Columnista invitada
Los niños asesinos: la mercancía más barata del crimen organizado
Experta en prevención de crimen organizado. Docente de la UG, con más de 5 años de expertise en prevención de crimen organizado y lavado de activos. Licenciada en Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Máster en Seguridad.
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Los niños sicarios, es decir, menores que cometen homicidios por encargo, son una realidad que incomoda en Ecuador. El discurso predominante sostiene que un régimen penal más ligero para los adolescentes incentiva a las organizaciones criminales a reclutarlos como gatilleros. Sin embargo, la realidad es otra: a los grupos de delincuencia organizada les resulta indiferente si esos jóvenes enfrentan una pena de prisión prolongada o si mueren en su primera misión. El reclutamiento se debe menos a la pobreza y más a las disfuncionalidades familiares.
Los servicios de sicariato dentro del submundo criminal varían según el perfil del objetivo. Cuanto mayor es su nivel de relevancia o notoriedad, mayor es el pago y, por lo general, también la experiencia criminal que se exige al gatillero. En el caso de los menores de edad, suelen recibir los pagos más bajos debido a su limitada experiencia. La mayoría muere en un plazo promedio de seis meses, aunque en la actualidad proliferan escuelas de sicarios para niños, que terminan desplazando la escolaridad.
En un caso notorio en el Reino Unido, un adolescente de 15 años fue reclutado por un adulto de una pandilla para cometer un asesinato. El menor recibió apenas 200 libras esterlinas (USD 267), mientras que quienes facilitaron el crimen se quedaron con el resto del pago, según The Guardian. En Ecuador se observa un fenómeno similar: los llamados "niños sicarios" suelen recibir entre USD 170 y 420 por cada asesinato, mientras que la mayor parte del dinero queda en manos de la organización delictiva y de los facilitadores, considerando que el costo de un sicariato contra un objetivo de bajo perfil suele oscilar entre USD 2.500 y 15.000.
Los grupos de delincuencia organizada consideran a los "niños sicarios" como mano de obra desechable. Su trayectoria criminal suele comenzar como informantes para organizaciones dedicadas al narcotráfico. Una vez que demuestran lealtad, son promovidos a funciones de reclutamiento. Posteriormente, participan como apoyo en los asesinatos por encargo hasta convertirse en sicarios.
Este fenómeno ha cobrado mayor visibilidad en Ecuador tras el asesinato de alias Cachete en el aeropuerto de Guayaquil y el homicidio de Santiago Ávalos Páez, gerente financiero de la UDLA. En ambos casos, los presuntos autores materiales fueron menores de edad vinculados a organizaciones criminales. Sin embargo, este no es un fenómeno nuevo dentro del crimen organizado. El reclutamiento de menores comenzó a consolidarse en Colombia durante la década de 1980 con la figura de los niños soldados. Hoy resulta más visible por el impacto y la difusión que generan las redes sociales.
Por otro lado, Europa también enfrenta un aumento en la participación de menores en homicidios. En Suecia, el número de menores de 15 años sospechosos de asesinato, complicidad en un asesinato o tentativa de asesinato fue de 93 durante los primeros seis meses de 2024. Como respuesta, el gobierno prepara un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 14 años. Sin embargo, este endurecimiento de las sanciones difícilmente representará un costo lo suficientemente alto como para disuadir a las organizaciones criminales de seguir reclutando menores. En Italia, dos de los casos más notorios son los de Matteo Messina Denaro, quien cometió su primer asesinato a los 14 años antes de convertirse en uno de los principales líderes de la Cosa Nostra, y Emanuele Mancuso, quien se involucró desde joven con la 'Ndrangheta.
Lo preocupante de este fenómeno es que la respuesta del sistema de justicia sigue concentrándose en perseguir a los actores de menor nivel dentro de las organizaciones criminales. En el caso de Santiago Ávalos Páez, presuntamente asesinado por Carlos E., un adolescente de 17 años, los implicados están siendo procesados únicamente por el delito de asesinato, pese a los evidentes vínculos con Los Lobos. Quienes financiaron el homicidio no solo ordenaron el crimen, sino que también contribuyeron al financiamiento ilícito de una organización delictiva. La sanción para estos facilitadores del crimen organizado debería ser incluso más severa que la impuesta a los autores materiales.
Una forma de desacelerar este fenómeno sería elevar el costo de recurrir a las organizaciones criminales para aquellos ciudadanos aparentemente respetables que tienen mucho más que perder que los ejecutores del crimen. Al fin y al cabo, si una parte de la sociedad ecuatoriana paga por los servicios de las organizaciones criminales, ¿no está contribuyendo también a normalizar su existencia y fortalecer su modelo de negocio?