Un año después, ¿qué pasó con los protagonistas del paro de octubre?

El respaldo que tuvo la movilización y la derogatoria del Decreto 883 hizo que Jaime Vargas se vea en la Presidencia de la República y haga planes para el cargo.

Un año después el movimiento indígena tiene diferencias internas y Vargas no estará en ninguna papeleta en 2021, ni siquiera como candidato a la Asamblea.

Las investigaciones en las que está involucrado (secuestro, terrorismo, odio, grupos subversivos) tampoco pasan de eso.

Vargas ahora se concentra nuevamente al trabajo de bases, y no está trabajando con Pachakutik en el tema electoral.

El presidente del Movimento Indígena y Campesino de Cotopaxi pasó de líder provincial a figura nacional. El mismo Jaime Vargas lo bautizó como su 'ministro de economía'.

Fue Leonidas Iza quien ocupó el primer puesto en la mesa de negociación con el Ejecutivo, precisamente por ser el que expresaba las propuestas económicas de reemplazo.

Ahora Iza, quien también llegó a tener aspiraciones presidenciales en su momento, tampoco estará en ninguna papeleta.

Los procesos de investigación en los que está involucrado son por secuestro y terrorismo. Pero no ha habido avances en el tema.

La popularidad y la calificación de la gestión del Primer Mandatario solo han ido a la baja desde entonces. Y el discurso de la injerencia extranjera que el Ejecutivo posicionó ante la comunidad internacional se diluyó.

Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siguen ahí, señalando los excesos de las fuerzas del orden y la necesidad de una reparación a las víctimas y sus familiares.

Sin embargo, Moreno ha mantenido a su lado a los dos ministros que serían los políticamente responsables: María Paula Romo y Oswaldo Jarrín.

En el año que ha transcurrido, además de enfrentar la pandemia, la crisis económica y una ola de corrupción, Moreno perdió a su tercer Vicepresidente y su organización política.

María Paula Romo fue celebrada por el Gobierno por su manejo de la crisis de octubre, pero se granjeó la enemistad de los sectores populares.

Además, muchos sectores políticos también apuntaron a su cabeza por su actuación. Pero el intento de juicio político en su contra fue apenas calificado este septiembre.

Desde entonces, la Ministra de Gobierno ha ganado más protagonismo dentro del gabinete. Pero su aceptación, al igual que la de Moreno, ha ido a la baja.

En este año hasta la misma Asamblea pidió su destitución por una presunta vinculación a una red de corrupción, dentro del caso conocido como el reparto de hospitales.

De todos los dirigentes sindicales, el único señalado por las investigaciones gubernamentales fue Mesías Tatamuez, sobre quien pesa una denuncia de secuestro, junto con otros cabecillas del paro de octubre.

Es la misma investigación en la que está incluidos Vargas e Iza, pero que no ha prosperado aún.

Desde entonces el sindicalismo se ha mantenido en las calles cuando el gobierno ha anunciado nuevas medidas económicas, incluso en medio de la pandemia. 

La dirigencia del transporte sufrió golpes en los días iniciales del paro y el 4 de octubre depuso la paralización de sus servicios. Abel Gómez, quien anunció el paro indefinido el 1 de octubre también informó de su fin.

Esto sucedió después de que las autoridades les asestaran dos golpes sorpresa: Jorge Calderón, dirigente nacional del taxismo, fue detenido para enfrentar una pena de uno a tres años de prisión, tras paralizar un servicio público. Y en Azuay detuvieron a Mesías Vicuña, presidente de la Cámara de Transporte provincial.

Desde entonces, incluso ahora que la pandemia y la crisis económica han golpeado al sector, los dirigentes del transporte no han vuelto a intentar paralizar el servicio.

El ministro Oswaldo Jarrín fue duramente cuestionado en su momento, como parte de la representación de las fuerzas del orden. Sin embargo, la atención se centró en su compañera María Paula Romo.

Las polémicas declaraciones del Ministro, que tuvo roces con las universidades capitalinas e incluso con la comisionada de DD.HH. de la ONU, también quedaron atrás.

Un año después, Jarrín dijo que el resultado fue la necesidad de reorientar la planificación para situaciones de insurgencia. Para lo que, según el funcionario, el Ministerio elaboró ya una directriz, bajo lineamientos de derechos humanos, para el uso progresivo de la fuerza.

El movimiento político que aúpa el correísmo tuvo la mayor cantidad de bajas a raíz del paro.

Sus dirigentes llamaron a la movilización y a generalizar la lucha, para desconcentrar la manifestación. Pero no fueron bien recibidos en las manifestaciones del movimiento indígena y el sindicalismo.

Un año después, hay siete dirigentes refugiados en México, que viajaron sin impedimento, ya que no pesaba ninguna acusación en su contra.

El caso de rebelión en contra de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González tampoco ha llegado a un fin. Fue declarado reservado, pero la Fiscalía los investiga por supuestamente incitar acciones para desconocer la Constitución o derrocar al Gobierno.

El único caso que tiene sentencia es el de suspensión de servicios, por la afectación a las instalaciones petroleras de la Amazonía. El legislador correísta Yofre Poma fue sentenciado a un año y cuatro meses de prisión, con la suspensión condicional de la pena.