El ministro de Gobierno estará a cargo de la gestión política del Ejecutivo. Su reto central será encaminar la consulta popular anunciada por el presidente Guillermo Lasso.
La insistencia de la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, de que la muerte cruzada era la única opción que le quedaba al Ejecutivo en su desencuentro con la Asamblea Nacional no fue bien recibida en Carondelet.
Lo acepta incluso ella misma en su carta de renuncia al cargo.
El Ejecutivo ha optado por un camino más moderado para resolver la crisis política y ha nombrado a un nuevo ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, cuyo principal desafío será sacar adelante una consulta popular.
A cambio de un escenario más extremo, el presidente Guillemo Lasso apunta a una consulta popular que le permita esquivar a la Asamblea Nacional en temas duros, como las reformas legales ofrecidas y necesarias para implementar su plan económico.
Con el cambio de autoridades, Lasso da señales de que se orienta hacia la opción de la consulta popular. La posibilidad de una muerte cruzada parece quedar atrás.
El martes 29 de marzo, Lasso dijo que se dedicará en estos días a alistar los temas que incluirá en un futuro plebiscito y que "ya no perderá el tiempo enviando más proyectos al Legislativo", pues asegura que la relación con ese poder del Estado está rota.
El nuevo Ministro de Gobierno, estará a cargo de la gestión política del Ejecutivo y no deberá preocuparse por la seguridad interna, pues el presidente Lasso dividió a la cartera de Estado en dos entidades.
La seguridad y la Policía Nacional estarán ahora bajo el mando del excomandante de Policía, Patricio Carrillo, quien liderará el Ministerio del Interior.
Mientras que Jiménez dejó su curul en la Asamblea para asumir el Ministerio de Gobierno, al igual que lo hizo en mayo César Monge, primero en ocupar el cargo.
Aunque el nombramiento de Jimenez generó cuestionamientos por su antigua relación con el correísmo.
Entre 2008 y 2009, Jiménez fue subsecretario de Gobierno y gobernador de Guayas durante el mandato de Rafael Correa, cuando formaba parte de las filas de la extinta Ruptura 25.
Hace pocas semanas, como legislador, causó polémica cuando sugirió la posibilidad de indultar a integrantes del correísmo, como parte de las negociaciones legislativas para garantizar la gobernabilidad del país.
Aunque inmediatamente se echó para atrás y dijo que el Ejecutivo no consideraba esa posibilidad.
En la Asamblea, la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) ve como "una muy buena noticia" su nombramiento. Lo dijo Fernando Cedeño, legislador correísta, quien afirmó que con Jiménez se abre una puerta de diálogo y se podrían tender puentes con el Gobierno.
La consulta popular, el termómetro
Desde 1978, los ecuatorianos han sido convocados a las urnas en 11 ocasiones para tratar temas de democracia directa, a través de consultas populares nacionales y de referendos.
La última fue en febrero de 2018, por iniciativa de Lenín Moreno y tuvo un costo de cerca de USD 48 millones.
De los presidentes que convocaron a la ciudadanía a las urnas, Sixto Durán Ballén lo hizo en dos ocasiones y Rafael Correa en cuatro.
Dos de esas consultas resultaron en reveses electorales: uno para León Febres Cordero, en 1986, y otro para el mismo Durán Ballén, en 1995.
Ahora, el presidente Lasso se sumaría a la lista de las consultas, advertía ya de esta opción desde septiembre del año pasado, en caso de que la Asamblea no aprobara sus reformas.
Siete meses después, la consulta de Lasso sigue sin tener fecha de ejecución. Primero habló de consulta por una reforma laboral y ahora la prioridad parece ser el proyecto de Ley de Inversiones.
Antes estuvieron sobre la mesa temas como: la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), ofrecida desde 2017, y el fortalecimiento de la dolarización, para elevarla a nivel constitucional.
El presidente Lasso afirmaba que una iniciativa de ese tipo ganaría "ampliamente" en las urnas. Pero, ahora, las cifras de aceptación de Lasso son distintas.
Según la encuesta de marzo de Perfiles de Opinión, en Quito y Guayaquil, el 63% de personas piensa que su gestión es mala o muy mala.
Por la Corte Constitucional
La Constitución establece que cualquier llamado a consulta popular requiere del control de la Corte Constitucional (CC).
A diferencia de otros periodos, esta vez los magistrados han demostrado que es posible oponerse a las decisiones del Ejecutivo.
Hasta el momento, la única norma completa que se ha aprobado por referendo es la misma Constitución de 2008.
Las otras consultas populares o referendos posteriores han tratado reformas puntuales, como la prohibición de tener bienes en paraísos fiscales o la prohibición de la reelección indefinida.
Aprobar una ley o una serie de leyes a través de una consulta popular representará no solo un reto político, sino también legal.
Lasso primero debe superar el filtro de la Corte Constitucional, que es la que aprueba el contenido del cuestionario que será presentado a los electores.
Luego la contienda será en las urnas. En ese escenario, el papel del nuevo ministro de Gobierno podría ser determinante.
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