Cuando empiece oficialmente la campaña electoral, del 7 al 18 de abril, el Gobierno no tendrá una tienda política propia que lo represente. Pero hay cuatro partidos que impulsarán el "Sí".
Al igual que los últimos tres gobiernos, el presidente Daniel Noboa no desperdicia la tarima que le brinda su cargo y la coyuntura para hacer campaña anticipada por su propuesta de consulta popular y referendo.
No importa si es para responder a una dudosa publicación internacional, a una nueva masacre o un asesinato de alto perfil. El Presidente y su equipo lo presentan como un ataque al gobierno, para afectar las votaciones de la consulta popular y referendo del 21 de abril de 2024.
Es así que, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) organiza el proceso 'al fío', por no contar con los desembolsos necesarios del Ministerio de Finanzas, Noboa aprovecha los eventos públicos gubernamentales para convencer a la ciudadanía.
Sin embargo, es cierto que el presidente Daniel Noboa, de momento, no tiene una plataforma partidista propia para hacer campaña. La agrupación que lidera, Acción Democrática Nacional (ADN) no ha cumplido con los requisitos legales para participar en contiendas electorales.
Y, de los dos movimientos que auspiciaron su candidatura presidencial, Mover fue eliminado del registro de organizaciones políticas y Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) es una agrupación nueva, sin ningún éxito electoral propio.
Es decir, cuando oficialmente empiece la campaña electoral, del 7 al 18 de abril, el Gobierno no tendrá una tienda política propia que lo represente. Aunque, el PID está inscrito para auspiciar el 'Sí', al igual que otras tres organizaciones políticas (Creo, Amigo y Avanza).
Una promesa que se repite
Según el presidente Daniel Noboa, la respuesta a la crisis de seguridad está en las 11 preguntas de la papeleta que se someterá a votación el 21 de abril. También sostiene que habrá un impacto en el ámbito laboral.
Ese es el mismo argumento que esgrimieron Guillermo Lasso, Lenín Moreno y Rafael Correa cuando llamaron al país a las urnas: la solución al problema o crisis del momento estaba en la aprobación de una consulta o referendo.
Así, se impulsó la "metida de mano" en la Justicia, auspiciada por Correa en 2011; la "descorreización del Estado", propuesta por Moreno en 2018; y el popurrí de parches de seguridad, institucionales y ambientales que planteó Lasso en 2023, aunque este último perdió en las urnas.
Ahora, el Ejecutivo insiste en repetir el mismo discurso, pese a que sus propuestas no tendrán un efecto inmediato ni directo en los índices de violencia, que se trata de resolver, en medio de un estado de excepción y conflicto armado interno que levanta cuestionamientos sobre su efectividad.
Incluso, durante la entrega de la última donación militar de Estados Unidos, en un evento cerrado al público, el jefe de Estado insistió en que no permitirá que "a punta de mentiras e insultos bloqueen la consulta popular".
Ahí, Noboa afirmó que "los grupos criminales y los políticos oportunistas" quieren afectar su trabajo y el de las fuerzas del orden, y se declaró víctima de los intentos por desacreditar a su gobierno.
El 21 de marzo, el Mandatario ya había advertido que van a querer darle palo "mañana, tarde y noche", por promover la consulta popular que beneficiará, "no solo al gobierno sino a la democracia y la libertad futura".
Según Noboa, esto molesta a algunos partidos políticos. Por eso aseguró que la consulta "la vamos a ganar, así sufran, así le busquen la quinta pata al gato, porque el bien siempre gana".
El 11 de marzo, otra vez aprovechó la ceremonia de graduación de cadetes de la Policía Nacional, para hacer campaña. Sostuvo que "es momento de proteger lo que hemos ganado, requerimos reformas urgentes que nos permitan blindar nuestra seguridad, endurecer penas a delitos como el terrorismo y el narcotráfico".
Advirtió a los asistentes que "este proceso solamente puede continuar, puede sostenerse si le damos a la Policía y a las Fuerzas Armadas el respaldo claro y firme que estamos planteando en la consulta popular".
¿Qué dice la ley?
El Código de la Democracia establece la prohibición de que los servidores y funcionarios públicos usen recursos y bienes del Estado en las campañas de consultas populares.
A la vez, la Ley Electoral califica la campaña anticipada como una infracción grave, que es sancionada con multas desde USD 5.060 hasta USD 9.200, "destitución y/o suspensión de derechos de participación desde seis meses hasta dos años".
Además, la normativa señala que, "durante la campaña electoral, se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos los niveles de Gobierno".
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