Había en agenda 176 consultas ambientales para minas, hoteles, proyectos eléctricos. Para la Conaie, el proceso vulnera derechos de las comunidades.
El Gobierno del presidente Guillermo Lasso expresó el 2 de agosto su desacuerdo con una decisión de la Corte Constitucional que suspendió de manera provisional la realización de consultas ambientales en zonas de interés para desarrollar proyectos extractivos.
El Ministerio del Ambiente dijo en un comunicado que le resulta "inaceptable" que el máximo órgano de justicia constitucional suspenda provisionalmente un decreto ejecutivo que cumplía con todo el proceso legal correspondiente.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) había pedido a la Corte la suspensión de dicho decreto, por considerar que su aplicación vulneraba derechos de las comunidades y favorecía exclusivamente a transnacionales que buscan hacerse con concesiones mineras en el país.
El Ministerio aclaró que el decreto garantizaba la participación de las comunidades y pueblos indígenas en el proceso de consulta, aunque no les obligaba a que sean partícipes, ya que, según explicó, quienes ahora se oponen a ese mecanismo de consulta ya se habían negado a ser parte del mismo.
"Es incalculable el perjuicio que esta decisión (de la Corte Constitucional) causará a los miles de ecuatorianos que dependían de la aplicación del decreto", dice la Cartera de Estado.
Recordó que el Gobierno tenía previsto realizar 176 procesos de consulta ambiental para proyectos que, además de la extracción minera, implicaban actividades turísticas, plantas de tratamiento, centros de gestión de desechos y proyectos eléctricos, entre otros.
Qué dice el fallo de la Corte
El máximo tribunal de control constitucional suspendió el denominado Decreto 754 que emitió en junio pasado el presidente Lasso, que facilitaba el proceso de consulta ambiental.
A su vez la consulta ambiental, permitía al Ministerio del Ambiente otorgar licencias para la construcción de proyectos de actividades económicas y productivas, entre ellas, la minera, la turística.
Para la Conaie, dicho decreto vulneraba los derechos de las comunidades a la consulta previa, libre e informada, a la participación en las decisiones, a la adecuación normativa, a la justicia y al Estado de Derecho.
La consulta ambiental del Gobierno había generado resistencia en zonas donde se busca desarrollar proyectos mineros como las andinas de Las Naves y Sigchos, en las que se registraron fuertes enfrentamientos entre las comunidades con el Ejército y la Policía.
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