amazónicas y el gasto por importación de combustibles.

Por eso, la proyección de Arreaza es que la reducción de ingresos petroleros al Presupuesto será de USD 500 y USD 600 millones al año.

Pero la cifra real dependerá de cuándo comience el plan de cierre de los pozos, que aún no se ha presentado.

Para el banco Santander, las pérdidas por el cierre del campo deberían compensarse con una reducción del subsidio a los combustibles.

Santander y Barclays, incluso, creen que el nuevo presidente de Ecuador podría encontrar maniobras que le permitan posponer el cierre y mantener en producción el campo por más tiempo.

Imagen referencial de un centro comercial en Quito. PRIMICIAS.

Otro problema es que la recaudación de impuestos será menor en 2024. Una de las razones, es porque el consumo de los hogares se ha enfriado, por la inseguridad y la incertidumbre política, dice Mosquera.

Además, la tasa del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) será de 2% en 2024, menor que en 2023.

A esto se suma que las personas naturales pagarán menos Impuesto a la Renta, por la reforma tributaria de junio de 2023.

Con este escenario, los gastos del Gobierno serán mayores a los ingresos en 2024,esto se conoce como déficit fiscal.

Barclays prevé que el déficit será equivalente al 3% del PIB en 2023 (alrededor de USD 3.600 millones) y para 2024 podría ser de 3,5%.

Un mayor déficit implica que el Gobierno tendrá que pedir más préstamos para cubrir esos gastos y, además, para deudas adquiridas en el pasado.

Y hay pocas opciones. Acceder a préstamos de multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), no sería viable en un gobierno que durará menos de dos años y emitir bonos externos sería demasiado caro, dice Arreaza.

En 2024 también será necesaria más inversión para que la economía crezca, según el banco Santander.

Pero, un desafío es destrabar las 176 obras paralizadas a la espera de licencias ambientales, menciona Santander.

Son 176 obras públicas y privadas paralizadas, entre ellas, hospitales, plantas de alimentos, gasolineras y minas.

El proceso de Consulta Ambiental, para otorgar esas licencias, está suspendido por un recurso interpuesto por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) ante la Corte Constitucional.

Santander considera que la suspensión de la Consulta Ambiental es una "seria limitación para atraer cualquier inversión extranjera directa en los sectores estratégicos, como petróleo o minería".

Para el banco español, si el candidato Daniel Noboa llega la Presidencia, hay más probabilidades de que se retomen planes como la ley de zonas francas, para atraer inversión extrajera, así como el impulso de acuerdos comerciales que están paralizados.