El juicio al Consejo de Participación reabre las tensiones en la Asamblea

Aunque la mayoría opositora enfrenta problemas en su agenda, la posible destitución de los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación aún une al correísmo, socialcristianos y “rebeldes” de Pachakutik.

Más de seis meses de polémica han rodeado al juicio político al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que finalmente comenzará su tratamiento. Su llegada a la Comisión de Fiscalización volvió a encender las polémicas en el interior del Palacio Legislativo.

El proceso de fiscalización se seguirá en contra de los cuatro vocales de mayoría del Cpccs y su resultado podría ahondar aún más la crisis institucional que vive el país. Todo esto, a puertas de unas elecciones seccionales y, según lo ha anunciado el Gobierno, una consulta popular.

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El juicio político que comenzará su tratamiento será en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación, acusados de ser “cercanos” al Ejecutivo. Ellos son:

El presidente, Hernán Ulloa.
La vicepresidenta, María Fernanda Rivadeneira.
El consejero Francisco Bravo.
La consejera Ibeth Estupiñán.

Los cuatro vocales son señalados por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño, de la facción rebelde de Pachakutik, por un supuesto incumplimiento de funciones. Su acusación se centra en la demora en los concursos y procesos de designación que lleva adelante.

El inicio de la polémica en el Cpccs

La polémica alrededor del Consejo de Participación comenzó en febrero de 2022. Tras varios intentos, la mayoría dentro de la institución logró autoconvocarse y separar de la presidencia a Sofía Almeida.

Los consejeros lograron tomar esa decisión después de semanas de sesiones del Pleno terminadas abruptamente y acciones judiciales con las que Almeida pretendía mantenerse en el cargo.

La pugna dividió al Consejo de Participación en dos bandos:

La mayoría, integrada por Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Franciso Bravo, señalados por una supuesta cercanía al Gobierno.
La minoría, integrada por Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos, señalados por su cercanía a la mayoría opositora de la Asamblea integrada por Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC) y la facción rebelde de Pachakutik.

La remoción de Almeida generó malestar en la Asamblea. Los integrantes de UNES, el PSC y los “rebeldes” de Pachakutik hablaban de una supuesta intromisión del Ejecutivo en el Consejo, un “golpe de estado” en el Cpccs, dado que la Policía resguardó el edificio a pedido de Ulloa.

Esto derivó en el pedido de juicio político interpuesto por Pazmiño. Los legisladores de la mayoría opositora intentaron que el proceso sea tramitado antes de los que estaban ya calificados.

Desde entonces, el oficialismo denunció un supuesto intento de “tomarse” el Consejo de Participación liderado por el correísmo. La pugna por este juicio político incluso llegó a la remoción de Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea.

Aun así, el juicio político contra el Cpccs no pudo ser adelantado. Por lo que la mayoría opositora tuvo que esperar que Fiscalización tramite primero los procesos contra el contralor Carlos Riofrío y contra el Consejo de la Judicatura.

Una mayoría, ¿para esto?

Según Llori, el objetivo de su remoción de la presidencia de la Asamblea era justamente el proceso de fiscalización contra el Cpccs. Actualmente, la mayoría opositora tendría los votos para al menos llevar el juicio político en el Pleno.

Aunque en esa mayoría ya hay grietas, relacionadas al pendiente juicio político a la Judicatura, en el proceso al Consejo de Participación se muestran unidos.

La primera evidencia fue que no permitieron que su juicio político, contra los cuatro vocales de mayoría, sea unificado con el presentado contra todos los vocales.

Aún así, el escenario todavía es incierto. Dentro de aproximadamente un mes, la Comisión de Fiscalización debería tener listo su informe borrador, en el que puede recomendar o no el juicio político.

Los señalamientos

Maita y Pazmiño señalan a los cuatro vocales de mayoría del Cpccs por un supuesto incumplimiento de funciones. Los acusan específicamente con dos argumentos:

Las demoras en los procesos de designación de autoridades, que han hecho que ocho instituciones -incluyendo el Consejo Nacional Electoral (CNE)- tengan autoridades prorrogadas en funciones.
La reforma al reglamento para la designación de la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado.

El problema, para el oficialismo, está en que todos los vocales del Consejo deberían ser fiscalizados, y no solo los de mayoría.

Si el proceso de fiscalización avanza hasta una destitución de estos cuatro funcionarios, los tres que mantendrían sus puestos son aquellos vinculados a UNES, el PSC y la facción “rebelde” de Pachakutik.

En reemplazo de los cuatro destituidos, entrarían: Mónica Moreira, Karina Ponce, Jaime Chugchilán y Carlos Figueroa. Pero serían posesionados para trabajar unos pocos meses.

En las elecciones de febrero de 2023, los ecuatorianos deberán votar por siete nuevos consejeros del Cpccs, que se posesionarían el 24 de mayo de 2023.

Todo esto, mientras el Ejecutivo analiza una consulta popular. En esta, según lo que el presidente Guillermo Lasso ha anunciado desde su campaña electoral, se incluiría una pregunta para una reestructuración del Consejo de Participación.