El martes 3 de marzo podría concluir el juicio por el caso Sobornos 2012-2016, pese a que se había proyectado como uno de los más largos y complejos de la historia. La renuncia a pruebas y testigos marcó el proceso en que se juzga el supuesto financiamiento ilegal que habría recibido Alianza PAIS.
La sala de audiencias del edificio de la Corte Nacional de Justicia, en la que se desarrolla el juicio por el caso Sobornos 2012-2016, estaba reservada para 45 días. La jornada del primero duró 15 horas. Todo parecía indicar que el juicio sería el más largo de la historia ecuatoriana.
Esa proyección se explicaba por la cantidad de procesados -21 entre exfuncionarios y empresarios- y el número de testigos convocados: 163, solo por la Fiscalía General.
Además, el juicio fue comparado con el caso Odebrecht que duró 14 días. En ese proceso, en el que se juzgó y sentenció a los involucrados en la red de sobornos de la constructora brasileña, sólo hubo nueve procesados y la Fiscalía llamó a 55 testigos.
Sin embargo, si el juicio por el caso Sobornos termina el martes 3 de marzo, como se prevé según el avance de la diligencia, la audiencia duraría solo 13 días.
Incluso, Ramiro García, presidente de la Colegio de Abogados de Pichincha -entidad que ha realizado una veeduría del juicio-, considera que el mismo martes los jueces podrían leer su sentencia.
El martes “podemos tener anuncio oral de la sentencia”, escribió en Twitter.
En el caso Odebrecht, el Tribunal se tomó cinco días para deliberar y dar una sentencia oral.
Un juicio corto
Varios han sido los factores que han influido en la reducción del juicio. A continuación, PRIMICIAS resume los más determinantes.
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Renuncia a testigos y pruebas
block/content-noticia-listado-despieces.php La fiscal Diana Salazar terminó de presentar sus pruebas en el caso Sobornos 2012-2016. Fiscalía
La Fiscalía anunció 166 pruebas testimoniales, entre peritos y testigos. Pero solo llamó al estrado a 31.
Además, planificó la presentación de 222 pruebas documentales, entre facturas, contratos, memorandos, certificados, informes, pericias, entre otros. Pero solo utilizó 100.
Es decir, la fiscal Diana Salazar renunció al 66% de su prueba. Y con esto redujo en más de la mitad su actuación en el juicio. Completó en siete días, lo que se había presupuestado para 21.
Pero, no solo la Fiscal colaboró a la reducción del tiempo del juicio. El expresidente Correa, por ejemplo, presentó solo uno de los 10 testigos anunciados. Y tres de las 10 pruebas documentales.
Otros procesados como William Philips, Walter Solís, Ramiro Galarza, entre otros, no presentaron a ningún testigo.
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Prueba nueva negada
block/content-noticia-listado-despieces.php Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, muestra la pericia realizada al supuesto archivo original del caso Sobornos.
El Tribunal de juzgamiento negó la inclusión de nuevas pruebas que se proyectaban como nudos críticos y obligarían a alargar el juicio.
En el caso del expresidente Rafael Correa, su abogado, Fausto Jarrín, intentó incluir dos nuevas evidencias.
Primero, el informe del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el caso Arroz Verde que descartó una doble contabilidad en las campañas de Alianza PAIS.
Así como los testimonios de los consejeros electorales que aprobaron el informe: Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero.
También pidió la inclusión de un CD que supuestamente contenía el archivo original del caso Sobornos, que nació de un espionaje ilegal de la Senain, según la versión correísta.
Los jueces negaron ambos pedidos.
Alexis Mera, exsecretario jurídico de la presidencia, pidió incluir el testimonio que José Conceição Santos, exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, rindió en el caso Odebrecht.
Según la defensa de Mera, en ese caso Santos ya acusó a Mera de haber recibido dineros ilícitos y, tras las investigaciones, Mera no fue acusado ni sentenciado.
Los jueces también lo negaron.
Diferentes lecturas
Acusación
La fiscal Diana Salazar ha asegurado que el juicio se ha acortado porque la teoría de su caso se ha demostrado rápidamente.
La teoría de la Fiscalía es la existencia de una red de cobros de sobornos que funcionó de forma paralela a la presidencia de Rafael Correa. Las coimas eran exigidas a empresarios para financiar actividades proselitistas de Alianza PAIS, a cambio de contratos con el Estado.
Incluso, la institución ha tomado las versiones de los propios procesados para fortalecer su tesis:
- Pedro Verduga reveló que la cúpula del gobierno le pidió USD 1 millón por la asignación del Multipropósito Chone.
- Christian Viteri aceptó que el dinero de los sobornos ingresó a la campaña de Viviana Bonilla y que sí existió una estructura delictiva.
- Pamela Martínez y Laura Terán confesaron que manejaron la red de sobornos.
- Viviana Bonilla indicó que no sabía de dónde llegaron los fondos para su campaña.
Defensa
Los 10 empresarios involucrados han dirigido su defensa a demostrar que no existe cohecho. Es decir, la exigencia de un pago a cambio de la adjudicación de un contrato.
Los abogados defensores de los procesados aseguran que las fechas no cuadran para demostrar el supuesto cohecho por contratos. Según ello, los contratos que ha mostrado la Fiscalía fueron firmados antes del período 2012-2016.
Y que en ese lapso lo que suscribieron fueron convenios de pago y contratos complementarios, que según la ley debían ser adjudicados obligatoriamente a sus empresas como ejecutoras del contrato inicial.
Los exfuncionarios, en cambio, se dividen en dos grupos. Primero, Pamela Martínez, exasesora de Correa; y Laura Terán, su exasistente; quienes aceptaron el delito y están colaborando con la Fiscalía.
Luego están los nueve exfuncionarios cercanos al correísmo. Aunque todavía no han presentado sus pruebas el exvicepresidente Jorge Glas y el exasesor Yamil Massuh, los demás han dejado clara la intención de este grupo.
Los procesados dejaron de negar el delito o de asegurar que no había pruebas. Con sus alegatos de apertura y sus evidencias, los abogados que los representan intentaron deslegitimar los testimonios de Martínez y Terán, así como el peritaje que dio cuenta de una estructura criminal.
Incluso, Correa aceptó la existencia de los archivos verdes. Pero aseguró que fueron obtenidos de manera ilegal a través de espionaje.
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