Según la Fiscalía, hasta el 31 de diciembre de 2020 se abrieron 96 procesos por delitos contra la administración pública durante la pandemia en Ecuador.
Durante la peor crisis sanitaria en la historia del país, los hospitales públicos no solo enfrentaron un aumento de pacientes de Covid-19, sino también a otra pandemia: la corrupción.
En marzo de 2020, las casas de salud públicas y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no tenían capacidad para tantos infectados. Muchos morían en las calles por falta de atención médica.
Tras la muerte de la paciente cero, el 11 de marzo de 2020, el gobierno decretó cinco días después el estado de excepción en el país.
Esta decisión permitió realizar contratos de emergencia para la compra de mascarillas para el personal médico, fundas para cadáveres y otros implementos.
Según la fiscal Ivonne Proaño, precisamente estas facilidades de la ley para la contratación y adquisición de insumos médicos motivaron más casos de corrupción.
Los casos y sus personajes
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Mascarillas con sobreprecio
Bodega de medicinas del Hospital Teodoro Maldonado, Guayaquil. Foto tomada el 9 de julio de 2020 Carolina Mella, PRIMICIAS
Las primeras irregularidades de sobreprecio se registraron en el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, de Guayaquil. Allí se contrató la compra de mascarillas N95 por USD 10 millones.
La entidad pagó USD 12 por unidad, cuando su precio en el mercado era de máximo USD 3.
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Fundas para fallecidos por Covid-19
Los trabajadores funerarios esperan con un ataúd en la parte trasera de una camioneta afuera del hospital Los Ceibos, en Guayaquil, el 15 de abril de 2020. Reuters
Luego se conoció un contrato de compra de 4.000 fundas para cadáveres para el Hospital del IESS de Los Ceibos a USD 148 por unidad, cuando su precio comercial no superaba los USD 12.
Las sospechas de corrupción llegaron al Hospital de la Policía, al del Guasmo Sur y al Hospital General de Machala, pero también a ministerios, municipios y prefecturas.
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Familia Bucaram y amigos involucrados
El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz después de la colocación de su grillete electrónico, el 7 de septiembre de 2020. API
Entre los implicados en esta trama de corrupción aparecen personajes de la política ecuatoriana como el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, sus hijos Jacobo, Dalo y Michel Bucaram Pulley, y su nuera Gabriela Pazmiño Pino.
También los hermanos Daniel y Noé Salcedo Bonilla, implicados en supuesto lavado de activos y delincuencia organizada.
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La sospecha más reciente
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, después de la colocación del grillete electrónico, el 19 de febrero de 2021. API
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue vinculado a la investigación por la compra irregular de 100.000 pruebas de Covid-19 en abril de 2020.
El funcionario usa grillete electrónico, no puede salir del país y debe presentarse ante un juez periódicamente.
Junto a Yunda están procesadas 14 personas más, entre ellas el exsecretario de Salud, Lenin Mantilla.
Un equipo especial
La avalancha de denuncias de corrupción hospitalaria sobrepasaron la capacidad de la Fiscalía General del Estado. Por ello en junio de 2020 resolvió la creación de la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria.
La unidad fue integrada por 10 fiscales de la Unidad Nacional de Transparencia y Lavado de Activos, agentes operativos y especializados en todo el país. Además hay expertos en contratación pública y análisis financiero.
En noviembre de 2020, la Fiscalía investigaba 157 casos de corrupción. Luego de una depuración, 96 procesos fueron abiertos por delitos contra la administración pública. En 13 se formularon cargos y 83 permanecen en indagación previa.
Hasta el 31 de diciembre de 2020, se habían realizado 89 allanamientos en 18 provincias, muchos de los cuales se ejecutaron simultáneamente.
En la actualidad existen 330 personas investigadas, de las cuales 174 han sido procesadas. Las autoridades judiciales incautaron documentos, equipos informáticos, insumos médicos y de bioseguridad, además de vehículos y dinero.
La lista VIP de las vacunas
A los escándalos por la compra de insumos médicos en los hospitales públicos de Ecuador de 2020 se sumó la lista VIP de las vacunas del Ministerio de Salud.
El primer caso se registró en el Hospital privado de los Valles, el 23 de enero.
Aquí, una brigada del Hospital Pablo Arturo Suárez vacunó al personal sanitario y a personas de la tercera edad que viven en un geriátrico que es propiedad del hospital, entre ellas la madre del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.
Pero ese centro de salud no constaba en la lista de 96 hospitales y centros geriátricos prioritarios para la vacunación contra Covid-19.
El 30 de enero de 2021, Zevallos envió una invitación a los rectores de varias universidades del país para incluir sus nombres en la lista de beneficiarios para la vacunación.
Sin embargo, la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriana (Asesec) le respondió que declinaban la invitación, pero ofrecían su colaboración para ayudar al país en el proceso.
La falta de transparencia en el plan de vacunación y en el manejo de la lista de beneficiarios provocaron críticas a la gestión de Zevallos, quien renunció a su cargo el 26 de febrero y viajó a Estados Unidos.
Entre los pendientes del exfuncionario está un juicio político en la Asamblea Nacional y una investigación penal en la Fiscalía por tráfico de influencias.
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