La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechaza el decreto que da paso a la consulta ambiental, para que el ministerio del ramo otorgue licencias a proyectos que se hallan paralizados.
Al menos siete proyectos mineros que estaban paralizados podrán reactivarse, esto tras la emisión del decreto ejecutivo que permite hacer consultas ambientales con las comunidades.
El decreto ejecutivo 754, del 31 de mayo de 2023, da paso a la consulta ambiental para los proyectos de extracción de recursos naturales con impacto bajo, medio y alto.
Sin el decreto, el Ministerio de Ambiente no podía realizar los procesos de consulta ambiental, indispensables para otorgar licencias ambientales para proyectos mineros.
Pero la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) se opone a que el Gobierno retome la entrega de licencias ambientales para minería.
El líder de la Conaie, Leonidas Iza, dijo el 13 de junio, durante una marcha antiminera en Quito, que presentará una demanda de inconstitucionalidad.
Otras obras se paralizarían
Si la Corte Constitucional concede una medida cautelar a la Conaie para detener la consulta ambiental, no solo se volverían a paralizar los mencionados proyectos mineros.
Sino también otras obras del sector privado que esperan licencias ambientales.
Como, por ejemplo, una camaronera, una planta de embutidos, haciendas bananeras, varios crematorios y hasta gasolineras.
En el listado también hay obras públicas, como plantas de gestión de aguas residuales, alcantarillado e, incluso, hospitales.
¿Qué implica la consulta?
La consulta ambiental es un proceso de participación ciudadana, dispuesto por la Corte Constitucional en 2021, para informar y consultar a las comunidades sobre proyectos de extracción de recursos naturales.
También es necesaria una consulta ambiental para las comunidades ubicadas en zonas donde haya proyectos productivos, económicos y de obra pública que tengan impacto ambiental medio y alto.
Andrés Ycaza, síndico da Cámara de Minería, explica que la consulta ambiental tiene dos fases: una informativa y una consultiva.
En la fase consultiva, el Ministerio de Ambiente le pregunta a las comunidades si están de acuerdo con la ejecución de las obras, agrega Ycaza.
"Cuando termina la consulta, el ministerio debe realizar un informe en el que decide si otorga la licencia ambiental a los proyectos mineros", explica Ycaza.
En total hay 155 proyectos que necesitan pasar por consulta ambiental, para luego recibir las licencias, dice la viceministra de Ambiente, Gabriela Manosalvas.
Manosalvas añade que, de ese grupo, el Ministerio de Ambiente está a cargo de la consulta ambiental de 75 proyectos.
Mientras que la consulta para destrabar los 80 proyectos restantes, está a cargo de los gobiernos locales o GADs.
Conaie rechaza proyectos estratégicos
Manosalvas explica que, de todos los proyectos mineros necesitan licencia ambiental, dos ya entregaron al Ministerio de Ambiente los insumos necesarios para que empiece la consulta.
Se trata de los proyectos de extracción de cobre a mediana escala La Plata (Cotopaxi) y Curipamba El Domo (Bolívar) que, juntos, supondrían inversiones por USD 522 millones en las construcciones de las minas.
- Curipamba es una concesión de la empresa Curimining, cuyo accionista es la canadiense Salazar Holdings, con sede en Toronto.
- La Plata es una concesión de la empresa Atico Mining, una firma también canadiense, con matriz en Vancouver.
El Gobierno ha calificado a estos dos proyectos como estratégicos.
Una tercera empresa que ya presentó los documentos es la ecuatoriana Bachtech, que propone construir una planta de beneficio para procesamiento, que utiliza bacterias para extraer el mineral.
Los otros proyectos que esperan licencias ambientales, y que todavía no entregan los documentos al Ministerio de Ambiente, son las concesiones de pequeña minería: Eufrates, JM Canteras y La Milagrosa.
Otra obra en espera es el condominio de vivienda para personal minero Mamá Rosa.
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