En manos del nuevo Contralor, Mauricio Torres, recaerán todos los exámenes y auditorías que tiene pendientes la institución, que solo en 2022 determinó USD 841 millones en glosas.
Los pedidos de auditorías y exámenes especiales a la Contraloría, realizados por las propias autoridades o por otros actores políticos y sociales, abundan. Especialmente cuando hay enemistades o roces de por medio.
Cada vez que una polémica sacude el escenario nacional, nacen ese tipo de pedidos. Pueden ser para lavar la imagen de una institución, como cuando la Policía y el Ministerio del Interior pidieron que se audite a sus generales; o para advertir a una autoridad o exfuncionario que lo están observando.
Hay innumerables casos de investigaciones de la Fiscalía y posteriores sentencias que fueron originalmente detectados por las auditorías y exámenes especiales de la Contraloría. Sucedió con el caso de la vía Manta-Colisa, que acecha al exvicepresidente Jorge Glas.
Pero también pueden nacer de iniciativa propia de la Contraloría, como cuando el contralor subrogante anunció exámenes especiales al patrimonio de 44 generales de las Fuerzas Armadas, que se debían llevar a cabo en el transcurso de 2023.
A esta lista se suma el pedido de la disuelta Asamblea Nacional para que la Contraloría realice dos auditorías al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Esto por los problemas que presentó el censo 2022, del no se ha difundido aún toda la información. Por ello, el Legislativo exigió una auditoría a la gestión de su director y otra a la parte económica.
Otro caso es el del Consejo Nacional Electoral (CNE), el propio organismo pidió a la institución en septiembre que audite el proceso de contratación del fallido sistema de voto telemático para las elecciones en el exterior.
Previamente, la consejera Elena Nájera hizo un pedido individual a la Contraloría para que audite el proceso electoral de las seccionales de febrero de 2023, sobre las dudas que nacieron a partir de los errores en las actas de escrutinio.
Justamente, después de la primera vuelta de agosto, la Comisión Nacional Anticorrupción pidió a la Contraloría que haga una auditoría integral al CNE, no solo de esta administración, sino de las anteriores también.
También pasó en junio, con el Metro de Quito. Su nuevo gerente, Víctor Hugo Villacrés (nombrado tras la victoria de Pabel Muñoz), pidió al organismo que "efectúe procesos de control y auditoría" a los contratos firmados por la empresa pública capitalina.
El último de estos pedidos llegó el 7 de noviembre, la Unión Nacional de Educadores (UNE) insistió en su pedido de auditar los contratos de los textos escolares, ejecutados por el Ministerio de Educación.
A esto se suman las 4.078 órdenes de trabajo, emitidas por la misma Contraloría, solo en lo que va de 2023. Todo esto recaerá en manos del próximo contralor, Mauricio Torres.
Al interior de la Contraloría
Bajo la dirección de Mauricio Torres estarán alrededor de 2.400 funcionarios. De ellos, cerca de 500 trabajan en las ocho direcciones nacionales de auditoría, casi 1.000 en las 23 direcciones provinciales y otros 150 en las 117 unidades de auditoría interna.
Entre ellos, supervisan a las 3.883 entidades públicas sujetas a control y por la cantidad de temas que auditar y examinar, hay asuntos en los que se pone prioridad.
El objetivo de la institución es examinar, verificar y evaluar la utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos. Y dentro de sus competencias están la determinación de glosas administrativas e indicios de responsabilidad penal.
Y son precisamente esas competencias las que atemorizan, en ocasiones, a ciertos funcionarios. No ha sido extraño escuchar quejas de distintas autoridades, especialmente cuando se requiere la disposición de recursos públicos por una emergencia.
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