El 31 de julio termina el periodo de cuatro años de gestión de Íñigo Salvado como Procurador General del Estado. El proceso para seleccionar a su reemplazo no ha empezado.
Oficialmente, a Íñigo Salvador le quedan 13 días como Procurador General del Estado. El funcionario fue posesionado el 31 de julio de 2018, para un periodo de cuatro años. Pero deberá prorrogar su administración, puesto que no hay un reemplazo a la vista.
Los problemas legales y la crisis interna del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) obligan a que la Procuraduría se sume a la lista de las entidades de control que requieren un cambio de autoridad que no llega.
Pese al vencimiento del periodo de Salvador, el Cpccs todavía no ha solicitado la terna de candidatos al Ejecutivo. El proceso de selección del Procurador tiene ya reglamento y la lista de veedores ciudadanos que lo supervisará, definida el 22 de mayo.
Falta conformar la comisión técnica de selección, con cinco delegados del mismo Consejo. Esa comisión se encargará de llevar a cabo las fases del proceso, de verificación de requisitos y de impugnación.
Posteriormente, el Cpccs convocará a los candidatos a una audiencia para que expongan su plan de trabajo y respondan preguntas. Solo entonces, el pleno emitirá una resolución con su designación, que será trasladad a la Asamblea Nacional para determinar la fecha de posesión de la nueva autoridad.
En una entrevista radial, Salvador explicó que la misma Procuraduría ha emitido pronunciamientos sobre qué sucede cuando una autoridad termina su periodo de gestión sin que haya aún un reemplazo.
La Ley de Servicio Público establece que permanecerá en funciones prorrogadas hasta el momento en que es legalmente reemplazado. "Yo haré exactamente eso", dijo.
La gestión que finaliza
Durante su administración, Salvador inició un proceso de fortalecimiento de la Procuraduría. Entre sus metas estaban reducir la conflictividad judicial del Estado, crear una plataforma tecnológica interna y mantener una escuela de procuradores.
Hasta finales de 2021, en la Procuraduría reposaban más de 100.000 casos nacionales y una treintena de internacionales, representaban más de USD 57.000 millones en demandas. Sin contar los arbitrajes con montos reservados.
Salvador ha tenido que participar en varios procesos de defensa y arbitrajes en casos polémicos como el de Odebrecht, Perenco, Singue, Isaías, Chevron, Sobornos. Y afirma que se han ganado el 68% de casos.
Pero, su trabajo ha sido cuestionado por los arbitrajes que resultaron en pérdidas para el estado.
Por ejemplo, el correísmo inició una solicitud de juicio político en su contra por, supuestamente, no actuar a favor del país en la defensa en los procesos arbitrales de las petroleras Perenco y Chevron-Texaco.
Sin embargo, en abril el juicio político quedó en el limbo en la Asamblea. Por cálculos políticos, UNES pidió el retiro del juicio, para dar prioridad al proceso contra los cuatro vocales de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana.
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