Entre procesos largamente diferidos, sentencias mínimas y condenas reducidas, los escándalos de corrupción siguen generando polémicas. Además, las mismas instituciones involucradas en los procesos judiciales se reclaman entre sí.
En cualquier proceso judicial, las apelaciones e impugnaciones son derecho tanto de los procesados como de los acusadores. Sin embargo, en el país, el descontento por las sentencias en los casos de corrupción ha ocasionado roces entre la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces.
El problema se ejemplifica en dos sentencias recientes: contra la ex vicepresidenta María Alejandra Vicuña por concusión y contra dos jueces de Pastaza por cohecho.
La Fiscalía decidió apelar la condena de un año de prisión para Vicuña, en lugar de cuatro. Y también la pena de un año para el juez Aurelio Quito y la declaración de inocencia del juez Bolívar Torres.
Según la Fiscalía, las decisiones judiciales en ambos casos “no se compadecen con el bien jurídico tutelado por la norma penal ni evidencian una lucha frontal contra la corrupción”.
María Alejandra Vicuña durante la lectura de la sentencia en la Corte Nacional API
La Procuraduría General del Estado también hizo una advertencia, cuando Vicuña anunció que pediría la suspensión condicional de la pena, es decir, cumplir la pena en libertad condicional. Aunque la petición fue negada, la exvicepresidenta insistió en que la apelará.
La Procuraduría recordó a los jueces que entre los fines de la pena establecida en el Código Integral Penal “se encuentra el de la prevención general, misma que se refiere tanto al restablecimiento de la confianza en el Derecho, como a la contención de los sujetos para impedir que se sigan cometiendo estos actos“.
Estos no son los únicos casos que provocan inconformidad con la decisión de los jueces. Previamente la Fiscalía ha hecho varios pedidos de ampliación y aclaración de sentencias.
Sucedió, por ejemplo, en el caso del exvicepresidente Jorge Glas. La Fiscalía pidió que la sentencia detalle cuánto debía cancelar cada uno de los sentenciados por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Y que declare como propiedad del Estado los USD 2,5 millones que fueron entregados por el empresario Tomislav Topic al Servicio de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar).
La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, sobre la nueva conformación del organismo, el 21 de noviembre de 2019. Cristina Vega / API
Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia no está de acuerdo con las quejas de la Fiscalía. La presidenta del organismo, Paulina Aguirre, sostienen que disentir de las decisiones judiciales es un derecho de las partes.
Además, la Corte recordó el principio de independencia de las funciones del Estado, que materializa la lucha contra la corrupción, “persiguiendo únicamente la justicia”.
Otros casos de corrupción
Entre los pocos casos de corrupción que han obtenido sentencia las críticas son generalmente las mismas, la rigurosidad de las penas, la reducción de condenas o las medidas que permiten que los sentenciados salgan antes de prisión.
Por ejemplo, Jorge Glas está por cumplir el 60% de su pena y planea acogerse al régimen de prelibertad. Sin embargo, junto con su tío Ricardo Rivera, debería pagar USD 16 millones de reparación al Estado, por un perjuicio que se calcula en USD 50 millones.
La pena de Vicuña, atenuada de cuatro años a uno solo, incluye el pago de una reparación por USD 173.000. Carlos Pareja Yanuzelli, que cumple varias sentencias, debe una reparación compartida de USD 4,8 millones.
Entre las distintas investigaciones fiscales y procesos judiciales por casos de corrupción, otros de los problemas son las dilataciones intencionales de los procesos y las fugas de los sospechosos.
Hay casos como el ‘Sobornos 2012-2016’, en el que los acusados, entre ellos Rafael Correa, Vinicio Alvarado y Jorge Glas, presentan recurso tras recurso lo que impide que el proceso avance y se dicte sentencia.
Otro ejemplo es el caso del exministro de Deportes, Raúl Carrión, con cinco sentencias que no han sido ejecutadas debido a los recursos interpuestos por la defensa.
En los casos de fuga está el excontralor Carlos Pólit, quien fue condenado a una pena de prisión de seis años por concusión y a pagar una reparación al Estado de USD 40,4 millones, junto con su hijo. Sin embargo, el exfuncionario está radicado en Miami.
A este se suman varios procesos en curso, en contra de exfuncionarios del Gobierno de Correa que huyeron del país, como Carlos Ochoa, Ramiro González, los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado, Patricio Rivera, entre otros. El mismo exmandatario, que salió del país antes de ser acusado de presunto cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita.
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