Cuando la fiscalización no es al poder, sino al ciudadano

El método es sofisticado. No se trata de una prohibición expresa o de una quema de archivos, como se ha visto en los episodios más oscuros de la historia, sino de burocratizar la curiosidad.

Tras una oportuna caída de la página web que duró varios días la semana pasada, el portal de la Contraloría General del Estado regresó con una traba institucional para quienes quieren consultar información pública, como es la declaración patrimonial de candidatos y funcionarios del Estado.

El sistema exige ahora un registro obligatorio con cédula y, por cualquier duda, imprime el número y los nombres completos como marca de agua en el documento requerido, como para que quede constancia de quién lo pidió.

La primera duda es para qué necesita tener esa información la Contraloría. No lo sabemos, pero lo sospechamos. Al conocer con claridad qué periodista o ciudadano está solicitando información y sobre quién la balanza cambia de lado: ya no son los funcionarios poderosos quienes están sujetos al escrutinio de los periodistas y ciudadanos. Ahora, los ciudadanos y periodistas deben rendirle cuentas a sus gobernantes, a aquellos que con la fuerza del Estado, pueden perseguir, amedrentar y anularlos.

Casos ya se han visto. El TCE contra los Yasunidos, por citar el más reciente.

¿Para qué quiere el poder una lista con los nombres de quienes se atreven a vigilarlo? La respuesta no está en la seguridad digital, sino en la construcción de un mapa de "sospechosos".

Al obligar al registro, la Contraloría de Mauricio Torres no está protegiendo datos —sobran ejemplos de que el estado es por lo menos indelicado en esa tarea—; está recolectando información sobre los ciudadanos.

En un Estado que ya ha dado muestras de hostilidad hacia la prensa y las voces críticas, saber quién está mirando a quién permite al poder anticiparse, asfixiar y silenciar antes de que la información se convierta en titular y ponga en riesgo las intenciones, deseos y aspiraciones de quienes deben ser vigilados.

Es la fiscalización con GPS: un sistema de alerta temprana que le avisa al funcionario que alguien ha empezado a hurgar en sus cuentas.

Este registro previo genera otro efecto inhibitorio devastador para la democracia. El mensaje es nítido: si usted quiere investigar, su identidad será la moneda de cambio.

Esta aduana digital no es un hecho aislado, sino parte de un cerco a la información que se extiende a otras instituciones. La Superintendencia de Compañías, por ejemplo, ha pasado de ser una fuente abierta a un laberinto de errores de sistema que dificultan el acceso. Más que mera incompetencia, parece una estrategia de asfixia informativa coordinada para que los periodistas y ciudadanos perdamos el rastro de quiénes son y qué hacen aquellos que nos gobiernan.

A esta opacidad tecnológica se suma un ejercicio discrecional del control que raya en lo ridículo. Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha denunciado cómo el sistema permite que funcionarios declaren casas por 140 dólares o vehículos por 45 dólares sin que salte ninguna alarma. Mientras la Contraloría se pone minuciosa para registrar quién consulta, es insultantemente laxa con lo que se declara. Varios periodistas también han denunciado que, aun superando las trabas de registro, la información que reciben está mutilada o incompleta.

¿Pero quién pone los cerrojos?

Mauricio Torres, el Contralor General.

Quien hoy exige el número de cédula para transparentar el patrimonio de los funcionarios públicos, es el mismo que ha demostrado una piel finísima ante la crítica: denunció por calumnia a la activista Mónika Silva —denunciante de hechos gravísimos relacionados al tráfico de tierras en Santa Elena— por decir públicamente que presentó una solicitud de fiscalización a la Asamblea Nacional “por la presunta red de nepotismo y tráfico de influencias en instituciones como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, el Consejo Electoral y el Consejo de la Judicatura, donde hemos detectado una gran red de familiares, primos de su esposa, su esposa, hermana, amigos, amigas”.

Silva pidió además formalmente a la Asamblea Nacional que fiscalice. Acudió a tres legisladores de la bancada oficialista de ADN —Niels Olsen, su presidente; Diana Jácome y Ferdinand Álvarez, presidentes de las comisiones de Transparencia y Fiscalización, respectivamente—, buscando una respuesta que nunca llegó.

Ese silencio es el complemento perfecto para el blindaje administrativo: mientras la Contraloría ficha a periodistas y ciudadanos, los fiscalizadores por obligación —pagados con fondos públicos para hacerlo— miran hacia otro lado.

¿Cómo no ver que así se configura un sistema de protección mutua?

Además, bajo el mando de Torres, la Contraloría parece haber perfeccionado una doble vara. Por un lado, la institución despliega una agilidad sospechosa para investigar —¿y filtrar?— informes contra figuras que incomodan al Ejecutivo, como el juez constitucional Alí Lozada, por fondos que el magistrado asegura haber declarado. Por el otro, parece laxa con funcionarios que actúan como aliados del Ejecutivo.

¿Dónde está la diligencia de Torres para investigar cómo Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, logró aumentar su patrimonio en un millón de dólares en apenas un año de función pública?

Esa parece ser la doble utilidad del bloqueo informativo: mapear a quienes osan buscar información pública y proteger a rajatabla a quienes deben rendir cuentas.

Esto nos demuestra que seguimos presenciando la consolidación de una estructura profundamente antidemocrática: un Estado que ha invertido los roles, donde el funcionario ya no rinde cuentas, sino que las exige por el flanco más débil, los periodistas y la sociedad civil.