Los 176 proyectos paralizados por la suspensión de la consulta ambiental contemplaban inversiones por USD 2.000 millones.
El fallo de la Corte Constitucional, que suspendió el decreto 754, que permitía realizar la consulta ambiental, no solo ha paralizado la ejecución de dos proyectos mineros.
Con la medida también se frena la construcción de otras 176 obras, del sector público y privado, explica Gabriela Manosalvas, viceministra de Ambiente.
Esta "consulta" es el derecho que tienen las comunidades a ser informadas de los eventuales impactos ambientales de un proyecto extractivo o productivo. Es, además, un paso previo para que el Ministerio de Ambiente otorgue licencias ambientales.
Pero la Corte Constitucional determinó el 31 de julio de 2023 que este proceso puede ser "potencialmente dañino" por no haber sido construido a partir de la participación ciudadana.
En vista de ese riesgo, el órgano constitucional aceptó a trámite un pedido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y suspendió la aplicación de las consultas.
Desde hospitales hasta hosterías
En el grupo de 176 obras, hay ocho hospitales, como el San Luis, La Guadalupana y Gustavo Domínguez.
Además, hay plantas de tratamiento de agua y de desechos sólidos, proyectos de transmisión de energía.
Y también hay proyectos productivos, como camaroneras, gasolineras, plantas de procesamiento de alimentos y haciendas turísticas.
Los 176 proyectos suman inversiones por más de USD 2.000 millones, que quedan paralizados, según el Ministerio de Ambiente.
Esta cifra es similar a lo ejecutado para el sector de educación en el Presupuesto General del Estado hasta julio de 2023.
"Se están retrasando obras para el servicio de los ecuatorianos y para mejorar su calidad de vida".
Gabriela Manosalvas, viceministra de Ambiente.
¿Cuánto se avanzó?
Con la emisión del decreto 754, en mayo de 2023, el Ministerio de Ambiente había comenzado en julio de 2023 con las consultas ambientales en 29 proyectos. De estos, tres son del área minera:
- La Plata, en Palo Quemado, Sigchos, en la provincia de Cotopaxi.
- Curipamba-El Domo, en Las Naves, en la provincia de Bolívar.
- Planta de beneficio para metales, Bactech Bioambiental, en Tenguel, Guayas.
También hay gobiernos locales que tienen la responsabilidad de ejecutar la consulta ambiental en varios proyectos.
La oposición antiminera
La Conaie alega que el decreto 754 que regula la consulta ambiental es inconstitucional.
El líder del movimiento indígena, Leonidas Iza, ha impulsado la suspensión de la consulta ambiental alegando que es una medida para detener la minería en Ecuador.
De ahí que, antes de que la Corte Constitucional suspenda el decreto 754, grupos antimineros ya se habían movilizado a las zonas donde el Ministerio de Ambiente comenzó la consulta ambiental para los proyectos mineros Curipamba-El Domo y La Plata.
La Viceministra de Ambiente dice que personas encapuchadas atacaron con palos, piedras e incluso con bolsas de excremento a los técnicos del Ministerio de Ambiente.
"En Las Naves, la violencia fue tal, que los técnicos tuvieron que escapar por un río para que no les hagan daño", comenta la Viceministra.
Y, en el caso de La Plata, en Cotopaxi, ciudadanos denunciaron que personas llegaron de otras zonas a impedir la consulta ambiental, cerrando vías.
"Los centros de información fueron atacados por grupos violentos, ajenos a la comunidad, hasta el punto de amenazar a los habitantes", dijo en un comunicado la Asociación de Habitantes de Palo Quemado, de la parroquia del mismo nombre.
¿Cuál es el futuro de las obras?
El Ministerio de Ambiente presentó el 10 de agosto de 2023 un pedido de revocatoria de la suspensión del decreto 754.
Con esto, el Gobierno espera que la Corte Constitucional permita retomar los procesos de consulta ambiental.
La consulta ambiental puede tomar unos tres meses.
José Cueva, vocero de la zona norte del Frente Nacional Antiminero, dice que un derecho constitucional como la consulta ambiental no puede regularse con un decreto ejecutivo o norma ministerial.
De ahí que espera que la Corte falle a favor de la Conaie y la consulta ambiental se regule mediante la emisión de una nueva ley orgánica, cuando se posesione la Asamblea.
Pero el Ministerio de Ambiente dice que la Conaie confunde la consulta ambiental con el derecho constitucional de la consulta previa, libre, e informada.
Esta última es la que se debe realizar en territorios con población indígena y comunidades ancestrales.
Sobre las 176 obras paralizadas, Cueva dice que el Gobierno debe implementar nueva normativa específica para estos proyectos productivos y de servicios, que no tienen el mismo impacto que una mina.
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